El PP de Torrelodones ultima una ayuda de 300 euros al año para los propietarios víctimas de la ocupación
El regidor de Badalona, Xavier García Albiol, «el gran alcalde antiocupación», tal y como le presentó Almudena Negro, fue testigo ayer de la presentación de una pionera línea de ayudas para apoyar económicamente a los vecinos que sufran la ocupación ilegal de su vivienda.
El regidor de Badalona, el popular Xavier García Albiol, «el gran alcalde antiocupación», tal y como le presentó la alcaldesa de Torrelodones, Almudena Negro, fue testigo ayer de la presentación de una pionera línea de ayudas para apoyar económicamente a los vecinos que sufran la ocupación ilegal de su vivienda, iniciativa que fue anunciada en el último Pleno celebrado en la localidad.
El área de Hacienda que dirige Concha Pastor está ultimando el documento que deberá aprobar la Junta de Gobierno Local y que permitirá, a través de una partida presupuestaria de Servicios Sociales, que el propietario de una vivienda ocupada, ya sea por usurpación (ocupación sin consentimiento de una vivienda en la que no reside el propietario; si es su domicilio se trata de allanamiento de morada) o por la falta de pago del alquiler del inmueble (conocido popularmente como inquiocupación), reciba una ayuda de 300 euros anuales durante un periodo máximo de tres años «para ayudarles a afrontar los gastos que esta situación les acarrea: desde gastos de abogados, asesoramiento, impuestos, suministros…”, explicó Almudena Negro.
Las ayudas, que se analizarán de forma individual, son complementarias a las que ofrece la Comunidad de Madrid y el Estado. Los requisitos para acceder a ellas son:
- Personas físicas propietarias de una vivienda en situación de impago del alquiler por parte del arrendatario que hayan iniciado los trámites judiciales para la recuperación de la vivienda. Para ello, tendrán que haber presentado la demanda de desahucio en el registro de entrada del juzgado correspondiente.
- El solicitante debe estar empadronado en Torrelodones y tener su residencia habitual y efectiva en el municipio. En este sentido, la alcaldesa también indicó que desde el Ayuntamiento “ya se han tomado medidas para evitar empadronamientos fraudulentos”.
- Asimismo, la vivienda en cuestión tiene que estar ubicada en Torrelodones.
- No hay un plazo cerrado para solicitar las ayudas. Se pueden solicitar cuando se produzca la situación.
- Comunicar al Ayuntamiento lo antes posible cuando se revierta la situación de impago.
La regidora, que cifró en unos cinco los casos de las viviendas unifamiliares que en estos momentos han sufrido un delito de usurpación, no aclaró cuántos propietarios de Torrelodones están en una situación de impago por parte de sus inquilinos, aunque reconoció que ella ha ejercido de intermediaria en varios casos que se han resuelto con el pago de las deudas. «Aunque sean pocos los afectados, tenemos que defender la propiedad privada. Ocupar es robar».
Problema nacional
Por su parte, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se refirió a Negro como una persona «valiente, decidida y que afronta los problemas mirando a la cara. Me siento identificado con ella». El regidor catalán explicó que el problema de la ocupación “afecta ya a casi todos los municipios de España”, por lo que pidió que la Mesa del Congreso desbloqué la situación permitiendo que los diputados puedan debatir sobre la ley antiocupación que se aprobó en el Senado. «La ocupación se acabará cuando se vaya Pedro Sánchez», señaló.
«No es un problema que podamos resolver desde los ayuntamientos, pero podemos tomar medidas para mitigalo.Los ayuntamientos del PP estamos intentamos dar solución al problema», dijo alertando que cinco de cada diez ocupaciones que se llevan a cabo en España se dan en Cataluña. «Antes se daba en zonas concretas pero se ha ido extendiendo».
En cuanto a las ayudas que pondrá en marcha Torrelodones, argumentó que “propuestas como las que está presentando Almudena Negro, aparte de novedosas, son prácticas porque van dirigidas a particulares que tienen un piso en alquiler bien para completar su pensión o su salario”. “La inmensa mayoría de personas que ocupan o inquiocupan viviendas no es porque no puedan pagar, o porque los alquileres sean altos, sino porque lo han convertido en su forma de vida”.
«Los alcaldes tenemos que alzar la voz como los representantes más cercanos de los vecinos», subrayó García Albiol. «No es un problema de derechas ni de izquierdas es un conflicto que está padeciendo la sociedad y es de sentido común».
Por su parte, la alcaldesa de Torrelodones insistió en que «nosotros vamos a perseguir la ocupación por mucho que le moleste al PSOE», en contestación a las críticas por la concentración covocada por el PP el pasado viernes 16 de octubre contra «la ilustre inquiocupación, como la han bautizado los medios de comunciación. Queremos que se vaya de Torrelodones. Lleva muchos años viviendo por la cara», ha indicado reconociendo que «me dio pena que ningún otro partido acudiera» a la concentración.
Además, Negro alertó sobre las empresas de desalojo. «Que no contraten a estas empresas, igual que hay mafias de la ocupación hay quien ha hecho negocio con estas empresas y les dicen a los afectados que no denuncien o que retiren las denuncias».
Refuerzo de la colaboración
Durante la rueda de prensa, Almudena Negro indicó que desde el Área de Seguridad se ha reforzado la colaboración entre la Policía Local y la Guardia Civil, de la que recordó se ha ampliado su servicio con 22 nuevos agestes, para atender con la máxima rapidez los casos que se produzcan.
Además, menció el servicio 112 ocupación de la Comunidad de Madrid para atender en tiempo real las alertas por ocupación, que ofrece asistencia y asesoramiento a los empresarios. Se trata de una iniciativa que se estrenó en junio de 2022 y que ya ha atendido un total de 4.582 llamadas, evitando en este tiempo 50 casos de ocupación.
Este servicio se integra en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), ubicado en la sede de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), en Pozuelo de Alarcón. Desde allí se facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales (Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil), así como su cooperación con los efectivos de emergencias. Este recurso público da una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los dispositivos de la Administración autonómica (servicios sociales, actuaciones judiciales y policiales).
Además, desde el pasado mes de mayo, 112 Ocupación ofrece una nueva asistencia especializada a víctimas con el asesoramiento jurídico inmediato y gratuito de letrados.