«A propósito de la ocupación de los edificios de la Calle Real de Collado Villalba», por Bernardo Arroyo
El pasado mes de diciembre la Asamblea de la Vivienda de Collado Villalba organizó y ejecutó la ocupación de ochenta y seis viviendas sitas en dos edificios de la calle Real, arteria principal de la ciudad, por cerca de un centenar de personas, según manifestó la propia fuente de la que se han hecho eco diferentes medios de comunicación, tratándose de “familias con hijos e hijas, juventud precaria y combativa, personas mayores con escasos recursos y gente que se hallaba en situación de calle”.
Dicha acción ha sido aplaudida y jaleada por diversos partidos políticos entre los que se encuentran tres en coalición con presencia en el Pleno Municipal, a saber Podemos, Izquierda Unida y Cambiemos Villalba. Estas formaciones denuncian en un comunicado que el Ayuntamiento de Collado Villalba tiene unos Servicios Sociales mal dotados y nada operativos que han mostrado desidia en la búsqueda de soluciones habitacionales para sus vecinos más necesitados a los que se abandona en la calle, legitimando la acción delictiva realizada como solución necesaria para dotar a los vecinos de Collado Villalba en situación de emergencia social de soluciones habitacionales.
Esta sesgada visión ha sido cacareada hasta la extenuación por la Asamblea de la Vivienda y los partidos políticos que la soportan, labor a la que han contribuido de forma instrumental y útil al movimiento determinados canales de televisión con programa mañanero de esos que se dedican por igual a la denuncia social que a las condiciones de tinte de unas mechas perfectas. Lo cierto es que a pesar de la situación de extrema vulnerabilidad denunciada por la promotora de la ocupación, ha sido notable su opacidad y falta de transparencia la hora de facilitar las tareas de identificación de los ocupantes precisamente para acelerar las labores asistenciales de los servicios sociales del Ayuntamiento.
Avanzadas precisamente las labores de filiación realizadas por Guardia Civil y Policía para dicha identificación y después de todo lo que se ha dicho, resulta que se trata de 70 personas, la mayoría de las cuáles han sido traídas desde fuera del municipio para la ocupación. No seré yo quien cuestione en los tiempos que corren la necesidad de ser solidarios, pero no podemos admitir y mantenernos ajenos a la constante manipulación y falsedad de quienes actúan desde dentro y desde fuera del Pleno municipal en descrédito de la Institución.
Pues bien, es la Asamblea de la Vivienda que goza de la legitimidad que le otorga la comisión de delitos contra la propiedad la que se erige en órgano de asignación de soluciones habitacionales, distribuyendo los inmuebles capturados entre su gente, a la que se trae mayoritariamente desde fuera del municipio para tal fin, dando y quitando en virtud de lo preceptuado por el Gran Totem Ocupator. Sirva de ejemplo lo ocurrido con las ocho personas sin techo que el Ayuntamiento de Collado Villalba está acogiendo en el polideportivo Antonio Machado de forma provisional hasta el próximo lunes, día en el que serán realojados a través de la Parroquia de Nuestra Sra. Del Carmen de Los Negrales. Paradójicamente habían sido previamente desechados por la Asamblea porque al parecer todas las viviendas ocupadas ya estaban reservadas a sus jóvenes combativos, fundamentalmente gente de fuera del municipio.
La usurpación y la ocupación que conlleva son actos delictivos que derivan siempre en problemas de orden público, de salubridad y de seguridad lo que incide en una progresiva y constante degradación de nuestras ciudades y Collado Villalba no es una excepción. En el recuerdo reciente de todos están los enormes problemas que trajo en materia de orden público la ocupación de las casi cincuenta viviendas del Edificio Madrid, donde se vendió el mismo discurso y lo que tuvimos fue un nido de delincuencia precisamente porque toda solución que no tenga amparo en la Ley o que implique un desbordamiento de la mima termina en el mismo sitio.
No hay otra solución que el Estado de Derecho, aún con sus errores, que indudablemente los tiene. Constituye una auténtica aberración que la solución a problemas de emergencia social sea establecer prioridades en la protección de derechos fundamentales, singularmente el vaciamiento de contenido el derecho fundamental a la propiedad.
El Ayuntamiento de Collado Villalba tiene un marco legal y competencial de actuación y ha de gestionar unos recursos que son limitados con eficiencia. El Ayuntamiento no tiene competencia para asumir el papel de un constructor que ha dejado inacabados trabajos que condicionan la emisión de la correspondiente licencia de ocupación, para que esta acción a su vez le posibilite la eventual firma de un convenio de cesión de viviendas con la SAREB para fines sociales (por cierto, se nos indica que de las 86 viviendas ocupadas tan solo 27 son propiedad de la SAREB).
Para que una vivienda sea puesta en funcionamiento como solución habitacional tienen que estar en condiciones de habitabilidad y de seguridad fundamentalmente por respeto a la dignidad de las personas. El Ayuntamiento de Collado Villalba no tiene competencias en materia de vivienda pública y reitero ha de emplear sus recursos en el marco de sus competencias en beneficio de los vecinos de Collado Villalba.
No alcanzo a comprender cómo puede tolerarse en un país moderno y democrático como el nuestro que el principal promotor de la deslegitimación de las instituciones sea el propio Vicepresidente del Gobierno de la Nación, el Sr. D. Pablo Iglesias, que además es un contrastado incompetente Ministro de la cartera de asuntos sociales. Este señor justifica sin rubor la comisión de determinados delitos por parte de personas vinculadas a asambleas, comunas, asociaciones, agrupaciones y toda suerte de universitas personarum conveniente y paradójicamente subvencionadas por el Estado con el fin cargarse las instituciones. Los Ayuntamientos estamos atados competencialmente y si se pretende que hagamos determinadas cosas tenemos además que ser dotados de instrumentos legales, de marcos competenciales y de recursos para hacerlo.
Los Entes municipales somos precisamente la Administración que a las resultas de la crisis económica hemos cumplido los deberes de racionalización de gasto y contamos con recursos de los que no podemos disponer para atender de forma más eficiente a los ciudadanos. El Gobierno sólo se ha acordado de los Ayuntamientos para meter la mano en sus cajas para cubrir los enormes huecos que ha dejado a nivel nacional una pésima planificación económica y un no parar de improvisaciones. Agradecería que en vez de subvencionar estructuras paralelas que vienen a degradar nuestras ciudades y a manipular e instrumentalizar la necesidad de nuestros vecinos se doten a las administraciones locales de los instrumentos y los recursos para hacer su trabajo con mayor eficiencia.
Para finalizar he de referirme a la obscena utilización que se ha hecho de la figura de D. Alfonso, nuestro vecino tristemente fallecido recientemente en un parque de la localidad, como justificación de la ocupación de la Calle Real. Es un ejercicio de hipocresía permanente que representantes de las formaciones políticas nos tengan acostumbrados a aplaudir en Pleno la abnegada labor de las trabajadoras de Servicios Sociales del Ayuntamiento para luego defender que nuestros vecinos en situación de vulnerabilidad social fallecen en nuestros parques porque el Ayuntamiento los abandona. Muchos de los expedientes que tramita Servicios Sociales tienen una notable complejidad, porque se trata con personas (no con gente) con situaciones muy diversas, con y sin familia, con y sin patologías físicas y psíquicas (además muy diversas), personas con capacidad de obrar y por tanto de decidir qué hacen y qué no, salvo que estén incapacitados por un juez, lo que incorpora en algunos casos el problema de la resistencia de los propios afectados a aceptar determinadas soluciones tan evidentes como puede ser ir un albergue. El fallecimiento de D. Alfonso ha producido una profunda consternación en el área de Servicios Sociales, porque se le conocía, se trataba con él y se estaban buscando soluciones junto con su familia que su fallecimiento lamentablemente truncó. Que Podemos y toda la estructura paralegal que lo rodea demuestre pocos escrúpulos en su estrategia política no es algo que me sorprenda, pero no termino de acostumbrarme.
Considero que es un escándalo la manipulación que se está haciendo de toda esta situación y estoy convencido de que forma parte de una estrategia mantenida en el tiempo y subvencionada desde el propio gobierno central de deslegitimación de las instituciones democráticas y de desbordamiento de la Ley. La finalidad no es social y dista de serlo, es política y pasa por imponer por la fuerza que hay derechos fundamentales de primera y derechos fundamentales de segunda como el derecho de propiedad que debe ser vaciado de contenido en beneficio de “la gente” y ello porque los ciudadanos no tenemos derecho a ser protagonistas de nuestras vidas sino que debemos depender del Estado.
Este sábado día 16 de enero, en plena pandemia a dos días del cierre del Barrio del Gorronal y disparándose otra vez los índices de contagios, vamos a tener una manifestación en la Plaza de la Estación autorizada por Delegación de Gobierno, que ya sabemos a lo que juega, con la finalidad de aumentar la repercusión de lo acontecido en un claro efecto llamada y es intolerable.
Bernardo Arroyo Abad
Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Collado Villalba
