La aprobación de un complemento de productividad de medio millón de euros para la Policía Local de Collado Villalba desata la polémica

La aprobación (con los votos de PP y Vox) del acuerdo del Régimen de Productividad de la Policía Local de Collado Villalba en el Pleno ordinario de noviembre ha levantado una nueva polémica con este cuerpo. Durante la sesión plenaria, el edil de Hacienda y Personal, Miguel Aisa, señaló que estos 500.000 euros al año que recibirán los agentes en concepto de incentivo «pueden traducirse en mayor número de sanciones, pero eso no significa que eso sea malo ni es una actividad persecutoria, lo que se está pidiendo que haya más presencia policial y haya más trabajo efectivo, con lo cual al final es normal que aumenten las sanciones». 

 

Por su parte la alcaldesa, Mariola Vargas, ha matizado estas declaraciones asegurando que este complemento de productividad «es una herramienta que se utiliza en muchísimas administraciones públicas, en otros ayuntamientos, que nos permite aumentar la eficiencia en el trabajo de la Policía Local. Yo, en Sanidad, he trabajado mucho con complementos de productividad y dependían también un poco de las demandas de salud de la población».

Así, a través de objetivos que marca el equipo de Gobierno o el jefe de Policía Local, y que varían según las necesidades que la población vaya demandando en función de la época del año (fiestas patronales, Navidad…), de la conflictividad de un barrio o zona del municipio o del exceso puntual de tráfico, actuarán los efectivos policiales. 

Esta concreción en los objetivos implica que en muchas ocasiones solo los miembros de una unidad específica puedan cobrar el complemento de productividad, «y quien no participe, no. Tenemos unidades especializadas dentro de la Policía (Unidad Canina, Unidad de Menores, de delitos contra la mujer, etc.), que muchos no han entendido, y que ahora cobran todo el sentido», ha aclarado Vargas.

La alcaldesa ha reconocido que el pago de este complemento de productividad se está estudiando hacerlo extensivo a los empleados de otros departamentos del Ayuntamiento. En concreto, el Consistorio cuenta con alrededor de 500 trabajadores de los que un centenar son policías.

No hay afán recaudatorio

«El afán nunca es recaudatorio. Es más, para que se quite esta idea de la cabeza de la gente, vamos a avisar de los objetivos. Por ejemplo, ahora que es Navidad, ¿en qué nos vamos a ocupar? En el alcohol, en evitarlo al volante. Es una época en la que la gente va a comidas y cenas de empresa y coge el coche con una copa de vino. Recordamos, cero alcohol al volante. Y en inspecciones en aquellos establecimientos que venden alcohol, para comprobar que sea correcto el uso de sus licencias y la venta a mayores de edad. Con esto conseguimos prevención, sobre todo enfocada a los menores, y muchísima más seguridad», ha aclarado la regidora.

En este sentido se pronunciaba en el Pleno el portavoz del Partido Socialista, Andrés Villa, quien alertaba de que hay que tener cuidado con «la definición de objetivos de sanción porque lo que no queremos precisamente es que sea el vecino el que acabe asumiendo la carga de esos objetivos y evitar que haya un incremento de estas sanciones que esté directamente ligado con la fijación de estos objetivos».

¿De dónde salen esos 500.000 euros al año?

Según ha explicado la alcaldesa, esos 500.000 euros ya están dedicados a la Policía Local, «pero hasta ahora se pagaban de otra forma, en una especie de complemento que llamaban GLS, que era algo más lineal y no recogía objetivos específicos. Nos pareció muchísimo más adecuado y más eficiente para la población hacerlo de esta manera».

Unos pagos que fueron invalidados por una sentencia que se conocía el pasado mes de junio en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sentencia Suplicación desestimatoria) señalaba que los pagos que el Consistorio llevaba abonando a la Policía Local en concepto de compensar los días festivos que perdían en los turnos rotatorios de algunos agentes (se les dio a elegir entre días libres o el pago de esas horas) desde el año 2022 son indebidos.

Aunque la alcaldesa, Mariola Vargas, reconoció entonces que estos abonos «son incorrectos» y se iban a dejar de realizar, no se determinó si las cantidades, que en algunos casos superan los 10.000 euros por agente, fueran devueltas.

Estos abonos estaban recogidos en el artículo 25 del Convenio Colectivo del personal laboral de 2019 y afectaban mayoritariamente al personal del área de Deportes. La extensión de estos pagos a los efectivos policiales provocó la denuncia de UGT y la sentencia favorable para el sindicato que obligaba al Consistorio a pagar al personal laboral la compensación que negoció con la Policía en 2022, sentencia que fue recurrida por el Ayuntamiento hace un año.