Vecinos de los pisos ocupados en la calle Real 13-15 de Collado Villalba: «No sabemos cuándo van a echarnos. No puedo dormir ni he podido ir a trabajar por miedo a que vengan»

«Mariola desahucia niñas». Esta pancarta con la cara de la alcaldesa de Collado Villalba cuelga de una de las ventanas de las 60 viviendas ubicadas en la calle Real 13-15, ocupados por 42 familias -un centenar de personas- desde diciembre de 2020.

Aunque inicialmente también se había habitado el inmueble de enfrente, con 16 pisos, el incendio ocurrido el 28 de diciembre de 2022 derivó en que la propiedad del recinto, la SAREB, tapiara puertas y ventanas y colocara alarmas. Sus inquilinos se quedaron en la calle y hoy el bloque presenta un estado total de abandono.

Esto, unido al desahucio cautelar que sufrieron hace un mes nueve residentes de Trinidad, 19, en la zona de Los Belgas, ha puesto en alerta tanto a los vecinos de estos pisos cercanos a la Estación de tren como a la Asamblea de Vivienda de Villalba. Una incertidumbre que se agravó hace unos días cuando el pasado 30 de octubre el arquitecto municipal, Tomás Llorente, visitó el inmueble, que una semana antes había sufrido un incendio después de que un inquilino se durmiera fumando encima de un colchón en el acceso al garaje. No se registraron heridos ni intoxicados. 

Por ello, un grupo de 39 vecinos se acercó el viernes 31 de octubre al Ayuntamiento; tenían muchas preguntas pero solo les dieron una respuesta: el expediente sobre la insalubridad del inmueble no lo había abierto ni la Concejalía de Sanidad ni de Urbanismo, se hizo directamente desde Alcaldía. 

«Esto demuestra que solo tienen motivos políticos. Mariola tiene aporofobia», ha dicho Pablo López, representante de la Asamblea de Vivienda de Villalba.

De 42 familias, sólo 10 serán realojadas

López explica que estas 60 viviendas no cuentan con agua ni cédula de habitabilidad por lo que el colectivo quiere negociar con la SAREB el realojo de estas 42 familias. De ellas, una decena han logrado un acuerdo de alquiler social (que supondría el 30 por ciento del total de los ingresos familiares) con la empresa pública, aunque todavía no se ha materializado y siguen viviendo en la calle Real 13-15. Al resto, 32 familias, no les han ofrecido ninguna solución al tratarse de personas sin papeles.

Hay bebés, niños, mayores y personas con discapacidad. «Somos todos vulnerables», señala Heidi Rojas, una de las vecinas afectadas. «Utilizan la táctica de dividir y conquistar, pero somos un bloque unido y se ha decidido plantar cara; ninguno aceptará hasta que todos tengamos una oferta de reubicación. No vamos a tolerar que nos dividan con políticas racistas y limosnas».

«El Ayuntamiento dice que esto es insalubre y está en inminente ruina, pero hemos encargado un informe a un arquitecto independiente y no es así», dice Rojas. «¿No es más insalubre vivir en la calle?». 

Por su parte, Blanca Nelia Agudelo, otra vecina, ha explicado que «estamos haciendo guardia en el portal para evitar el consumo y el tráfico de drogas. El sábado un señor ajeno a los pisos pegó a un vecino hasta romperle el pómulo. Nos encantaría vivir en un bloque limpio y tranquilo».

«No sabemos cuándo van a echarnos. No puedo dormir ni he podido ir a trabajar por miedo a que vengan y no me dejen sacar mis cosas, como hicieron con los de Trinidad 19», confiesa otro de los inquilinos.

De la SAREB a la Empresa Pública de Vivienda

Hace unos meses, el Gobierno de España anunció en fin de la SAREB, creada en 2012 para absorber los activos inmobiliarios tóxicos que generaron la crisis de 2008 con un crédito de 50.000 millones de euros avalado por el Estado (en 2021 se reconoce ante la Unión Europea una deuda pública de 35.000 millones de euros, el 3 por ciento del PIB) y que ha llegado a contar con 220.000 viviendas en todo el territorio nacional.

Este final, fechado en 2027, convertirá a la SAREB en la Empresa Pública de Vivienda, un organismo público con carácter social cuyo fin es dar una solución habitacional a quien lo necesite. Así, en dos años, toda vivienda de la SAREB que no tenga patologías estructurales, se encuentre en un municipio de más de 5.000 habitantes y tenga una superficie inferior a los 85 metros cuadrados pasará a engrosar la lista de la EPV. 

Todos estos requisitos se dan en la calle Real 13-15, pero la carencia de cédula de habilidad así como de algunos desperfectos aparecidos -goteras, grietas…- dificultan esta transición a vivienda pública, de hecho, los realojos de las familias no se dan en este inmueble, sino que buscan otras localizaciones (algunas en municipios tan alejados como Aranjuez, lo que provoca el rechazo de los vecinos). 

Con estos vecinos también ha estado Miren Beriain, del Sindicato de Carabanchel, que ha insistido en que estas prácticas de la SAREB se dan de manera sistemática, poniendo como ejemplo la situación que se está viviendo en la calle María Guerrero,1, en este barrio de la capital, cuyo desalojo está previsto para el 12 de noviembre.