Ciudadanos abandona el equipo de Gobierno de Collado Villalba: «El comportamiento de la alcaldesa es de un delincuente»

El portavoz de Ciudadanos en Collado Villalba, Bernardo Arroyo, ha anunciado esta mañana que su formación, con cuatro ediles, abandona el equipo de Gobierno liderado por la alcaldesa del PP, Mariola Vargas, cuyo comportamiento ha calificado como de «delincuente». «Ya no les hablo como alcaldesa, que tenemos lo que tenemos mientras no decidamos otra cosa, pero señores del Partido Popular, no nos merecemos una candidata como esta, ¿es todo el talento que tienen que ofrecernos?«.

Arroyo fue apartado de todas sus competencias y denunciado por la propia regidora el pasado viernes por un presunto delito de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios, junto al exdirector de Recursos Humanos, Francisco Santandreu (cargo de confianza de la formación naranja cesado el pasado 19 de enero) por el procedimiento mediante concurso de oposición libre de una plaza de Técnico de Administración General, TAG, grupo A-1,  uno de los más remunerados en el Consistorio. Según Vargas, Santandreu habría influido en el tribunal que selecciona al nuevo letrado municipal.

«Nos vemos obligados a hacerlo tras los recientes acontecimientos, que constituyen una auténtica deslealtad del pacto de Gobierno y vienen a configurar lo que ha sido una burla constante a lo largo de esta legislatura una vez superada la pandemia. Paradigmático ha sido el aprovechamiento de las bajas médicas de los compañeros (Iván Pizarro y Pepe Colmenero) para centralizar competencias nuestras en manos de concejales del Partido Popular sin mediar palabra. Y ya el colmo ha sido mi cese por decreto sin motivación alguna», ha comenzado Arroyo su intervención, durante la que ha estado arropado por Araceli Gómez, candidata de C’s a la Asamblea de Madrid, y la portavoz de la formación y también candidata en Alpedrete, Ana Piñeiro, así como por el presidente y el vocal del tribunal, entre otros.

Red clientelar

«Esto es una trama (…) para generar un escándalo artificial con el único objetivo de cargarse un proceso selectivo. Esto representa la forma de hacer política de Mariola Vargas, el enfrentamiento, la manipulación, la falta de transparencia y la absoluta falta de escrúpulos cuando se ve expuesta», ha dicho Arroyo. «Han demostrado que lo importa es su ombligo y satisfacer su red clientelar. Los recursos municipales no pueden quedar sujetos al servicio de los caprichos y conveniencias electorales de seis concejales [en referencia a los del PP]. No se puede permitir que se pulan el presupuesto para un año en cinco meses y el que venga, que arree«.

«Sé de lo que venimos, de chanchullos y dedazos; y no son elucubraciones, son hechos probados por sentencia judicial firme», ha recordado Arroyo en relación a dos procesos para seleccionar personal que señalan procedimientos irregulares para acceder a las plazas públicas.

Falta de talento

«Si todo el talento que puede ofrecer el Partido Popular a sus votantes en nuestra ciudad es un perfil como el de Mariola Vargas, con escasos principios y valores democráticos, alérgica el principio de legalidad y regida solo por criterios de oportunidad, ello es buena prueba de que no andan tan sobrados del talento que pregonan», aseguró.

¿Moción de censura ahora?

En su intervención, Arroyo ha descartado la posibilidad de una moción de censura, asegurando que «este Gobierno continuará sin Ciudadanos, con todo lo que supone en cuanto al control y la sujeción, a ley y al servicio a los ciudadanos» y recordando que «una vez que salimos de la pandemia hemos estado muy condicionados en relación con determinadas situaciones de salud [la alcaldesa estuvo en la UCI en febrero del año pasado] que se ponían por delante para justificar todo tipo de cuestiones. Nosotros hemos manifestado infinidad de veces nuestra disconformidad con muchísimas cuestiones. En abril del año pasado yo ya estaba bastante casando de las formas de funcionar y me siento con el secretario general del PSOE, pero se quedó en una sesión, porque o no se percibió mi descontento con la situación o no era el momento».

«Si no tenemos alternativas, lo que tenemos que hacer es ejercer nuestras responsabilidades por nuestros vecinos; lo que no vamos a hacer es abandonar. El que ha roto el pacto de Gobierno no ha sido Ciudadanos, ha sido el Partido Popular«.

El proceso de selección, paralizado

El proceso de selección fue paralizado por Bernardo Arroyo en su labor de Concejal de Personal mientras se abría una instrucción sobre el proceso. Los cinco miembros del tribunal: Fernando González Botija, presidente y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid; José María Ruiz López, interventor del Ayuntamiento de Madrid; Manuel Caballero de la Torre, letrado de la Administración de Justicia; Mario Salcedo Redondo, jefe del Servicio de Recaudación del Ayuntamiento de Majadahonda; y José Antonio Cano Nonvela, secretario del Ayuntamiento de Becerril, han concluido unánimente que «está probado que la secretaria, que no tiene ni voz ni voto (Belén López Soto, administrativa del Ayuntamiento de Collado Villalba) ha manipulado las actas. Lo que se recoge es falso. Se trata de unos borradores, ya que los miembros del tribunal no han dado su conformidad, no se les mandaron estas actas», ha dicho Arroyo. «Los cinco han presentado un escrito que indica que lo que dice la alcaldesa es mentira«.

Por ello, el ex edil de Personal volvió a poner en marcha el proceso de selección el 9 de febrero, que ahora está de nuevo paralizado tras ordenarlo el nuevo responsable municipal del área, el concejal de Hacienda y Seguridad, Miguel Aisa.

Para el puesto de letrado municipal firmaron diez personas, pero finalmente solo se presentaron tres candidatas. Una de ellas se marchó al fallar en la segunda de las pruebas, por lo que solo dos optaban al cargo cuando el 14 de diciembre se reunió la alcaldesa, Mariola Vargas, con la secretaria del tribunal, Belén López Soto, para tratar sobre esta posible influencia. «Si ella pensaba que había una irregularidad entonces, tenía que haberlo denunciado en ese momento y no esperar al 19 de enero», se extraña Bernardo Arroyo.

Según Fernando González Botija, presidente y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, «el acta del 13 de diciembre está deliberadamente redactada para denunciar que hay una irregularidad. La preocupación del tribunal es máxima. ¿Qué hemos hecho nosotros? Los profesionales no quieren participar en este tipo de procesos porque saben que pueden acabar aquí, donde estamos ahora; a la gente se la recluta pidiéndoselo por favor. Es un calvario conseguir un tribunal». Para González Botija, «lo bueno que tiene que haya entrado en vía penal es que se va a clarificar todo».

Por su parte, José María Ruiz López, interventor del Ayuntamiento de Madrid y vocal del tribunal, ha subrayado que «nunca hemos recibido la más mínima insinuación ni por parte de Bernardo Arroyo ni de Francisco Santandreu». «Hemos actuado con absoluta independencia y profesionalidad. Nuestra única preocupación es dotar al municipio de un funcionario para un puesto de responsabilidad. La secretaria ha actuado de forma desleal con los miembros del tribunal», aseguró.