Un detenido y más de cien personas desalojadas del edificio ocupado de la calle Real 13-15 de Collado Villalba

Un amplio dispositivo de la Policía Local de Collado Villalba, apoyado por medio centenar de agentes de la Guardia Civil, USECIC (el cuerpo de antidisturbios de la Benemérita), ha ejecutado el desalojo de más de un centenar de personas del edificio ocupado de la calle Real 13-15, propiedad de la SAREB. La operación, que se ha puesto en marcha a las 6 de la mañana y a estas horas continúa activa, se ha saldado por el momento con la detención de uno de los ocupantes de las 60 viviendas, donde viven 43 familias desde diciembre de 2020.

A la llegada de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en el inmueble permanecían muchos de los vecinos, incluido un menor (el resto de niños han pasado la noche en otros alojamientos y han acudido esta mañana a los centros educativos donde están escolarizados en el municipio), así como varias personas de avanzada edad, entre ellas una mujer con una patología cardiaca y problemas de movilidad que ha sido atendida tras su desalojo. 

Según la alcaldesa, Mariola Vargas, muchas familias habían abandonado el inmueble y esta mañana tan solo permanecían en su interior medio centenar de vecinos, «en su mayoría delincuentes multirreincidentes, según Guardia Civil». «Se ha procedido al desalojo de más de medio centenar de personas que quedaban dentro, han sido filiados todos ellos, todos adultos, la mayoría varones, sin ningún signo de vulnerabilidad aparente y dicho decreto se dictó hace un tiempo, pero hemos dado un tiempo prudente a la propiedad, a la SAREB, porque nos dijo que había detectado personas, familias vulnerables y les había procurado una vivienda».

«Lo dije hace mucho tiempo, fuera ocupas de Collado Villalba, fuera delincuentes de Collado Villalba y hoy, gracias al trabajo de todos es una realidad. Hoy, Collado Villalba es muchísimo mejor la Capital de la Sierra en todos los sentidos», ha enfatizado la alcaldesa.

Para acceder al edificio por la calle Real, un operario ha abierto la puerta sellada con ayuda de una radial y posteriormente una grúa ha retirado la puerta, mientras que en la parte trasera del bloque, en la calle Morales Antuñano, una excavadora ha abierto un hueco en la pared. Además, se ha cortado al tráfico la calle Real en la equina con la calle Asturias hasta las inmediaciones de la estación de tren, así como en la calle Morales Antuñano, desde la ermita de Santiago Apóstol hasta la plaza Príncipe de España.

Fuentes policiales han asegurado que al entrar al patio interior, algunos de los vecinos les han lazado adoquines e incluso una olla exprés, pero no se han registrado heridos. 

Sin notificación oficial

Decenas de viandantes se han congregado en los alrededores, así como varios miembros de la Asamblea de Vivienda de Villalba, cuyo abogado, José Manuel Barroso, ha asegurado que los afectados no han recibido ninguna notificación oficial por parte del Ayuntamiento. «Ninguna de las vecinas fue notificada oficialmente del desalojo, impidiendo así el acceso a la resolución administrativa que ha amparado esta decisión y con ello la posibilidad de recurrir esta decisión», subrayan desde la AVV. 

Ayer, miércoles, fuentes del Ayuntamiento confirmaron a la AVV de manera extraoficial que iba a realizarse este desalojo. Además, en el exterior de la calle pudieron comprobar «varias señales como la prohibición de la Policía Local de aparcar en la puerta y en la calle paralela, Morales Antuñano, alegando motivos de obras municipales y agentes de la USECIC estuvieron toda la tarde rondando la zona. Por ello, la AVV y las vecinas organizaron un dispositivo de resistencia, con presencia en la calle a temperaturas bajo cero durante toda la madrugada», han explicado desde la Asamblea de Vivienda de Villalba.

«Desde las 6:30 de la mañana -aunque el hostigamiento policial comenzó a las 2:30 de la madrugada- un dispositivo de unos 40 guardias civiles y 35 policías locales militarizaron la zona, acordonando la calle, cortando el paso y haciendo uso incluso de un dron para vigilar a las compañeras que estaban en la calle y al patio interior del bloque. La Guardia Civil se negó a negociar con las vecinas y la SAREB se ha desentendido totalmente de esas 100 personas con las que están en negociación, incluyendo las que tienen ya compromisos de reubicación firmados por la propia SAREB. A las 8:15 la Guardia Civil y la Policía han entrado en el edificio, con un dispositivo extremadamente violento que ha terminado por ahora con un vecino detenido», continúan relatando desde este colectivo.

«Toda la violencia del Estado a disposición de los intereses económicos de unos pocos y de las políticas de muerte contra las personas pobres y las migrantes, como hemos visto con el chantaje de la Guardia Civil al negarse a dejar entrar a personal sanitario a atender a una mujer enferma de 68 años a menos que todas las vecinas salieran del edificio», añadían.

Sin solución desde Servicios Sociales

Fuentes municipales han asegurado que desde las 8 de la mañana se había habilitado un servicio especial desde la Concejalía de Servicios Sociales, cuya sede está a escasos 20 metros del edificio de la calle Real 13-15 para atender a los afectados, algunos de los cuales se han desplazado hasta estas dependencias municipales para solicitar información. 

«Las vecinas se quedan en la calle, sin casa, sin sus pertenencias y sin otro sitio al que ir, ya que no hay programa de alojamiento en los Servicios Sociales de Villalba, como en otros desalojos similares. Tenemos que recordar que el último desalojo cautelar ejecutado por el Ayuntamiento de Villalba, en la calle Trinidad 19, se saldó tres meses después con la muerte en la calle de Montse, una de sus vecinas. Además, la cantidad de personas que implica este desahucio, el hecho de que el 13-15 era el bloque más grande okupado a SAREB en el Estado y que las vecinas estaban en negociación abierta con la propiedad, hacen que este desalojo tenga pocos precedentes», relataban desde la Asamblea de Vivienda.

Decreto firmado por la alcaldesa

La alcaldesa, Mariola Vargas, firmó la semana pasada un decreto dando vía libre a esta acción, a pesar de que es la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) la propietaria del inmueble, a la que comunicó esta decisión. 

En una nota, el Consistorio asegura que el desalojo «responde exclusivamente a criterios técnicos, de seguridad y de salubridad, y se ha realizado tras constatarse que el inmueble no reunía las condiciones mínimas exigibles para su uso como vivienda. Los informes técnicos municipales acreditan de forma concluyente la existencia de deficiencias estructurales, así como graves carencias en materia de seguridad y condiciones higiénico-sanitarias, incompatibles con la permanencia de personas en el interior del edificio y que suponían un riesgo real para la integridad física y la salud de sus ocupantes».

Según la regidora, se ha tenido también en cuenta «un informe de Bomberos en el que nos decían que la situación era francamente insegura y en el caso de ocurrir otro incendio pues podía haber incluso muertos».

«Ante esta situación, y actuando con responsabilidad y proporcionalidad, el Ayuntamiento instó a la propiedad del inmueble a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación, concediéndole un plazo prudencial con el objetivo de que pudiera ofrecer alternativas habitacionales, especialmente para aquellas personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad que se encontraban en el edificio».

«El Ayuntamiento de Collado Villalba reitera que su actuación se ha desarrollado con pleno respeto a la legalidad vigente, siguiendo criterios técnicos objetivos», subrayan fuentes municipales.

Inicio del expediente tras un incendio en octubre

El expediente elaborado por el Ayuntamiento de Collado Villalba se inició a finales del pasado mes de octubre tras producirse el día 26 de ese mes un incendio donde interviene la Policía Local. Cuatro días después, el arquitecto municipal accede al edificio para comprobar el estado en el que se encuentra el mismo y el 13 de noviembre, en un informe técnico suscrito por dicho arquitecto municipal, se concluye que el edificio carece de licencia de primera ocupación, y se traslada al propietario del inmueble, la SAREB, regularizar una serie de actuaciones con el fin de garantizar la seguridad en el edificio y adecuarlo a la normativa vigente.

Con fecha 14 de noviembre se emite informe técnico por el Área de Sanidad, donde se detalla la situación del inmueble con una serie de deficiencias higiénico-sanitarias y de seguridad: “Las condiciones higiénico-sanitarias en las zonas inspeccionadas son deficientes, por lo que dichas zonas en concreto no reúnen los requisitos mínimos de salubridad”, señalan desde el Consistorio.

Recurso para que se les restituyan las viviendas

La AVV ha presentado esta mañana un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de desalojar este bloque de la calle Real, solicitando que cautelarmente se les restituyan a los vecinos las viviendas. El juez debe pronunciarse en 48 horas.

«No es la primera vez que presentamos un recurso similar, ya sucedió en la Casa de Los Maestros (en la calle Alpedrete) en 2023. Entonces nuestra petición fue estimada e impedimos que el bloque volviera a estar deshabitado. En cuanto tengamos acceso a alguna documentación, que hasta ahora se le ha negado a los vecinos, valoraremos iniciar acciones penales contra los responsables de esta decisión y de su ejecución. Es posible que estemos nuevamente ante un delito de prevaricación administrativa. La alcaldesa niega su responsabilidad pasándole la pelota a SAREB. Esto obviamente es mentira porque SAREB no tiene la potestad para desalojar, sólo el Juzgado o el Ayuntamiento (con autorización del Juzgado)».

Fotografías: Aquí en la Sierra