La alcaldesa de Collado Villalba tendrá que declarar tras la querella interpuesta por Unidas por presunto delito contra los derechos cívicos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Collado Villalba ha abierto diligencias al “presumir la posible existencia de una infracción penal» contra la alcaldesa, Mariola Vargas, tras la querella presentada por la concejala de Unidas Eva Morata a causa de la reiterada obstaculización por parte de la regidora del acceso a la información relativa al expediente de contratación del servicio de asesoría jurídica de la Oficina Antiocupación municipal que prestó sus servicios entre julio y diciembre de 2021.
Vargas tendrá que declarar como investigada el próximo 18 de abril, a las 11:00 horas, tras solicitar el fiscal la admisión de la causa «por unos hechos que podrían ser constitutivos de la infracción prevista en el artículo 542 del Código Penal», que prevé la inhabilitación para empleo o cargo público a la autoridad o funcionario que, a sabiendas, impida el ejercicio de otros derechos cívicos (en este caso, el derecho de acceso a la información).
Desde el grupo municipal Unidas por Collado Villalba se presentó el pasado 7 de febrero de 2022 una querella por la denegación sistemática de la documentación solicitada. Tras identificar posibles irregularidades en el procedimiento de contratación, la edil Eva Morata, responsable de Vivienda y Servicios Sociales, solicitó hasta en cuatro ocasiones por registro el expediente de contratación sin que hasta la fecha de interposición de la querella fuera remitida ninguna documentación.
Según fuentes municipales, esta documentación se facilitó ese mismo día 7 de febrero de 2022, aunque desde Unidas se asegura que no está completa.
Dos sentencias por infracciones de derechos constitucionales
Desde Unidas por Collado Villalba recuerdan que «la alcaldesa ha sido sentenciada en dos ocasiones a lo largo de este mandato por otras dos infracciones de derechos constitucionales, consecuencia evidente de una praxis autoritaria, despótica y despreciativa de las más básicas pautas del funcionamiento del sistema democrático»
«Insistimos además en la reclamación de esta documentación en Comisión Informativa de Vigilancia de la Contratación de diciembre de 2021 y en la sesión plenaria de 16 de diciembre de ese mismo año sin obtener igualmente ninguna repuesta a la petición. La reiterada falta de respuesta a estas peticiones sin ninguna justificación de la negativa a facilitarla por parte del concejal del área no hizo más que confirmar las sospechas de nuestro grupo municipal sobre la posible existencia de varias irregularidades en este procedimiento de contratación, en cuya detección fueron determinantes las investigaciones llevadas a cabo por la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba a quienes de nuevo el grupo municipal quiere agradecer su trabajo. Al día siguiente de presentar la denuncia nuestro grupo municipal recibió parte de la documentación solicitada en la que pudimos constatar indicios respecto a las irregularidades sospechadas y trasladadas al juez en nuestro escrito de querella, en concreto la infracción del Principio de Proposición Única recogido en la Ley de Contratación del Sector Público.
