El Ayuntamiento de Collado Villalba desaloja a la familia que ocupaba aulas prefabricadas del colegio Mío Cid, que han sido derruidas

Finalmente Faustina, su marido Manuel, con una discapacidad del 54 por ciento, y sus cinco hijos -de 20, 14, 13, 8 y 5 años, también con una minusvalía del 33 por ciento que va en aumento-, han tenido que abandonar el aula prefabricada del antiguo colegio Mío Cid, en el barrio del El Gorronal, en Collado Villalba, que ocuparon el pasado 7 de diciembre.

Esta mañana, poco antes de las 8, se desplazaban hasta la calle Nicolasa Fernández, 21, unos 15 agentes de la Guardia Civil? así como una veintena de miembros de la Policía Local para hacer efectivo el acuerdo que el pasado miércoles aprobó el Pleno y que daba potestad al Ayuntamiento para recuperar una propiedad municipal que se va a destinar a la construcción de un circuito de Educación Vial.

La familia, que en ningún momento ha presentado oposición al desalojo, ha pedido a los cuerpos y fuerzas de Seguridad que permitieran a los menores terminar de prepararse para irse al colegio, donde están escolarizados. Una vez que los niños se han ido, trabajadores de la Brigada de Obras del Ayuntamiento han ayudado a vaciar el inmueble y se han llevado tres camiones con las posesiones de la familia de Faustina, que quedarán guardadas en el garaje que el Consistorio tiene en el Edificio Europa, en la calle Batalla de Bailén, hasta que sus propietarios se hagan cargo.

A las 11.30 horas estaba prevista un reunión con Servicios Sociales para buscar una solución habitacional para estas siete personas, ya que si no, como advierte Faustina, «hoy dormiremos en la calle».

Para evitar que entren «nuevos inquilinos» tras el desalojo, una retroexcavadora de la Brigada de Obras ha dejado inservible esta instalación, que ocupa unos 160 metros cuadrados de los cerca de 2.500 metros cuadrados con los que cuenta la parcela.

Cuatro ocupaciones

Faustina lleva 21 años viviendo en Collado Villalba y, como ella misma reconoce, ha ocupado ya en cuatro ocasiones. «La alcaldesa y la asistenta social se niegan a darme vivienda, ninguna solución, solo mi madre», con quien vivían antes de entrar en el Mío Cid.

«Aquí no ha venido nadie. Hace 15 días me dieron un papel, pero no ponía nada de desalojo. Y ahora han venido con el desahucio de un día para otro; no me ha dado tiempo a nada», explica. «Me parece una injusticia muy fuerte. Les dije que vinieran a las 9 para que mis chicos no vieran este panorama, pero han venido a las 7.30, me han partido la puerta, y mis hijos lo han visto… ¿Para qué? ¿Para que la alcaldesa venga a jugar aquí con la bici?».

«Les he dicho: tranquilos, que las puertas os las abro y se han puesto a hablar con los niños. Les han dicho: tranquilos, no pasa nada, os vamos a dar una casa, que esto no sirve para vivienda, para calmarles».

Además, Faustina denuncia que desde Servicios Sociales «me intentan intimidar para quitarme a mis hijos, pero no lo van a conseguir». En 2018, estuvo en el Tribunal de Menores «para quitarme la potestad pero no lo han conseguido. Dijeron que los niños están en condiciones para estar con su familia, que estaban bien, limpios, iban al colegio… La única solución es quitarme a los niños porque no tengo vivienda, pero no me la dan».

Denuncia por antigitanismo

El próximo miércoles, el Secretariado Gitano va a hacer una denuncia por antigitanismo y discriminación al Gobierno municipal «porque esta mujer lleva sufriendo racismo institucional desde 2018», dice Tamara Macías, de la ODS, Oficina de Derechos Sociales Sierra Norte, que lucha por los derechos de las personas del municipio.

«Servicios Sociales lo único que hace es intimidarla, amenazarla y amedrentarla a ella y a todas las madres que acuden. Las trabajadoras sociales se pasan el código odontológico (sic) por el forro de las narices. Así que Mariola Vargas que se deje de decir que los Servicios Sociales de este municipio funcionan, porque no funcionan y lo vamos a denunciar».

14 familias en situación similar

Desde la ODS se calcula que en Collado Villalba hay unas 14 familias en una situación similar a la de Faustina, «con extrema vulnerabilidad, la mayoría de ellas son mujeres, porque la pobreza y las usuarias de Servicios Sociales tienen forma de mujer con hijos menores a su cargo y lo único que reciben son amenazas».

«Están siendo vulnerados derechos fundamentales y los Servicios Sociales no están cumpliendo ni con la Carta de Servicios, no realizan prestaciones básicas, la gente está totalmente abandonada, no reciben el cheque comida, que además es para una tiendecita del pueblo, que lo que cunde 20 euros en Carrefour no te cunde en estas tiendecitas porque los precios son elevadísimos, hay contratos fraudulentos…», enumera esta representante de la ODS Sierra. «Además, afirma que este desahucio está irregular en forma “desde el Pleno extraordinario, donde no ha habido una sesión informativa previa como tiene que haber. Nos vamos a poner en contacto con organismos superiores, con el Defensor del Pueblo».

«Se niegan a aportar el Informe de Vulnerabilidad -documento que tiene que solicitar un juez- y dar el número de expediente a los propios usuarios. Cuando Mariola Vargas dice en el Pleno que no puede aportar datos demuestra su incompetencia. Nadie la está diciendo que dé nombres y apellidos, sino un Informe Social, que las buenas trabajadoras saben cómo hacerlo sin que aparezcan datos», lamenta Tania Macías.