Tribuna abierta.- «¿A callar y a pagar hasta 2046?», por Bernardo Arroyo, primer teniente de alcalde y concejal de Contratación de Collado Villalba

El 27 de julio de 2022 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 34 de Madrid dictó sentencia por la que condena al Ayuntamiento de Collado Villalba a pagar el canon correspondiente a 2019. De esta forma el Juzgado resuelve la demanda de reclamación de cantidad interpuesta contra el Ayuntamiento, a pesar de que la concesionaria haya incumplido radicalmente el conjunto de obligaciones de inversión, gastos de mantenimiento y demás contenidas en el Plan Económico financiero de la concesión para la construcción y explotación de los aparcamientos de Honorio Lozano y la Biblioteca Miguel Hernández, incumplimiento pertinaz y reiterado nada más y nada menos que desde 2008 hasta la fecha, lo que no generó hasta que entré en el ejercicio de mis responsabilidades la necesidad por parte del Ayuntamiento de incoar procedimiento alguno de penalidades.

Por primera vez, desde 2008 se ha llevado ante el juez la interpretación del contrato concesional y el plan económico financiero. Un contrato cuyo cumplimiento no ha sido fiscalizado desde que esto empezó y lo cierto, es que el resultado de la resolución ha sido espeluznante: Dice la jueza que hay que pagar, aunque la concesionaria no haya cumplido el plan económico financiero porque el canon responde simplemente “a la finalidad de financiar la obra pública (…) aclarando, además que el riesgo de la inversión no estaba en la construcción del aparcamiento, sino en su explotación.”

Y esto… ¿qué quiere decir?

Pues lo que quiere decir la sentencia es que el Ayuntamiento entonces gobernado por el PSOE con mayoría absoluta y con D. José Pablo González Durán a la cabeza pactó con la concesionaria convertir TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA EUROS, (32.974.980 €), en  NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (96.789.705 €), que es lo que suman todos los cánones, eso son más de DIECISEIS MIL CIEN MILLONES DE PESETAS (permítame la licencia, soy una persona mayor y todavía paso a pesetas cuando quiero dimensionar las cosas). El beneficio para la Concesionaria es hiperbólico, cerca de SESENTA Y CUATRO MILLONES DE EUROS (más de DIEZ MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESETAS). Eso es meter un conejo en la chistera y sacar al mismísimo anticristo. Y encima la Concesionaria dice que el contrato ha sido una ruina para ellos, juzguen ustedes.

Como ha dicho el ex alcalde en un medio de comunicación recientemente, tratándonos a todos los villalbinos como tontos: “esto es como pagar la hipoteca”. No creo que ese señor haga muchas operaciones así con el dinero de su bolsillo, seguro que es más diligente que con el dinero público. Lo cierto es que ahora entiendo perfectamente la foto del matasuegras en Andorra. ¿No hubiera salido más barato financiar la obra con un banco habida cuenta de que se anticiparon 14 millones y sólo restaban 18?, ¿si es un pago aplazado, con qué interés se pactó para llegar a 97 millones?, y ¿por qué a 40 años si se desplaza todo el riesgo al servicio público como dice la sentencia?

Tengo que reconocer que cuando leí la resolución me quedé estupefacto porque lo que tengo sobre mi mesa es un contrato de concesión de obra y servicio público con un plan económico financiero que dice lo que dice, no que esto sea un acuerdo de pago aplazado de obra sobre la totalidad del canon. El título es único, aquí no hay dos cosas, así lo han valorado los peritos, así se ha tratado en el procedimiento de penalidades y así ha sido valorado por el Consejo Jurídico Consultivo de la CAM y su plan económico financiero cuantifica una serie de obligaciones para la concesionaria sin duda elevadas, pero que son las que precisamente permiten alcanzar la bestialidad de canon a cuarenta años (casi cien millones de euros). Pero la sentencia dice lo que dice y no ha sido apelada, por lo que es firme y por tanto con efectos de cosa juzgada.

Entonces … ¿a pagar y a callar?

Eso es lo que dice el Sr. José Pablo González Durán, que ha reconocido: “la sentencia es muy clara (…) el canon es la reversión de la obra, otra cosa es la concesión del servicio.”

Lo que no ha valorado el ex alcalde con esas declaraciones, es que lo podrían colocar frente al reconocimiento de la comisión de una ilegalidad.

Con la realidad que describe la sentencia, el canon se convierte en una apariencia, una simulación que blinda el pago aplazado de 97 millones de euros a la concesionaria, (es irrelevante si no cambian bombillas y dejan el túnel en completa oscuridad durante casi un año, o dejan de limpiar y da igual que hagan las inversiones pactadas o no), lo que convierte el pacto en ilegal. Y eso no lo digo yo. Eso se desprende con toda claridad del informe jurídico emitido por D. Ramón Caravaca Magariños, cuyo despacho presta sus servicios jurídicos al Ayuntamiento de Collado Villalba.

El informe dictamina a la luz del contenido de la sentencia: “… a nuestro juicio, los datos económicos agregados del PEF manifiestan su carácter ilegal, en tanto que el concesionario no asume ningún riesgo concesional. Del PEF se desprende que la Concesionaria no asume riesgo alguno ya que las aportaciones realizadas por el Ayuntamiento superan con creces el valor total de la obra pública ejecutada (…) para el concesionario el contrato ya es rentable con la mera ejecución de las obras y la percepción de la aportación pública inicial y anual, sin contar, claro, con el derecho de explotación de la obra durante 40 años. Lo anterior constituye una auténtica desnaturalización del canon del contrato de concesión de obras públicas, ya que la Administración Pública financia la totalidad de la obra pública, además de aportar un remanente equivalente a la inversión total realizada por el operador privado (…) por lo tanto es evidente que en el presente contrato existe un quebrantamiento del principio de riesgo que desnaturaliza completamente el contrato.” Es decir que se firma un contrato para enriquecer injustificadamente a un tercero.

Entonces, ¿dónde estamos? Porque la sentencia nos obliga a pagar el canon de 2019, principal e intereses. Pero ¿qué pasa con los cánones de 2020 en adelante?

Según el informe jurídico al que me he referido antes: “El Ayuntamiento tendría que buscar una fórmula con encaje en la normativa de contratación pública para revisar la legalidad del contrato y determinar sus consecuencias jurídicas.”

Ese procedimiento se llama revisión de oficio y es absolutamente urgente que se clarifique la posición legal del Ayuntamiento de cara a prestar conformidad o no a facturas sucesivas, porque los que firmen en lo sucesivo podrían incurrir en ilegalidad al favorecer una situación de enriquecimiento injusto de tercero. Es urgente que se someta a la consideración del Pleno la incoación de la revisión de oficio a la estamos obligados como institución a las resultas de lo que ha aflorado con esta sentencia e informar en todos los procedimientos que tenemos vivos esta situación.

El esclarecimiento de si el acuerdo es legal o si esconde un pacto de enriquecimiento injusto, con independencia de que pueda ser declarado nulo por carecer de causa o que sea simplemente anulable habida cuenta de la modulación que pueda hacer la autoridad judicial por el tiempo transcurrido y la inacción del Ayuntamiento a este respecto, lo que nos llevaría muy probablemente a un escenario de prescripción), no es una cuestión que se deba valorar desde la conveniencia política, de si el resultado me pueda afectar o no.

Es un tema de decencia y honestidad, los vecinos de Collado Villalba, el interés general, la seguridad y certidumbre jurídica y la confianza de los villalbinos en sus representantes y en sus instituciones están en juego, porque resulta evidente que durante mucho tiempo no se ha hecho lo que se tenía que hacer en relación a este contrato, tanto por acción como por omisión. No es admisible que nos limitemos a lamentarnos de que han metido un gol a todos los vecinos del municipio. Sin duda el PSOE tiene una injustificable responsabilidad, porque alumbró al monstruo, y lo cierto es que el actual PSOE todavía justifica la obra, lo que es demencial habida cuenta de lo que ha aflorado, pero también es cierto que después de alumbrarlo se le ha dado de comer discutiéndose aspectos no esenciales, lo que no ha sido diligente. El resultado es que aquí es muy fácil levantarle la pasta a los vecinos. Hay que llegar hasta el final ¿o acaso si me hacen una obra en mi casa y dónde me presupuestan 20.000 €, me pretenden cobrar 2 millones no pelearía?

Esta sentencia era imprescindible para entender qué se pactó, porque en esta Casa nadie entendía el título cuando llegué. El procedimiento judicial ha sido totalmente necesario. El problema es que nos encontramos con la naturaleza jurídica de las cosas 14 años después. De haber estado encima desde el principio como he estado estos años, las cosas hubieran aflorado antes.

El Ayuntamiento de Collado Villalba es una organización al que los vecinos suponen controles, habilitados, funcionarios, procedimientos, garantías y dirección suficiente para proteger su dinero, su patrimonio y sus intereses por encima de todo y si no han funcionado habrá que explicar por qué, pero además, ahora toca con la máxima diligencia y rapidez incoar la revisión de oficio del título a la luz de la interpretación por la sentencia firme dictada del contrato concesional y tomar todas las decisiones que sean necesarias en consecuencia. Repito, con urgencia, porque hay procedimientos pendientes y facturas por llegar hasta 2046 y la pasividad, la complacencia o el oportunismo político sólo pueden lastrar y perjudicar los intereses municipales que son los de todos los vecinos. Sí después de pelearlo todo, pero después de pelearlo, resulta que se ha consolidado toda esta desvergüenza, habrá que explicar a los vecinos que pagan sus impuestos y confían en sus instituciones, desde luego cada vez menos, qué ha pasado y cómo es posible.

Los que juegan a que todo esto es una obsesión personal del Concejal de Contratación de Ciudadanos sabrán a lo que juegan, desde luego tengo claro que no es a tener una ciudad organizada y segura y Collado Villalba merece otra cosa, de eso no tengo la menor duda. La lucha contra la corrupción nunca será efectiva mientras se mantengan los efectos de la misma.

Bernardo Arroyo

Primer teniente de alcalde y concejal de Contratación en el Ayuntamiento de Collado Villalba