El exalcalde de Moralzarzal achaca a «una invención» del PP la acusación de prevaricación en contratos menores

El ex alcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y la ex concejala de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, Susana Villarreal, han defendido este miércoles durante un juicio por un delito de prevaricación administrativa que su actuación en materia de contratación se ajustó a la legalidad vigente y que las acusaciones formuladas en su contra responden a «una invención del Partido Popular». A los procesados, que integraban la formación Vecinos por Moralzarzal Participa! (VMP!), se les imputa un delito continuado de prevaricación administrativa por el  presunto uso irregular de contratos menores durante los años 2016 y 2017. La defensa solicita la libre absolución de sus clientes.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique el ejercicio de funciones de alcalde, teniente de alcalde o concejal en cualquier corporación local durante ocho años.

Según el exalcalde, el procedimiento de contratación municipal se inició utilizando el mismo sistema que había empleado anteriormente el PP en el Ayuntamiento y, posteriormente, fue adaptado a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Además, critica que se les esté acusando por contratos correspondientes a un periodo anterior a la entrada en vigor de la nueva normativa.

Introdujeron modificaciones para ajustarlos a la legalidad

Asimismo, han remarcado que, a diferencia de gobiernos anteriores, su equipo sí atendió a los requerimientos del interventor y observaciones formulados por dicho empleado municipal, introduciendo modificaciones en los procedimientos para ajustarlos a la legalidad, mientras que en etapas previas dichos avisos no eran tenidos en cuenta.

Según el regidor, cuando llegaron al Ayuntamiento se pusieron en manos del interventor municipal para empezar a ver cómo funcionaba el Consistorio y dar continuidad a lo que se hacía.  «Se actuaba conforme a los informes técnicos», ha reseñado.

Los acusados confían en que el proceso judicial permita aclarar los hechos y demostrar que no existió voluntad de vulnerar la ley ni de fraccionar contratos de manera irregular.

Declaración del interventor

En la fase testifical, ha comparecido el interventor municipal, quien ha defendido la actuación de los procesados. Así, ha explicado que a raíz del cambio de la ley las facturas y contratos debían ir acompañados de un expediente y los acusados fueron adaptando los procedimientos a la nueva normativa.

«La nueva ley dio un cambio y profundizó en la doctrina. La propia ley no definía que era un fraccionamiento de contrato», ha especificado, indicando que algunos de los contratos a los que se refiere la fiscal eran normales.

«Desde la intervención municipal se dieron instrucciones para que se tuvieran en cuenta los nuevos criterios, atendiendo a las peticiones el equipo de Gobierno. Los contratos menores no desaparecieron pero sí se siguieron instrucciones», ha dicho. Además, ha defendido que la ley no prohíbe el fraccionamiento.

Figura del contrato menor

Según el Ministerio Fiscal, ambos responsables municipales habrían abusado de la figura del contrato menor, que utilizaron en más del 50 por ciento de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de eludir los procedimientos de licitación pública exigidos por la normativa de contratación administrativa.

El fiscal sostiene que los acusados fraccionaron de forma sistemática contratos con idéntico objeto y unidad funcional, aprobando facturas separadas para evitar superar el límite legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores de servicios. Esta práctica, señala el escrito, permitió «favorecer a determinadas empresas en perjuicio de otras, vulnerando los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato».

Durante el periodo investigado, el entonces alcalde habría aprobado contratos pese a los reiterados reparos de legalidad formulados por el vicesecretario interventor municipal, quien advirtió en varias ocasiones de la irregularidad de las contrataciones. En todos los casos, el regidor resolvió las discrepancias levantando los reparos de la Intervención.

Entre los contratos cuestionados figuran actuaciones de mantenimiento de edificios públicos, con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016; el mantenimiento de zonas ajardinadas,  adjudicado de forma fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que excedieron los límites legales tanto en 2016 como en 2017; y  el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22.700 euros en un solo ejercicio.

El fiscal también denuncia una prórroga tácita prohibida por ley en un contrato de mantenimiento de zonas verdes, así como irregularidades en campañas de publicidad municipal, alquiler de equipos de sonido y otros servicios considerados permanentes y recurrentes, que debieron tramitarse mediante procedimientos abiertos.

Para el Ministerio Público, J. C. R. O. actuó como autor material del delito, mientras que S. V. B. participó como cooperadora necesaria, al rubricar y tramitar las contrataciones desde su Concejalía.