Unidas El Escorial denuncia el «canon de terraza» que se pide en una promoción de viviendas protegidas

Unidas El Escorial ha mostrado su preocupación por la noticia publicada hace unos días en eldiario.es en relación con una promoción de 88 Viviendas Protegidas de Precio Limitado (VPPL), comercializadas en régimen de cooperativa y situadas en la zona de El Tomillar. «Condenamos enérgicamente el uso de este tipo de fórmulas en proyectos que incrementan el coste de la vivienda, ya que contradicen el objetivo fundamental de garantizar el acceso universal a una vivienda digna, tal como lo establece nuestra Constitución», han indicado desde este grupo.

Según esta información, indican desde Unidas, una gestora de viviendas protegidas en El Escorial estaría exigiendo «pagos adicionales indebidos a los compradores, bajo el concepto de un supuesto canon de terraza». Estas prácticas han generado una gran controversia al vulnerar las normativas de protección de vivienda y atentar contra los derechos de los compradores.

Esta formación, haciéndose eco de la noticia publicada en eldiario.es, señala que los compradores estarían siendo presionados «para abonar un sobreprecio que asciende a 38.500 euros». Un cargo adicional que no está contemplado en los contratos oficiales ni en las regulaciones que rigen la compraventa de este tipo de inmuebles, «lo que lo convierte en una práctica ilícita», subrayan.

Garantizar el acceso a la vivienda

Las viviendas de protección, continúan, tienen precios limitados establecidos por la administración pública, cuyo objetivo es garantizar su accesibilidad para los ciudadanos con recursos económicos limitados. «Imponer sobrecostes, como este canon de terraza, no sólo contraviene estas regulaciones, sino que también distorsiona el propósito social de este tipo de viviendas», indican desde Unidas El Escorial, grupo que en el Ayuntamiento está representado por el concejal Pablo Orueta.

«Este caso pone de manifiesto la importancia de una supervisión estricta en la gestión de viviendas protegidas, para garantizar que cumplan su función social y se ajusten a la normativas vigente», aseguran, añadiendo que solicitarán al Gobierno local la información que tenga al respecto, «así como posibles acciones para salvaguardar un derecho fundamental como es acceso a la vivienda».