El Defensor del Pueblo propone utilizar una ley antitransfugismo para considerar a los dos ediles de MCV Corazón Villalbino como no adscritos
La Oficina del Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada por la nueva directiva de MCV Corazón Villalbino sobre la no consideración de los concejales Cristina Toral y Carlos Gentil como no adscritos por parte del secretario del Ayuntamiento tras ser expulsados el pasado 10 de enero de este partido.
Según el presidente de MCV Corazón Villalbino, Roberto Ramos, el informe sobre el que se apoya el secretario municipal para no contemplar a ambos ediles como no adscritos se ampara en una ley correspondiente al año 1986, sin embargo en 2003, tras el ‘Tamayazo’ y para evitar el transfuguismo de los ediles, se aprobaron una serie de Mediadas para la Modernización del Gobierno Local «que produjo un cambio relevante en la hasta entonces organización exclusivamente grupal del trabajo de los ediles».
En esta nueva normativa, excluida en el informe del secretario municipal y que apunta el Defensor del Pueblo, se recoge que «los concejales que sean expulsados de la formación política por la que concurrieron a las elecciones -representen o no la mayoría del grupo político municipal- quedan privados de seguir perteneciendo a dicho grupo».
«La razón última por la que se reconoce la figura de los ediles no adscritos es evitar que un corporativo siga formando parte de un grupo al que ya no representa por su posición ideológica o actuación municipal. Por tanto, resultaría el todo contradictorio imponer su presencia en el mismo una vez que el partido político por el que se presentó y en virtud del cual se constituyó el grupo ha decidido su expulsión de la formación política».
Papel del secretario municipal
Por todo ello, el Defensor del Pueblo dice que el Ayuntamiento de Collado Villalba «ha de proceder a analizar la documentación aportada y le corresponderá al secretario municipal comprobar que la comunicación de expulsión se ha presentado por el representante del partido político, que se ha adoptado por el órgano competente del partido y que se ha seguido el procedimiento establecido (…) y que el acuerdo de expulsión es firme».
Así, el secretario deberá analizar toda la documentación aportada por el partido (y si necesita más, pedirla; aunque según Ramos tiene todo desde enero y no les ha solicitado más) y emitir un informe con el cual la Corporación en sesión plenaria deberá tomar en consideración o no de los concejales como ediles no adscritos.
Tras recibir esta contestación por parte del Defensor del Pueblo, el presidente del MCV Corazón Villalbino, Roberto Ramos, se ha mostrado satisfecho, ha vuelto a denunciar «el secuestro de nuestras siglas» y ha tachado la actuación tanto del secretario como de la alcaldesa, Mariola Vargas, de «caciquismo» y «trilerismo político vulnerando el Reglamento Orgánico Municipal. Nosotros hemos respetado todos los tiempos tanto de nuestros estatutos como de la Constitución».
Denuncia a la alcaldesa
Ramos exige que ambos ediles «abandonen las siglas y que sean no adscritos», así como que devuelvan las cantidades cobradas desde el 10 de enero de 2024 (fecha en la que la expulsión de ambos se hizo oficial). «Están en una situación de fraude amparados por Mariola; es una situación lamentable y carroñera. Nosotros venimos a solucionar los problemas del Ayuntamiento y a trabajar y ellos (Toral y Gentil) no están haciendo absolutamente nada, se lo están llevando crudo».
Sobre la actuación de la alcaldesa, Ramos ha indicado que si no se revierte esta situación denunciará a la regidora en el Juzgado «por prevaricación», querella que se uniría a la interpuesta por vulneración de derechos.
