La Audiencia de Madrid juzga al ex alcalde de Moralzarzal y la ex edil de Urbanismo por presunta prevaricación continuada
Ambos responsables municipales habrían abusado de la figura del contrato menor, que utilizaron en más del 50 por ciento de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento.
La Audiencia Provincial de Madrid celebra este miércoles un juicio contra el ex alcalde de Moralzarzal Juan Carlos Rodríguez Osuna y la ex edil de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras Susana Villarreal acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa por el uso irregular de contratos menores durante los años 2016 y 2017.
Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, ambos responsables municipales habrían abusado de la figura del contrato menor, que utilizaron en más del 50 por ciento de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento, con el objetivo de eludir los procedimientos de licitación pública exigidos por la normativa de contratación administrativa.
La Fiscalía solicita para ambos la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que implique el ejercicio de funciones de alcalde, teniente de alcalde o concejal en cualquier corporación local durante ocho años.
La ex edil de Urbanismo de Moralzarzal Susana Villarreal
Fraccionamiento de contratos
El fiscal sostiene que los acusados fraccionaron de forma sistemática contratos con idéntico objeto y unidad funcional, aprobando facturas separadas para evitar superar el límite legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores de servicios. Esta práctica, señala el escrito, permitió «favorecer a determinadas empresas en perjuicio de otras, vulnerando los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato».
Durante el periodo investigado, el entonces alcalde habría aprobado contratos pese a los reiterados reparos de legalidad formulados por el vicesecretario interventor municipal, quien advirtió en varias ocasiones de la irregularidad de las contrataciones. En todos los casos, el regidor resolvió las discrepancias levantando los reparos de la Intervención.
Entre los contratos cuestionados figuran actuaciones de mantenimiento de edificios públicos, con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016; el mantenimiento de zonas ajardinadas, adjudicado de forma fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que excedieron los límites legales tanto en 2016 como en 2017; y el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22.700 euros en un solo ejercicio.
El fiscal también denuncia una prórroga tácita prohibida por ley en un contrato de mantenimiento de zonas verdes, así como irregularidades en campañas de publicidad municipal, alquiler de equipos de sonido y otros servicios considerados permanentes y recurrentes, que debieron tramitarse mediante procedimientos abiertos.
Para el Ministerio Público, Juan Carlos Rodríguez Osuna actuó como autor material del delito, mientras que Susana Villarreal participó como cooperadora necesaria, al rubricar y tramitar las contrataciones desde su Concejalía.
