El Ayuntamiento de Collado Villalba, obligado a pagar el canon del túnel de Honorio Lozano hasta 2046

Aunque la sentencia vio la luz a finales de julio, no ha sido hasta hoy, tras recibir el equipo de Gobierno el informe de la empresa externa encargada de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, cuando se ha hecho pública la decisión judicial en relación al pago del canon de la obra del túnel Honorio Lozano-Batalla de Bailén correspondiente a 2019. El Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Madrid reconoce el derecho de la concesionaria del túnel y aparcamientos de cobrar la factura, por un importe de 1.718.851 euros, correspondiente al citado ejercicio, estimando así el recurso presentado por la empresa y obligando al Consistorio a este pago.

El Ayuntamiento se había opuesto al abono de dicha factura al considerar que ésta estaría “condicionada al cumplimiento por parte de la concesionaria del resto de obligaciones asumidas en el Plan Económico Financiero, y, entre otras, las partidas relativas a inversiones y mantenimiento, que son esenciales a fin de determinar el canon anual a abonar por la administración local. De tal manera que incumplidas éstas, el Ayuntamiento quedaría eximido del pago del canon”.

La alcaldesa, Mariola Vargas, en la rueda de prensa de esta mañana / Fotografías Rafa Herrero

Sin embargo, la sentencia señala que el compromiso contractual entre ambas partes “nada tiene que ver con la obligación de la concesionaria de invertir y mantener el aparcamiento. O, por lo menos, no puede ser motivo de oposición frente al pago del canon, porque, en definitiva, el aparcamiento subterráneo, y el resto de obra pública objeto de licitación, se ejecutó… Aún aceptando que la concesionaria haya incumplido con el plan de inversiones o no haya mantenido en momentos puntuales en debidas condiciones el aparcamiento…”.

Ahora, el Ayuntamiento deberá abonar los 1.718.851 euros, cantidad a la que hay que añadir los intereses de demora y las costas (1.200 euros más). Vargas ha asegurado que en los presupuestos para 2022 aprobados de manera definitiva el pasado viernes en un Pleno extraordinario se contempla esta partida, así como el pago del canon de los años 2020 (también con intereses) y de 2021 (aún en plazo). «Con esta sentencia gana la concesionaria y pierden los vecinos», ha añadido.

El Ayuntamiento no recurrirá

El documento judicial además detalla que “sobre este mismo asunto –pago del canon anual- han tenido ocasión de pronunciarse varios juzgados de esta capital, así como el TSJ. Y ello en relación con el canon de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2017. Las diversas sentencias acogen esa obligación de pago incondicional”.

Aunque la sentencia no es firme, la alcaldesa, Mariola Vargas, ha asegurado esta mañana que no se va a recurrir, subrayando que «el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible, con todos los medios a su alcance, para no abonar este canon, pero la sucesión de sentencias determina que la obra ejecutada por el Partido Socialista y que terminó su construcción en 2008, va a obligar a que todos los villalbinos estemos hipotecados durante las próximas décadas, hasta 2046, con un desembolso acumulado de más de 100 millones de euros -de los que las arcas municipales ya han desembolsado 27; 14 inicialmente en un primer pago y el resto a través de las facturas el canon-”.

Vargas ha recordado que fue en 2008, cuando la mayoría absoluta del PSOE (PP, IU y ADEI votaron en contra) aprobó en Pleno la adhesión a este contrato con la concesionaria, entre cuyos requisitos técnicos y administrativos estaba el incremento del canon en un 2,5 por ciento anual correspondiente al IPC, algo que también se llevó a los tribunales, que dieron la razón a la empresa.

Otra vía

No obstante, la regidora ha anunciado que se continuará con el “expediente de penalidades”, para la resolución del contrato con la concesionaria, por los incumplimientos de las obligaciones establecidas, que contempla como infracción grave “no realizar las mejoras propuestas o los compromisos adquiridos”, lo que legitima a la administración local para poder impones sanciones. Un procedimiento, que según la regidora, podría durar un año más. «El objetivo es resolver el contrato e intentar buscar en lo posible minorar el canon».

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