La Asamblea de Vivienda de Villalba denuncia que el Ayuntamiento gasta 1,7 millones en seguridad y muy poco en servicios sociales
La Asamblea de Vivienda de Villalba ha puesto en marcha una campaña en la que denuncian que «mientras la Corporación municipal se gasta 1,6 millones de euros en medidas de vigilancia policial, las villalbinas sufren cada vez más para pagarse un techo y no tienen acceso a unos Servicios Sociales adecuados».
Estos mensajes, que se están difundiendo tanto a través de las redes sociales como en las marquesinas de los autobuses del Zoco, inciden en que el Ayuntamiento villalbino «recrudece sus políticas de securitización, que incluyen un millón de euros en cámaras por todo el municipio, sin que sean eficaces. El Ayuntamiento estigmatiza, vigila y reprime al pobre, mientras elude sus responsabilidades sociales».
«Desde hace años, el Ayuntamiento de Collado Villalba lleva practicando una política de odio al pobre. Durante este curso, ha ejecutado macro-desahucios de dudosa legalidad: Trinidad 19, Real 13-15 y el Hostal La Florida, y se ha lavado las manos cuando Montse, desahuciada por ellos mismos meses antes, murió después de haber estado viviendo en la calle. Esto ocurre en un contexto de una pobre inversión social», dicen desde el colectivo.
1,7 millones en seguridad
Según detalla la Asamblea de Vivienda de Villalba, «la administración de Mariola Vargas ha gastado 1,7 millones de euros en represión en los últimos siete meses: el medio millón de euros como “plus de productividad” para incentivar sanciones a ciudadanos para la Policía Local en noviembre 2025; las cámaras de vigilancia licitadas por valor de casi un millón de euros en diciembre 2025; 42.300 euros de subvención de la CAM y cinco coches seminuevos cedidos por el Ayuntamiento de Madrid en marzo 2026, y 154.000 euros en armas, drones y tásers en abril de 2026″
«La dispersión y opacidad de los datos hace que no sea posible establecer una cuantía exacta ni asegurar que no existan más inversiones, por ejemplo conocer el precio de los macrodispositivos policiales para efectuar los desahucios mencionados anteriormente. Las cámaras, muchas de ellas equipadas con inteligencia artificial, recogen “metadatos humanos” (apariencia, ropa, mochilas…) y son una invasión total de la intimidad y privacidad», lamenta el colectivo. «La proporción de 26 cámaras por cada 10.000 habitantes en Collado Villalba lo convierte en el municipio más vigilado de la Comunidad de Madrid».
Respuesta de la alcaldesa
En este sentido, la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha reconocido que «jamás pensé que diría lo que voy a decir. La plataforma de la vivienda, esos de la mafia que ocupan a la gente, que hacen ocupar a la gente para extorsionarlos y sacarles dinero, por primera vez dicen la verdad. Mariola os está vigilando. Fuera ocupas de Collado Villalba, fuera delincuentes de Collado Villalba».
La regidora ha añadido que «cámaras de vigilancia, sí, las que hay y 300.000 euros más en inversión para perseguir a todos los delincuentes, porque queremos que os vayáis de nuestro municipio, ya sea con la Policía Local, con la Guardia Civil, con Protección Civil o con nosotros mismos los vecinos, porque no queremos ni ocupas ni delincuentes en Collado Villalba. Fuera delincuentes de Collado Villalba», ha zanjado.
39,33 euros al año por habitante
Además, la Asamblea de Vivienda denuncia una vez más que «Collado Villalba es uno de los municipios con menor inversión en Servicios Sociales de toda España: 39,33euros/año y habitante».
«Su represión no nos amedrenta, y nos apoyamos mutuamente para hacerla frente y seguir luchando por garantizar todos nuestros derechos, sociales y políticos», subrayan.
«Entendemos que la vigilancia, estigmatización y criminalización de las personas pobres tiene un objetivo claro. La política de odio al pobre, muy grave en Collado Villalba, representa una tendencia general en el Estado: se inculca un miedo generalizado a las vecinas que no tienen recursos (“el okupa”, “el inmigrante”, “el drogadicto” etc.), deshumanizándoles hasta el punto de convertirles en personas prescindibles como vimos en el caso de Montse», critican.
«La Corporación local pretende desviar la atención de su raquítica inversión social y actitudes déspotas (Servicios Sociales, escuelas infantiles, obras públicas, conflictos laborales del funcionariado, conexión municipal de luz ilegal…) a unas cabezas de turco. La inseguridad de la que tanto habla el Consistorio se genera por vivir cada vez en una ciudad más y más hostil donde cada vez es más y más difícil llegar a fin de mes. Si criminalizan, castigan y matan al pobre, ¿dónde están las medidas para reducir la pobreza?», se pregunta este colectivo.
Su política de seguridad: un fiasco
Sin embargo, la Asamblea de Vivienda de Villalba concluye que esta inversión «ha sido un fiasco: no sólo no ha reducido el índice de criminalidad, sino que éste ha crecido un 21,4 por ciento. En las últimas semanas, no son pocas las noticias publicadas relacionadas con peleas violentas, redadas antidroga y robos» y ponen el foco en el nuevo concejal de Seguridad, Joel Dalda, quien «echa la culpa de esto a Pedro Sánchez y a la población migrante – ahora, claro está, que no puede echar la culpa a las vecinas de Real 13-15–».
«Enmascarar el origen político de estas realidades es una demagogia mezquina que va a seguir exacerbando el problema. Es por eso que, desde todos los niveles administrativos, se deben implementar políticas sociales para eliminar la pobreza. La minoría peligrosa es la clase política y capitalista que quiere enriquecerse a costa del sufrimiento de la clase trabajadora», finaliza el comunicado de la Asamblea.
