Desde que comenzó la crisis económica en 2008, los Ayuntamientos se han enfrentado a importantes dificultades para abonar las facturas pendientes con las empresas que han trabajado para ellos. Un grave problema de liquidez que afectaba a multitud de pymes y autónomos, que en muchos casos han tenido que cerrar sus negocios por impago de la Administración Local. Hoy, la Ley de Morosidad y la Directiva Europea de Lucha contra la Morosidad obliga a los Consistorios a pagar a sus proveedores a 30 días, ¿pero nuestros ayuntamientos cumplen ese plazo? La edil de Hacienda de Collado Villalba, María del Mar Gil, reconocía que “durante los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy importante para ponernos prácticamente a corriente de pago con los proveedores, la mayoría de ellos pequeños comerciantes y empresarios de la localidad, y contribuir así a mantener la estabilidad de sus empresas y el fomento del empleo”.