El pleno de San Lorenzo aprueba una moción de Vox que reclama «verificación estricta» en los informes para la regularización de inmigrantes

El último pleno celebrado en San Lorenzo de El Escorial aprobó una moción de Vox, sumando el apoyo de los concejales del PP (8) y Nosotros San Lorenzo (1), sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, que afectaría a entre 500.000 y 700.000 personas, aunque otras estimaciones elevan esta cifra hasta casi un millón.

Además de instar a que se ponga fin a este proceso, la propuesta incluía entre sus puntos la exigencia de que “todas las solicitudes de documentación tramitadas por el Ayuntamiento se sometan a una verificación estricta de los requisitos legales mediante comprobación individualizada, documentada y sin automatismos, prohibiendo expresamente la emisión de informes faltos de rigor o la acreditación de hechos no verificados”. De igual modo, se pedia que la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste realice una “evaluación técnica completa”, incluyendo entrevistas personales, de cara a los informes de vulnerabilidad.

La moción presentada por la edil de Vox, Marta Cebrián, recogía también el rechazo a la “adopción de medidas extraordinarias destinadas a facilitar procesos masivos, tales como los refuerzos de personal, horas extraordinarias, contrataciones especificas o dispositivos especiales”.

Por otra parte, a petición del Partido Popular se elimino el punto que hacía referencia a la repatriación de “todos los inmigrantes que se encuentren en situación ilegal en España” y al concepto de “prioridad nacional” para el acceso a las ayudas sociales y programas de vivienda.

Sobrecarga de los servicios públicos

En su intervención, Cebrián aseguro que la entrada en vigor de este proceso “está provocando en numerosos municipios una afluencia masiva de solicitantes hacia los servicios municipales, especialmente en Padrón, Registro y Servicios Sociales”. “Esta situación genera una sobrecarga significativa de los servicios públicos locales, con riesgo real de colapso de la atención ordinaria, retrasos en la tramitación de expedientes y una progresiva desatención de las necesidades de nuestros vecinos. A ello se suma la presión por la emisión de informes, en particular los de vulnerabilidad, que pueden llegar a elaborarse sin las debidas garantías si no se establecen criterios estrictos, así como la confusión sobre el papel del Ayuntamiento en un procedimiento que no le corresponde”, añadía, reclamando “medidas claras” que garanticen “una actuación administrativa rigurosa, ordenada y ajustada al derecho”.

“Resulta totalmente inaceptable que personas que han accedido al territorio nacional al margen de la legalidad sean posteriormente recompensadas mediante procesos de regularización que desvirtúan el ordenamiento jurídico y envían un mensaje de impunidad”, enfatizó Marta Cebrián, que acabó diciendo que “no queremos expulsar a todos los extranjeros, no mientan; dignidad es poder acceder a ayudas y respetar a la inmigración legal, a la que se lo curra”.

Un control real

Después, el portavoz del grupo popular y primer teniente de alcalde, Juan José Blasco, afirmó que el PP “no va a participar de ningún tipo de colectivización, ni de regularización masiva, ni remigración masiva, ni que todos los inmigrantes son víctimas, ni todos son verdugos… El inmigrante es un ser humano digno, libre y responsable, tan capaz de prosperar como sometido a la ley”. “Exigimos que haya un control real, que se produzca de forma individualizada y sobre todo que se respete la ley. Es necesario tener fronteras protegidas de verdad, fuerzas y cuerpos de seguridad con medios y respaldo político, persecución de las mafias e inadmisión de extranjeros con antecedentes penales”, señaló.

“Las personas que entren irregularmente deben someterse al nuevo reglamento europeo de retornos. Con quien delinque, la regla está muy clara: expulsión. Ante condena por delitos graves, revocación del permiso, siempre mediante decisiones individualizadas, motivadas y con garantías. Es lo que exigen la Constitución, el derecho europeo y el sentido común”, continuó, para terminar afirmando que “el PP está a favor de la emigración legal, ordenada y vinculada a las necesidades del mercado laboral” y que “no podemos colapsar los servicios municipales para atender los caprichos electorales del señor Sánchez”.

Tres mentiras

A partir de aquí, y salvo el apoyo de Quique París (Nosotros San Lorenzo), el rechazo fue unánime por parte de la oposición. Primer fue Francisco Herraiz, concejal del PSOE, quien recordó que todos los gobiernos sin excepción han puesto en marcha procesos de regularización de inmigrantes. “No se ha caído España, al revés, porque ha habido un crecimiento claro y sostenido. Lo que hace que no funcionen los servicios públicos no es la regularización, sino que yo vaya al Centro de Salud y no me puedan dar cita porque no hay médico”, manifestaba.

El edil socialista indicó en su intervención que la moción presentada por Vox partía de “tres mentiras fundamentales”. En primer lugar, dijo, “no hay inmigración ilegal, sino irregular; en España no se es ilegal; es una situación administrativa, no penal”. A continuación recordó que este proceso es consecuencia de “una Iniciativa Legislativa Popular con la presentación en el Congreso de 700.000 firmas, respaldada por 900 entidades sociales y que sale a favor con 310 votos, incluidos los del PP. El único partido que votó en contra fue Vox. Está conforme Cáritas, la patronal, los sindicatos, la Conferencia Episcopal, en su momento incluso el PP. En el plano económico se habla de una caída del 22% del PIB si hacemos lo que ustedes quieren, que es expulsar a todo el que no ha nacido aquí”.

“Ha habido regularizaciones con Felipe González, con Zapatero, con Rajoy, con Aznar, y ahora hay regularizaciones con el gobierno de Pedro Sánchez porque es una necesidad económica del país y una necesidad de justicia y dignidad”, prosiguió, para terminar afirmando que «la última mentira es la de los votos; una persona con permiso de residencia en España no puede votar. Pueden votar, después de pasados unos años, en las elecciones municipales aquellos con los que hay tratado de bilateralidad”.

Reconocer la realidad

Desde Vecinos por San Lorenzo, José María Herranz argumentó su rechazo a la moción en que “la regularización es reconocer una realidad, porque muchas personas ya viven y trabajan aquí. Darles papeles reduce la explotación, favorece la integración y permite que contribuyan con impuestos y cotizaciones. Es una medida de justicia, orden y dignidad”.

Javier Millán, concejal de Unidas San Lorenzo, centró su intervención en el punto de la moción que hacía referencia a la exigencia de que los informes fueran rigurosos. “¿No se hace normalmente así? ¿Pone en duda que el Ayuntamiento haga las cosas bien? ¿Se hacen los informes de manera subjetiva?”, se preguntó.

Finalmente, Anahí Asenjo, de Más Madrid, subrayó que “la regularización masiva garantiza derechos a quienes ya forman parte de nuestra comunidad; es una decisión responsable, útil y justa”. “Vivimos en una sociedad cada vez más crispada, y esta moción ayuda a agitar el racismo, la xenofobia, a culpar a personas migrantes de todos los males que tiene España. Es una estrategia demagógica y cobarde que en realidad lo que hace es incitar a la crispación social más que otra cosa”, manifestó.

Una acusación «gravísima»

Días después, Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida hacían público un comunicado conjunto en el que afirmaban que “el PP ha cruzado una línea roja al votar a favor de una moción de Vox que pretende institucionalizar la exclusión social y el señalamiento de la población inmigrante”.

Respecto a la exigencia de “prohibir expresamente la emisión de informes faltos de rigor”, estas formaciones entienden que con esta afirmación “están lanzando una acusación velada pero gravísima contra los técnicos de Servicios Sociales y del Padrón: están sugiriendo que los funcionarios de este Ayuntamiento emiten informes falsos o sin rigor para favorecer a inmigrantes”. “Nos mostramos rotundamente en contra de esta desconfianza hacia los trabajadores públicos y defendemos la integridad y profesionalidad de los mismos”, añadían.

Por otra parte, niegan que exista un “efecto llamada”, sino que «la realidad es que estas personas ya viven y trabajan en nuestro pueblo”. “La inmigración en San Lorenzo de El Escorial dinamiza la hostelería, el comercio y el sector servicios; señalarles es atentar contra la propia economía local”, afirmaban, asegurando que el deterioro de los servicios públicos tiene que ver más bien con la pérdida de fondos europeos para la rehabilitación de viviendas, el colapso de distintos departamentos o “la venta de viviendas municipales en lugar de destinarlas a alquiler social”.

“El papel del PP en este pleno no ha sido el de un socio pasivo, sino el de un cómplice necesario que ha validado un discurso que vulnera los derechos humanos más elementales. La moción no busca resolver nada; busca sembrar miedo mediante el racismo y empujar el debate público hacia posiciones cada vez más inhumanas. La verdadera seguridad nace de fortalecer lo común, no de perseguir al vulnerable”, señala el comunicado de Podemos, Más Madrid e IU.

Regularización ordenada

El debate en el pleno se cerró con la intervención de la alcaldesa, Carlota López Esteban, afirmó que “no se pone en duda que se necesita la regularización, pero de forma ordenada y legal”. En cuanto a los informes de vulnerabilidad, apuntó que la dificultad es que el Real Decreto aprobado por el Gobierno central “viene sin instrucciones y engloba situaciones que hasta ahora no estaban recogidas, al margen de que para el cumplimiento y el aporte de documentación los requisitos no están claramente definidos”.

En este sentido, señaló que se habla de situaciones de aislamiento social, carencia de ingresos o dificultad de acceso al empleo, pero también de riesgos psicosociales o, de forma aún más genérica, de “otros”, alertando en último término del riesgo de “saturación de los Servicios Sociales ante las peticiones y la propia indefensión de las personas que lo solicitan, que no saben qué documentación que tienen que aportar”.