La Comunidad de Madrid no puede revisar de oficio el contrato del túnel de Honorio Lozano de Collado Villalba
El Ayuntamiento de Collado Villalba ha recibido el dictamen del Órgano Consultivo Asesor de la Comunidad de Madrid sobre la solicitud de revisión de oficio del contrato de concesión de obra pública para la construcción de un aparcamiento y paso subterráneo y reforma del entorno de la calle Honorio Lozano, entre la calle Real y la calle Virgen del Pilar y nuevo diseño urbano de la calle Batalla de Bailén.
En el documento se señala que no es posible llevar a efecto esta revisión de oficio, por lo que a partir de ahora tanto el área de Urbanismo, dirigida por Adan Martínez, como el de Contratación, por Miguel Aisa, deberán iniciar anualmente una auditoría para comprobar si la empresa concesionaria de esta instalación cumple con el contrato y si no es así, mediante el sistema de penalidades, minorar el canon que abona al Consistorio.
A petición del Pleno
El pasado mes de noviembre, todos los grupos municipales que componen la Corporación, a excepción de MCV Corazón Villalbino, apoyaron, en un Pleno extraordinario que la Comunidad de Madrid revisase de oficio este contrato.
El Pleno se celebró a petición de Ciudadanos (sus cuatro concejales formaban parte del equipo de Gobierno junto con Partido Popular y la edil no adscrita Diana Barrantes), solicitud a la que se adscribieron los seis ediles del PSOE, los tres de Unidas por Collado Villalba y el edil de Más Madrid. Esta acción de Ciudadanos se produjo después de conocerse en septiembre la sentencia sobre el canon correspondiente al año 2019, que obliga al Consistorio a su pago.
En esta sentencia, además de abrirse la posibilidad de solicitar la revisión oficio -ahora desestimada-, el Juzgado de lo Contencioso–Administrativo de Madrid reconocía el derecho de la concesionaria del túnel y aparcamientos de cobrar la factura, por un importe de 1.718.851 euros, correspondiente a 2019, estimando así el recurso presentado por la empresa y obligando al Consistorio a este pago.
El Ayuntamiento se había opuesto al abono de dicha factura al considerar que ésta estaría “condicionada al cumplimiento por parte de la concesionaria del resto de obligaciones asumidas en el Plan Económico Financiero, y, entre otras, las partidas relativas a inversiones y mantenimiento. La alcaldesa, Mariola Vargas, no quiso que los servicios jurídicos del Ayuntamiento recurriesen la sentencia.
