Todos los grupos, a excepción de MCV Corazón Villalbino, aprueban que la Comunidad de Madrid revise de oficio el contrato del túnel

Todos los grupos municipales que componen la Corporación, a excepción de MCV Corazón Villalbino, apoyaron, en el Pleno extraordinario celebrado el viernes la revisión oficio del contrato de concesión de obra pública para la construcción de un aparcamiento y paso subterráneo y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano, entre la calle Real y la calle Virgen del Pilar y nuevo diseño urbano de la calle Batalla de Bailén.

El Pleno se celebró a petición de Ciudadanos (sus cuatro concejales forman parte del equipo de Gobierno junto con Partido Popular y la edil no adscrita Diana Barrantes), solicitud a la que se adscribieron los seis ediles del PSOE, los tres de Unidas por Collado Villalba y el edil de Más Madrid. También los seis representantes del PP, Barrantes y los dos apoyos de Vox votaron a favor de que la Comisión. Esta acción de Ciudadanos se produce después de conocerse la sentencia sobre el canon correspondiente al año 2019, que obliga al Consistorio a su pago.

Cristina Toral, portavoz de MCV Corazón Villalbino, fue expulsada minutos antes de producirse la votación y una vez que todos los grupos habían manifestado su intención de voto. El detonante fue un comentario de la portavoz de Vox, Ana de Dompablo, señaló que era una escisión del PSOE y que su concejal había formado parte del grupo municipal socialista en anteriores mandatos, lo que ofendió a Toral, que protestó en reiteradas ocasiones hasta que la alcaldesa, Mariola Vargas, tras llamarla varias veces al orden, la expulsó de la sala. Su compañero, Roberto Oliver decidió seguir a su compañera y abandonó voluntariamente el salón de plenos. 

«Estoy muy contento; tenemos un posicionamiento unánime por parte de todo el Pleno excepto de dos concejales ‘outsider’ que van por libre y son los únicos que han tomado una postura clara a favor del túnel y que los villalbinos paguemos 97 millones de euros y cuando se han visto que se quedaban solos, han montado un ‘teatrillo’ para que los expulsaran; una auténtica vergüenza. Lo mejor que puede ocurrir para este municipio en las próximas elecciones es que este grupo municipal desaparezca«, ha señalado el primer teniente de alcalde y edil de Contratación, Bernardo Arroyo.

«Estoy satisfecho con el resultado, hay que clarificar si tenemos que pagar 97 millones de euros o el contrato es nulo. Y si esto no tiene recorrido habrá que explicar a los villalbinos que hay que pagar 97 millones por una obra de 32», ha dicho Arroyo, que ha añadido que con este procedimiento también se trata de dar seguridad jurídica a la firma de las facturas. «Es importante que se clarifique quién y cómo se firma porque hay una situación de inseguridad y de incertidumbre».

Por su parte, la alcaldesa, Mariola Vargas, ha explicado que «esto iba a salir desde el principio. El 12 de septiembre (cuando la regidora hizo pública la sentencia sobre el pago del canon de 2019) dije que estábamos a favor de que fuese así porque la sentencia nos abría esta posibilidad y no cuesta dinero. No me parecía hacer el Pleno de forma urgente porque tenía una serie de dudas», por lo que solicitó un informe al secretario municipal.

«La mayor discrepancia con mi socio de Gobierno (el grupo Ciudadanos) es que ellos piensan que no hay que pagar los canones (hasta que se realice la revisión de oficio) y yo pienso que sí. La sentencia, en este sentido es taxativa, hay que pagar y luego hacer otras cosas, porque cada vez que no se paga, nos cuesta a los vecinos, unos 400.000 euros de intereses».

En cuanto a la actitud de MCV Corazón Villalbino, Vargas dice que se siente «utilizada. (Toral) No ha cumplido el reglamento y tenía que haber expulsado al segundo concejal, pero he pensado que era una estrategia para no mostrar su voto y he dejado que él tomara la decisión de irse voluntariamente. Él interrumpía todo el rato para que le echase. Es una estrategia pero no sé a qué responde».

«Estamos en política para dar la cara y explicar las posiciones que estamos defendiendo», dice el portavoz del PSOE, Andrés Villa, «lo que no puede ser es que sean los únicos que votan en contra de que el Ayuntamiento revise lo que ha hecho y cuando ven que se quedan solos, monten un circo para que se les eche. No me parece que esto sea lo que Collado Villalba necesite».

¿Qué ocurrirá ahora?

El Ayuntamiento dispone de diez días para que los interesados -el Pleno, como órgano de contratación, la empresa concesionaria y el avalista- hagan alegaciones. Transcurrido ese periodo, el secretario municipal tendrá que hacer una propuesta, que pasa a la Comisión Jurídico Asesora de la Comunidad de Madrid (órgano que tiene las atribuciones en la región madrileña; en otras comunidades es el Consejo de Estado quien revisaría este tipo de situaciones), que tiene que emitir un informe de carácter vinculante. Si esta Comisión Jurídico Asesora dice que el contrato es legal, aquí terminaría el procedimiento.

Por el momento, la factura del canon correspondiente al año 2019 ya ha pasado por Junta de Gobierno, por lo que su abono es inmediato; mientras que la de 2020 está judicializada y la vista se ha fijado para enero de 2024. Así, el Ayuntamiento debe las facturas de 2020, 2021 y 2022.

«Pero para pagar es necesario dar conformidad y no podemos hacer eso porque la concesionaria no ha cumplido«, ha zanjado Bernardo Arroyo.

La postura de la oposición

Por su parte, el resto de grupos voto a favor de esta revisión de oficio. El Partido Socialista ha reconocido que «hasta que Ciudadanos no ha entrado en el equipo de Gobierno, el PP no se había preocupado de fiscalizar y vigilar los pagos que se hacían a la concesionaria durante 12 años. Sin embargo, nosotros pensamos que es un contrato y los contratos, que son acuerdos entre dos partes, se tienen que pagar; si una parte no cumple no quiere decir que tú tengas que dejar de cumplir la tuya; hay que cumplir y exigir a la otra parte que ella también lo haga», ha explicado su portavoz, Andrés Villa.

«Desde que esto ha comenzado, hemos sido los primeros que hemos votado a favor de estas cuestiones porque somos los primeros interesados, junto a los villalbinos, de que se hable con claridad sobre esto. A 40 años, el coste será de 96 millones de euros, pero en ese tiempo, este Ayuntamiento va a ingresar unos 2.100 millones de euros (52 millones al año). Nos guste más o menos, la obra está ahí, está hecha y solo va a suponer el 4 por ciento de los ingresos totales que va a tener este Ayuntamiento», ha desgranado el secretario general de los socialistas villalbinos.

«No tenemos miedo a hablar del túnel; ha habido seis sentencias sobre el canon, informes (del Consejo de Estado y Guardia Civil) y auditorías hay muchos tribunales y gente experta en la materia que ha dicho que, nos guste más o menos, el procedimiento es correcto. La concesión administrativa es un procedimiento caro pero legal)», ha concluido el socialista.

Por parte de Unidas por Collado Villalba, su portavoz, Alece Fernández, se ha felicitado de que «se vaya a revisar el contrato porque hemos defendido que si la obra costó 32 millones de euros y con el canon acabemos pagando 97 entendemos que podía ser una estafa y las estafas son ilegales«.

La portavoz de Vox, Ana de Dompablo, ha señalado que «nosotros en todo este procedimiento judicial fuimos muy prudentes porque sabíamos que era un contrato muy controvertido y no estábamos totalmente de acuerdo en la forma en la que se hizo -dividir penalidades y pedir a la vez la rescisión del contrato- ya que sabíamos que podría conllevar problemas como así ha sido. Pero es un contrato en el que no se ha actuado con la suficiente diligencia en estos 15 años y había que apoyar la revisión de oficio».

El portavoz de Más Madrid, Gonzalo Díaz, ha añadido que «queremos luz y taquígrafos en ese contrato. No está nada claro y los villalbinos necesitan certezas y explicaciones de porqué se ha llegado a esta situación y se abre una posibilidad de revisar el contrato y saber si es legal o no y que los futuros gobiernos que lleguen a gestionar esta ciudad sepan si tienen que pagar esa factura o no y saber si corresponde a obra o a obra y concesión por un servicio que se está prestando. Ahora mismo la situación es que con la sentencia no queda nada claro y con el informe vinculante del Consejo Consultivo sabremos por dónde tenemos que ir».