El TSJM admite el recurso contra la Comunidad de Madrid por permitir a una constructora cambiar el régimen de protección pública de 139 viviendas en Torrelodones
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por los vecinos de Prado del Estudiante de Torrelodones contra la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid en el que denuncian que la constructora AVINTIA modificó en 2019 el régimen de sus viviendas que pasaron de ser de alquiler con opción a compra a únicamente de alquiler.
Esta modificación se hizo a iniciativa del Ayuntamiento de Torrelodones, pero fue la Comunidad de Madrid quien autorizó este cambio y lo hizo en favor de la constructora sin contar con la voluntad manifiesta de los vecinos que accedieron a estas viviendas protegidas.
Tras negarse la Consejería de Vivienda a revisar de oficio el expediente, tal y como solicitó la asociación vecinal en julio de 20221 , los vecinos presentaron el recurso ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del TSJM que ha sido aceptado.
Desde 2008
La historia se remonta a 2008, cuando se cede suelo público a una empresa para que construya viviendas protegidas de alquiler con opción a compra. La crisis inmobiliaria del 2008 obliga a retrasar una década este proyecto que en determinado momento pasó a manos de la constructora AVINTIA SL.
Una vez terminadas las viviendas, entre julio y septiembre de 2019 se cambia unilateralmente la tipología de las mismas, pasando de alquiler con opción a compra a solo alquiler. Este cambio obedece a una solicitud del Ayuntamiento del año anterior y se realiza con el conocimiento de la Comunidad de Madrid, a la que la asociación vecinal advirtió en numerosas ocasiones de la ilegalidad de esta actuación. Las leyes de la Comunidad de Madrid permiten que las empresas cambien la tipología de las viviendas de protección pública sólo si son capaces de demostrar que no hay demanda del tipo de vivienda ofertado.
AVINTIA ignoró a las 27 vecinas que enviaron un correo interesándose por el alquiler con opción a compra, cuya publicidad obligada por ley fue de por sí muy pobre y corta en el tiempo. Luego la Comunidad de Madrid ignoró a los 50 vecinos que remitieron un burofax poniendo en evidencia esta situación. Es por esto que la asociación Vecinos Prado del Estudiante vuelve a reclamar su derecho a la compra y acude a los tribunales acompañada de la Asamblea de Vivienda de Villalba.
Con el alquiler por las nubes y sin derecho a compra
«Prado del Estudiante es un ejemplo más de cómo la colaboración público-privada en vivienda es una estafa para la parte pública y una ganancia para la parte privada. Sobre unos suelos públicos, con unos alquileres por encima de los 700 euros y sin posibilidad de acceder a la compra, queda patentes que las constructoras son las verdaderas beneficiarias de las políticas de vivienda», explican los afectados en un comunicado.
«Con este precio y condiciones, es evidente que no es una solución efectiva al problema de acceso a la vivienda. La modificación ilegal del uso de las viviendas responde a un cambio de sentido en el mercado inmobiliario que tras la crisis del 2008 apuesta más por un modelo de construcción para alquiler que el de para la venta. ¿Fue la solicitud de modificación del Ayuntamiento la condición que puso la constructora para sacar adelante la promoción?«, se preguntan.
«Desde las organizaciones participantes denunciamos también otros proyectos que hay en marcha en este municipio. Actualmente se prevé en Torrelodones la construcción de 100 y 140 de viviendas en alquiler destinadas a jóvenes . Recordemos que las 139 viviendas de Prado del Estudiante que ahora se alquilan por más de 700 euros y son incomprables se anunciaron en su día como Vivienda para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes (VPPAOCJ). Independientemente de quién vaya a gobernar parece claro cuál va a ser el destino de estos proyectos», recuerdan los afectados.
«Recientemente Torrelodones fue escenario de multitudinarias protestas contra la destrucción de zonas verdes por la urbanización de «Las Marías». Desde las organizaciones participantes denunciamos el expansionismo urbanístico que muchas veces se blanquea con la excusa de la vivienda social que luego resulta ser una estafa destinada a canalizar ingentes cantidades de dinero y recursos públicos a constructoras y promotoras mientras se destruye el medio ambiente», concluye la nota de prensa.
