La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, declara en el Juzgado por obstaculizar el acceso a la información de la Oficina Antiocupación
La alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, ha declarado este martes por una querella que presentó Unidas por Collado Villalba el pasado 7 de febrero de 2022 ante la “reiterada obstaculización” en el acceso a la información del expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal.
Vargas ha acudido a declarar al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Collado Villalba y ha detallado que la denuncia ha sido una “excusa” para que un grupo de okupas manifestasen su posición a favor de la ocupación a la entrada y salida de su declaración.
Al término de su comparecencia, la alcaldesa ha manifestado que “todos sabemos que Podemos apoya la ocupación” y ha añadido que su Gobierno defiende “la propiedad privada” porque “las personas que tienen necesidad de vivienda tienen otras herramientas que ofrece la administración para hacerse con una vivienda digna”, en lugar de la ocupación. “Fuera ocupación de Collado Villalba, fuera delincuentes de Collado Villalba”, ha reclamado.
La regidora ha explicado que ha dedicado esta mañana “a defender la propiedad privada de todos los ciudadanos de Collado Villalba que han peleado muchos años para pagar su vivienda y que en muchos casos la ven ocupada directamente y en otros ven que sus inquilinos dejan de pagar y se convierten en okupas”.
Unidas por Collado Villalba presentó esta querella tras asegurar en un comunicado que había identificado “posibles irregularidades” en el procedimiento de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación del municipio, que estuvo abierta entre julio y diciembre de 2021, cuando se cerró al adherirse a la Oficina Antiocupación de la Comunidad de Madrid.
Aún sin toda la documentación
La edil de Unidas por Collado Villalba Eva Morata también ha declarado en los juzgados ha señalado que «no nos fue facilitada una información que solicitamos hasta en cuatro ocasiones por vía formal sin que nunca se nos diera respuesta ni la documentación que solicitábamos».
«Vimos que podía haber ciertas irregularidades en el proceso de contratación y queríamos ver, investigar, valorar y fiscalizar ese contrato como es nuestro derecho y nuestro deber como concejales en la oposición. La reiterada negativa es lo que nos llevo a interponer esta querella por la posible comisión de un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos -delito recogido en el artículo 542 del Código Penal-«, ha explicado Morata.
«Justo después de hacer pública que habíamos interpuesto esta querella en rueda de prensa, comunicaron que se nos iba a entregar inmediatamente esa documentación y así fue, pero fue a raíz de este proceso judicial que hemos tenido que entablar para conseguir un derecho que nos corresponde. A día de hoy conseguimos la documentación, pero no completa, nos falta el informe de actividad de la empresa adjudicataria, que recoge las acciones que ha llevado a cabo y lo hemos vuelto a pedir, por lo que seguimos sin saber que hizo este servicio», ha finalizado Eva Morata.
Ahora el juez encargado tendrá que decidir, después de escuchar a algunas personas más que han sido citadas, si abrir juicio, donde se procesaría y habría un dictamen.
