Ciudadanos pretende que el Pleno de Collado Villalba revise de oficio el contrato de la obra del túnel de Honorio Lozano

11 octubre, 202217 octubre, 2022Noticias C. Villalba

Los cuatro concejales del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Collado Villalba han solicitado al secretario municipal un informe (aunque según recoge el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales es necesario un tercio de la Corporación -en el caso villalbino formada por 25 ediles- para pedir este tipo de informes) para someter a la consideración del Pleno (el órgano de contratación) el inicio de un procedimiento de oficio para revisar el contrato de la obra del túnel Honorio Lozano-Batalla de Bailén y de los aparcamientos de Honorio Lozano y la Biblioteca Miguel Hernández.

Esta acción de Ciudadanos se produce después de conocerse la sentencia sobre el canon correspondiente al año 2019, que obliga al Consistorio a su pago. Tras su recepción, los asesores jurídicos externos contratados por el Ayuntamiento elaboraron un informe que habla de la ilegalidad de contrato pero en el que se recomienda no recurrir esta decisión judicial y explorar otras vías para su solución, además de las penalidades ya iniciada por el incumplimiento en el mantenimiento de la instalación por parte de la empresa concesionaria.

Si finalmente se lleva a Pleno y la Corporación aprueba la revisión de oficio del contrato, hay un plazo de seis meses para resolverlo y que el informe se presente ante el Consejo de Estado, que tendrá que emitir un informe preceptivo y vinculante sobre la legalidad del contrato, un tiempo que podría sobrepasar la legislatura actual, que finaliza el 28 de mayo de 2023 con unas nuevas elecciones municipales, de ahí la insistencia de Bernardo Arroyo de apremiar a sus compañeros, a los que esta mañana apelaba a la responsabilidad.

«No podemos ser perezosos y decir que no vamos a tener éxito; solo me planteo si estoy pagando un contrato ilegal. Bajar los brazos es una cuestión que no podemos permitirnos. Tenemos la obligación de llegar hasta el final, explicar y aclarar con la máxima celeridad. Considero que es el tema más importante que tenemos entre manos. No es una obsesión del concejal de Contratación, es una obligación«, ha reiterado.

Con la intención de llevar ante el Pleno la revisión del contrato, Ciudadanos pretende iniciar un nuevo procedimiento que determine la legalidad o no de un contrato firmado por el ex alcalde socialista José Pablo González hace 15 años, tiempo en el que habría prescrito cualquier delito.

Pagar sin comprobar

En la rueda de prensa celebrada esta mañana, el primer teniente de alcalde y concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, ha subrayado que desde 2008, el Ayuntamiento, ha abonado las facturas del canon sin fiscalizar, sin comprobar si el mantenimiento del túnel y los aparcamientos se había llevado a cabo en este tiempo, requisito imprescindible que deben cumplir tanto Intervención como la Concejalía de Urbanismo, que firma las facturas. «Cuando llega una factura del canon al Ayuntamiento es necesaria un acta de conformidad, no sobre la obra, que ya se ha entregado, sino sobre el resto de las obligaciones. El pago del canon implica el reconocimiento de la conformidad», ha dicho.

Arroyo inició un expediente de penalidades entre los años 2016 y 2019, «pero pedí varias periciales y desde el inicio en 2008 nunca han cumplido nada». «Cuando pido las facturas para ver qué inversiones se han hecho me dan de papel higiénico, botellas de agua… y varios espectáculos que la empresa pagó al Ayuntamiento (circo, conciertos, cine de verano… que suman unos 19.000 euros)».

«El Plan Económico y Financiero es muy oscuro y complicado; nadie lo entendía en el Ayuntamiento», ha sentenciado el concejal de Contratación, que ha llegado a decir que a todos los concejales de Urbanismo les parecía que había «algo raro».

«Ahora, ¿quien va a pagar el canon de 2020?«, se ha preguntado Arroyo recordando que el informe del abogado del Ayuntamiento habla de «contrato ilegal».

Tras la sentencia

En la sentencia del pasado 27 de julio, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid reconoce el derecho de la concesionaria del túnel y aparcamientos de cobrar la factura, por un importe de 1.718.851 euros, correspondiente al citado ejercicio, estimando así el recurso presentado por la empresa y obligando al Consistorio a este pago, al que hay que sumar 315.402,92 euros de intereses y unos 1.200 euros de las costas.

El Ayuntamiento se había opuesto al abono de dicha factura al considerar que ésta estaría “condicionada al cumplimiento por parte de la concesionaria del resto de obligaciones asumidas en el Plan Económico Financiero, y, entre otras, las partidas relativas a inversiones y mantenimiento, que son esenciales a fin de determinar el canon anual a abonar por la administración local. De tal manera que incumplidas éstas, el Ayuntamiento quedaría eximido del pago del canon”.

Sin embargo, la sentencia señala que el compromiso contractual entre ambas partes “nada tiene que ver con la obligación de la concesionaria de invertir y mantener el aparcamiento. O, por lo menos, no puede ser motivo de oposición frente al pago del canon, porque, en definitiva, el aparcamiento subterráneo, y el resto de obra pública objeto de licitación, se ejecutó… Aún aceptando que la concesionaria haya incumplido con el plan de inversiones o no haya mantenido en momentos puntuales en debidas condiciones el aparcamiento…”.

Disconformidad por no recurrir la sentencia

Aunque la sentencia no es firme, la alcaldesa, Mariola Vargas, aseguró el pasado 12 de septiembre que no se va a recurrir, subrayando que “el Ayuntamiento ha hecho todo lo posible, con todos los medios a su alcance, para no abonar este canon, pero la sucesión de sentencias (de 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 y 2017; el Consistorio tan solo pagó la factura de 2018 sin ningún requerimiento judicial y después de contar con dos informes de Intervención y uno de Secretaría solicitados por el propio Bernardo Arroyo) determina que la obra ejecutada por el Partido Socialista y que terminó su construcción en 2008, va a obligar a que todos los villalbinos estemos hipotecados durante las próximas décadas, hasta 2046, con un desembolso acumulado de más de 100 millones de euros -de los que las arcas municipales ya han desembolsado 27; 14 inicialmente en un primer pago y el resto a través de las facturas el canon-”.

Vargas, ha asegurado que en los presupuestos para 2022 se contempla esta partida, así como el pago del canon de los años 2020 (también con intereses) y de 2021 (aún en plazo).

Pero el primer teniente de alcalde y concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, ha manifestado esta mañana en rueda de prensa su disconformidad con esta decisión de no recurrir la sentencia. «Si asumimos la sentencia, asumimos que una obra que costó 32 millones (el presupuesto inicial de la obra era de 17.200.505,59 euros, a los que se añade un modificado de octubre de 2008 que contó con el informe favorable del Consejo de Estado y que ascendió a 12.980.000 euros más, con lo que el total de los trabajos ascendieron a 32.974.980 euros) nos vaya a costar 97 millones (si se suman todos los pagos del canon hasta 2046 (el canon se va incrementado todos los años un 2,5 por ciento por el IPC, el coste total asciende a 96.789.705 euros).

“Por primera vez, desde 2008 se ha llevado ante el juez la interpretación del contrato concesional y el plan económico financiero. Un contrato cuyo cumplimiento no ha sido fiscalizado desde que esto empezó y lo cierto, es que el resultado de la resolución ha sido espeluznante: Dice la jueza que hay que pagar, aunque la concesionaria no haya cumplido el plan económico financiero porque el canon responde simplemente “a la finalidad de financiar la obra pública, aclarando, además que el riesgo de la inversión no estaba en la construcción del aparcamiento, sino en su explotación”, explicó el concejal de Contratación, Bernardo Arroyo, en una Tribuna Abierta en AQUI EN LA SIERRA.