El PSOE de San Lorenzo denuncia la subida de las tarifas del agua por las «prisas» para sustituir los contadores

El PSOE de San Lorenzo de El Escorial ha denunciado la «subida de las tarifas del agua y alcantarillado», asegurando que se trata de «un tasazo que pagarán todas las familias y que el grupo socialista ha denunciado por contravenir la ley, basarse en una falsa urgencia para favorecer a la empresa adjudicataria y perjudicar a los más vulnerables», además de no contar aún con el informe de la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid.

Según indica el edil socialista Francisco Herraiz, la modificación de estas ordenanzas fiscales, aprobada en el último pleno con los votos de PP, Vox y Nosotros San Lorenzo (Más Madrid se abstuvo, mientras que PSOE, Vecinos y Unidas San Lorenzo votaron en contra), supone «una subida del 19,404% en el servicio de alcantarillado», incremento al que une «nuevos costes fijos por conceptos que hasta ahora no se cobraban de forma separada, como la lectura o la instalación de los contadores, lo que encarecerá aún más el recibo final».

El concejal del PSOE manifestó también que la actualización basada en la evolución del IPC (las tarifas del agua no se actualizaban desde 2012) es «una práctica que está expresamente prohibida por una ley estatal del año 2015 impulsada precisamente para evitar que las administraciones repercutieran la inflación de forma automática en tasas y precios públicos». «Basar el aumento en este cálculo es un dislate absoluto», afirman.

Prisas injustificadas

Además, el grupo de la oposición habla de «prisas injustificadas» y de «una alarmante falta de planificación por parte del gobierno de PP y Vox». «La fabricada urgencia fue un pretexto para evitar un proceso de licitación pública», mantienen, añadiendo que el Ejecutivo «justificó la tramitación exprés de esta medida alegando la urgencia de sustituir los contadores de agua antes de una fecha límite que, como ahora se sabe, ha sido prorrogada por dos años más, hasta octubre de 2027». «Esta precipitación impidió abrir un concurso público que habría permitido a otras empresas competir y ofrecer un precio más bajo por la renovación de los contadores. En su lugar, el Gobierno local ha aceptado la propuesta de la actual adjudicataria, a pesar de que los informes técnicos municipales reconocían que era un 3,27% superior a lo calculado», continúan. En todo caso, el propio informe indicaba que estaba en los precios de mercado.

Por otra parte, el PSOE presentó una enmienda para crear una bonificación del 100% en el consumo básico de agua para familias en situación de vulnerabilidad económica, rechazada al señalar el equipo de Gobierno que estas ayudas ya se gestionan a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste, «sufragando no sólo una parte de la factura, como piden, sino la totalidad». Con todo, el grupo socialista defendió la necesidad de «establecer este derecho directamente en la ordenanza municipal para que no dependa de un ente supramunicipal».

«No les queda a ustedes ni una tasa por subir en este Ayuntamiento; su única política es hacer que los vecinos paguen más por los servicios básicos», concluyó Herraiz, mientras que el portavoz socialista, Diego Díaz, afirmó  que «entre defender a los vecinos o favorecer a una empresa, ponen por delante el interés económico de la adjudicataria. Además, niegan algo tan básico como que la empresa asuma el coste del consumo mínimo vital para las familias más necesitadas, del mismo modo que ya lo hace con otras bonificaciones, como la de las familias numerosas. Esto demuestra dónde están realmente los intereses del Partido Popular y sus socios».

13 años con los precios congelados

Frente a las críticas del PSOE, el portavoz del PP, Juan José Blasco, explicó que la modificación de la ordenanza reguladora de prestación del servicio de agua y alcantarillado tenía el objetivo de dar cobertura a la digitalización y sustitución de todos los contadores, incluyendo el sistema de telelectura. Una medida que, según el primer teniente de alcalde, permitirá mejorar la detección de fugas en el suministro y alertar de consumos anómalos. En la práctica, esto supondrá «un incremento de costes no contemplados en el contrato», que en las tarifas se traducirá en una subida del agua del 6,7%. En este punto, el edil recordó que los precios no se revisaban desde 2012 y que, en cualquier caso, el incremento estará sensiblemente por debajo del establecido por el Canal de Isabel II, que ronda el 30%.

De igual forma, y respondiendo a la petición del PSOE de que este tema se dejara para más adelante al haberse establecido una moratoria de dos años para la digitalización del ciclo del agua, Blasco indicó que esta medida se había adoptado en el último momento, cuando el trabajo «ya estaba hecho». «Eso sí que es un despropósito», subrayó, reiterando que los precios «están congelados desde 2012». «Ustedes creen que los ingresos vienen por ciencia infusa», respondió al PSOE, defendiendo la «contención de la carga impositiva, pero los servicios hay que pagarlos».