Sobreseída la denuncia de la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, contra su ex socio de Ciudadanos, Bernardo Arroyo al que acusaba de prevaricación
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Collado Villalba ha sobreseído la denuncia de la alcadesa, Mariola Vargas, y el Ayuntamiento de la localidad contra el que fuera primer teniente de alcalde y portavoz del Ejecutivo local, Bernardo Arroyo (Ciudadanos) y otros miembros del tribunal opositor seleccionado para el procedimiento mediante concurso de oposición libre de una plaza de Técnico de Administración General, TAG, grupo A-1; a los que acusaron de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios.
El Tribunal concluye que «la denuncia está repleta, plagada de meras especulaciones que adolecen de la debida rigurosidad». Sentencia
Arroyo fue apartado de todas sus competencias y denunciado por la propia regidora a principios del mes de febrero junto al exdirector de Recursos Humanos, Francisco Santandreu (cargo de confianza de la formación naranja cesado el pasado 19 de enero) por un supuesto trato de favor para una plaza de técnico/a de la Administración General del Ayuntamiento de Collado Villalba, a cubrir por el sistema de oposición libre.
Esto provocó que días después, el portavoz de Ciudadanos en Collado Villalba, Bernardo Arroyo, anunciase que su formación, con cuatro ediles, abandonaba el equipo de Gobierno liderado por la alcaldesa del PP, Mariola Vargas, cuyo comportamiento llegó a calificar como de «delincuente».
«Esto es una trama (…) para generar un escándalo artificial con el único objetivo de cargarse un proceso selectivo. Esto representa la forma de hacer política de Mariola Vargas, el enfrentamiento, la manipulación, la falta de transparencia y la absoluta falta de escrúpulos cuando se ve expuesta», ha dicho Arroyo. «Han demostrado que lo importa es su ombligo y satisfacer su red clientelar. Los recursos municipales no pueden quedar sujetos al servicio de los caprichos y conveniencias electorales de seis concejales [en referencia a los del PP]. No se puede permitir que se pulan el presupuesto para un año en cinco meses y el que venga, que arree».
Elucubraciones del Ayuntamiento
En su auto, el Juzgado de Instrucción de Collado Villalba califica la denuncia de Mariola Vargas como “meras elucubraciones del Ayuntamiento de Collado Villalba”.
El proceso de selección fue paralizado por Bernardo Arroyo en su labor de concejal de Personal mientras se abría una instrucción sobre el proceso. Los cinco miembros del tribunal eran Fernando González Botija, presidente y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; José María Ruiz López, interventor del Ayuntamiento de Madrid; Manuel Caballero de la Torre, letrado de la Administración de Justicia; Mario Salcedo Redondo, jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Majadahonda; y José Antonio Cano Nonvela, secretario del Ayuntamiento de Becerril. Todos concluyeron unánimente que «está probado que la secretaria, que no tiene ni voz ni voto (Beatriz López Soto, administrativa del Ayuntamiento de Collado Villalba) ha manipulado las actas. Lo que se recoge es falso. Se trata de unos borradores, ya que los miembros del tribunal no han dado su conformidad, no se les mandaron estas actas. Los cinco han presentado un escrito que indica que lo que dice la alcaldesa es mentira», señaló en febrero Arroyo.
A pesar de la composición del tribunal opositor, la denuncia solo se presenta contra Francisco Santandreu, Bernardo Arroyo algo que “llama la atención” del juez instructor. «O se dispensó por todo el tribunal o no se dispensó por nadie, lo que no cabe paso intermedio».
«En las oposiciones, hubo diez solicitudes en el proceso selectivo, de los que sólo tres se presentaron a los exámenes; ¿quién es responsable de que sólo diez personas presentaran una solicitud por no consultar un Boletín Oficial?, ¿quién es responsable de que sólo tres concurrieran al primer ejercicio?, ¿quién es responsable que sólo dos de las candidatas realizaran el segundo examen y que otra se retirase?», señala la sentencia.
Además, se subraya que ni Arroyo ni Santandreu participaron en ninguna deliberación ni voto. “No consta que ninguno de los dos influyera en ninguna de las candidatas”. Asimismo, “no existe beneficio porque a ninguna de las candidatas se le ha atribuido la plaza, como podemos observar que falta la tercera prueba; la cual es decisiva para la obtención de plaza y las notas entre dos candidatas, son muy parejas”.
En cuanto a la acusación de Vargas de que varios miembros habrían coincidido anteriormente en cursos y seminarios, el Juzgado contesta que es algo “normal” porque son profesores y catedráticos de derecho administrativo; “ello no puede atribuir un “complot” para beneficiar a alguien”.
Y añade que «como han dicho varios de los testigos, este tipo de oposiciones no tienen unas dietas atractivas, con lo que la designación del mismo tampoco responde a procurarle un beneficio». «No consta que ningún miembro del tribunal cobrase por los servicios prestados». «Con todos los respetos a la plaza de TAC del Ayuntamiento de Collado Villalba, ninguno de los denunciados, especialmente el tribunal calificador, se va a jugar su prestigio profesional por el desarrollo de unas oposiciones, donde no queda acreditado que se llevasen ningún beneficio económico».
» No se prueba ni ninguno de los testigos vio, supuesto favoritismo hacía ninguna de las candidatas», también apunta la sentencia. «Las alegaciones de las aspirantes se trata de meras especulaciones cuando no se acredita que las pruebas realizadas estuvieran manipuladas, tampoco que ninguna de las aspirantes supiese las pruebas a realizar». «Debemos de tener en cuenta que el proceso selectivo se ha paralizado, con lo que no ha existido ninguna designación de ninguna candidata».
