Unidas por Collado Villalba denuncia en los Juzgados al Ayuntamiento por negarse a dar información sobre la Oficina Antiocupación
El grupo municipal Unidas por Collado Villalba ha presentado una querella en los Juzgados de Collado Villalba por la denegación sistemática de la documentación solicitada por este grupo desde el pasado mes de septiembre del expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal, que ha prestado sus servicios entre julio y diciembre del pasado año en la antigua sala de exposiciones de El Pontón, en la calle Real.
Actualmente este servicio permanece cerrado al público ya que el contrato con la ONAO finalizó el pasado 31 de diciembre. Según ha apuntado la portavoz de Unidas por Collado Villalba, Eva Morata, el concejal de Seguridad, Miguel Aisa, no ha confirmado si se están elaborando los pliegos para poner de nuevo en marcha este servicio.
Tras identificar posibles irregularidades en el procedimiento de contratación, algunas denunciadas desde la Asamblea de Vivienda de Villalba, el grupo municipal ha solicitado hasta en cuatro ocasiones por registro, desde el pasado 6 de septiembre de 2021, el expediente de contratación sin que hasta la fecha haya sido facilitado.
Además el Grupo municipal lo ha solicitado verbalmente en la Comisión Informativa de Vigilancia de la Contratación y en la sesión plenaria de 16 de diciembre sin obtener igualmente ninguna repuesta a la petición.
La negación de acceso a esta documentación infringe el artículo 77 de la Ley de Bases del Régimen Local y el art. 14 del Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que determina que “los miembros de las Corporaciones Locales tienen derecho a obtener del Alcalde o de la Junta de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”.
Así mismo, contraviene también el Código de Buen Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Collado Villalba que, en su artículo 51 apartado 6, estipula que “se garantizará a los grupos de oposición la participación y el acceso a la información, para poder ejercer adecuadamente sus tareas de control al gobierno”.
Según ha informado el grupo denunciante, la negativa reiterada a dar información puede conllevar penas de inhabilitación de hasta cuatro años para ejercer cargo público como ha ocurrido en ayuntamientos como el de Carboneras (Almería), Albox (Almería) o Palacios del Sil ( León) entre otros.
La reiterada falta de respuesta a estas peticiones sin ninguna justificación de la negativa a facilitarla por parte del concejal del área no hace más que confirmar las sospechas de Unidas por Collado Villalba sobre la posible existencia de varias irregularidades en este procedimiento de contratación, en cuya detección han sido determinantes las investigaciones llevadas a cabo por la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba a quienes de nuevo el grupo municipal quiere agradecer su trabajo.
