El Ayuntamiento de Collado Villalba firmará un convenio en materia ‘antiocupación’ con la Comunidad de Madrid
Aún no se conoce la fecha exacta, pero será el próximo mes de octubre cuando el Ayuntamiento de Collado Villalba firme un convenio de adhesión con la Comunidad de Madrid en materia de prevención de la ocupación de viviendas. Este fue uno de los temas que se trataron en el encuentro que mantuvieron el pasado viernes el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, y el director general de Seguridad, Protección Civil y Formación de la Comunidad, Luis Miguel Torres, con la alcaldesa, Mariola Vargas, y el edil de Seguridad, Miguel Aisa.
Además, en la cita también se trató de la reducción del número de agentes de la Guardia Civil que el propio consejero había avanzado en una reunión que tuvo lugar en junio.
Una de las consecuencias de esta firma será el cierre definitivo de la Oficina Municipal Antiocupación, ubicada en los bajos de El Pontón entre julio y diciembre de 2021 –desde entonces permanecía cerrada a la espera de que se volviese a adjudicar el servicio anteriormente gestionado por Desocupaciones Técnicas S.L. empresa relacionada con la polémica Desokupa Exprés– por 15.000 euros.
«No tiene sentido que dupliquemos esfuerzos«, ha zanjado la regidora tras volver a reiterar que Collado Villalba es uno de los municipios de la región con más inmuebles ocupados. «La ocupación es un delito y aquí hay una ocupación organizada, no son individuos solos que vienen por otros motivos, no por necesidad. Son motivos sociológcos, de su ‘modus vivendi'».
Sin embargo, según datos del Ministerio del Interior que recogía El País y El Diario, en los cinco años previos a 2001 solo se habían formalizado en la localidad 35 denuncias por ocupación o allanamiento de morada, por las 102 de Aranjuez, 60 de Valdemoro o 45 de Arganda del Rey, de similar población.
En este sentido, durante la celebración en la mañana de hoy del Debate sobre el Estado de la Región, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que la Comunidad de Madrid considerará a partir de ahora víctimas de delitos a los ciudadanos que sufran la ocupación de sus viviendas, una novedad que permitirá que puedan acudir a las 18 Oficinas de Asistencia de Víctimas de Delitos y recibir ayuda legal o psicológica -entre otras coberturas-, en estos recursos abiertos por el Gobierno regional en partidos judiciales de la región.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región, se ha referido hoy a la Estrategia Integral Antiocupación que inició sus trabajos este verano y que contempla, entre muchas cuestiones, esta medida. La iniciativa del Gobierno autonómico tiene como finalidad aglutinar todas las medidas posibles, dentro de su marco autonómico competencial, que hagan frente a este fenómeno y actúe como refuerzo y defensa de los legítimos derechos de los ciudadanos madrileños sobre sus viviendas.
El objetivo es reducirlas, prevenir su proliferación y constituir a la región en un referente nacional en la adopción de medidas encaminadas a su erradicación. Para ello, continúa trabajando en una serie de actuaciones de carácter transversal, como ha sido la reciente activación del servicio 112 Ocupación, que ya ofrece atención inmediata a los propietarios de los inmuebles afectados a través del teléfono 900 205 112 durante las 24 horas del día.
Las actuaciones más inmediatas por parte del Ejecutivo regional son, además de apoyar proyectos de Ley estatales que hagan frente a una ilegalidad cuya responsabilidad recae en el Gobierno central, es la creación de un grupo permanente de trabajo compuesto por los representantes de la Comunidad de Madrid en la Mesa contra la Ocupación y representantes de las Asociaciones de afectados por esta lacra, para reforzar la coordinación entre las partes. Igualmente, se va a efectuar una convocatoria específica del Observatorio Regional de Víctimas del Delito.
Estas medidas, ya en vigor, están siendo mejoradas gracias a la reciente puesta en marcha del Centro de Coordinación Municipal (CECOM), cuyo objetivo básico es la coordinación policial, en el marco autonómico, mediante un protocolo común de actuación y una formación específica para estos profesionales que se lleva a cabo en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE).
Avisados en la Casa de los Maestros
Por otro lado y tras el acuerdo alcanzado el viernes en Pleno, ya se ha notificado a las personas que están viviendo en la antigua Casa de los Maestros, un inmueble de propiedad municipal situado en la calle Alpedrete, 6, «que disponen de 24 horas» para abandonarlo. De no hacerlo, Mariola Vargas ha anunciado que «se dará parte a la justicia para ver cómo se recupera el bien y se hace efectivo el procedimiento».
