Ciudadanos atrae a PSOE, Unidas por Collado Villalba y Más Madrid para forzar un Pleno extraordinario sobre el contrato del túnel
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Collado Villalba (integrante del equipo de Gobierno junto con Partido Popular y la edil no adscrita Diana Barrantes) ha solicitado la celebración de un Pleno extraordinario para iniciar «la revisión oficio del contrato de concesión de obra pública para la construcción de un aparcamiento y paso subterráneo y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano, entre la calle Real y la calle Virgen del Pilar y nuevo diseño urbano de la calle Batalla de Bailén».
Si bien esta formación, que cuenta con cuatro representantes municipales, ya solicitó hace unos días un informe al secretario municipal sobre este asunto, la primera respuesta que recibió fue la de la alcaldesa, Mariola Vargas, quien recordó que según recoge el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es necesario un tercio de la Corporación -en el caso villalbino formada por 25 ediles- para pedir este tipo de informes.
El miércoles 26, a última hora de la mañana, eran 14 los ediles que firmaban la petición de este Pleno extraordinario. A los cuatro de Ciudadanos se unían los seis apoyos del PSOE, los tres de Unidas por Collado Villalba y el edil de Más Madrid.
Si finalmente la Corporación aprueba la revisión de oficio del contrato, hay un plazo de seis meses para resolverlo y que el informe se presente ante el Consejo de Estado, que tendrá que emitir un informe preceptivo y vinculante sobre la legalidad del contrato, un tiempo que podría sobrepasar la legislatura actual, que finaliza el 28 de mayo de 2023 con unas nuevas elecciones municipales.
Ciudadanos pretende iniciar un nuevo procedimiento que determine la legalidad o no de un contrato firmado por el ex alcalde socialista José Pablo González hace 15 años, tiempo en el que habría prescrito cualquier delito.
La reacción de la alcaldesa
Por su parte, cuando la alcaldesa Mariola Vargas conoció el primer intento de celebración del Pleno por parte de Ciudadanos, tachó de «error» y «postureo» las declaraciones del concejal de Cs Bernardo Arroyo.
«Aquí uno no puede ser más listo que los demás porque mire cómo nos va la vida cuando uno es más listo de lo que debe», dijo Mariola Vargas.
«Considero un error (la petición del informe) porque este señor, que además dice que es jurista, sabe que con cuatro personas no se puede pedir un informe al secretario». «Esto de pedir o no informes es un poco postureo para quedar como «aquí estamos trabajando», continuó la regidora.
Esta acción de Ciudadanos se produce después de conocerse la sentencia sobre el canon correspondiente al año 2019, que obliga al Consistorio a su pago. Tras su recepción, los asesores jurídicos externos contratados por el Ayuntamiento elaboraron un informe que habla de la ilegalidad de contrato pero en el que se recomienda no recurrir esta decisión judicial y explorar otras vías para su solución, además de las penalidades ya iniciada por el incumplimiento en el mantenimiento de la instalación por parte de la empresa concesionaria.
En la rueda de prensa celebrada el pasado 11 de octubre, el primer teniente de alcalde y concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, subrayó que desde 2008, el Ayuntamiento, ha abonado las facturas del canon sin fiscalizar, sin comprobar si el mantenimiento del túnel y los aparcamientos se había llevado a cabo en este tiempo, requisito imprescindible que deben cumplir tanto Intervención como la Concejalía de Urbanismo, que firma las facturas. «Cuando llega una factura del canon al Ayuntamiento es necesaria un acta de conformidad, no sobre la obra, que ya se ha entregado, sino sobre el resto de las obligaciones. El pago del canon implica el reconocimiento de la conformidad», dijo.
Arroyo inició un expediente de penalidades entre los años 2016 y 2019, «pero pedí varias periciales y desde el inicio en 2008 nunca han cumplido nada». «Cuando pido las facturas para ver qué inversiones se han hecho me dan de papel higiénico, botellas de agua… y varios espectáculos que la empresa pagó al Ayuntamiento (circo, conciertos, cine de verano… que suman unos 19.000 euros)».
«El Plan Económico y Financiero es muy oscuro y complicado; nadie lo entendía en el Ayuntamiento», sentenció el concejal de Contratación, que ha llegado a decir que a todos los concejales de Urbanismo les parecía que había «algo raro».
«Ahora, ¿quien va a pagar el canon de 2020?», se ha preguntado Arroyo recordando que el informe del abogado del Ayuntamiento habla de «contrato ilegal».
