El juez que suspendió la licencia para exhumar a Franco paraliza su actividad tras ser recusado por la Abogacía del Estado
El magistrado José Yusty, quien suspendió hace unas semanas de forma cautelar la licencia urbanística para exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, ha suspendido su actividad judicial al frente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid tras plantear la Abogacía del Estado un incidente de recusación, según han informado fuentes jurídicas.
La recusación por parte del Gobierno a través de la Abogacía del Estado se ha presentado con motivo de un artículo que escribió este juez hace 12 años en el que mostraba su oposición a la Ley de Memoria Histórica, afirmando que era «una maldad de Zapatero y el socialnacionalismo».
Por tanto, la Abogacía del Estado entiende que se le debe apartar del procedimiento en el que acordó suspender de forma cautelarísima el informe técnico del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía licencia urbanística para la exhumación de Franco. Tras recibir el escrito de recusación, el magistrado ha suspendido toda actividad judicial, tal y como marca la Ley cuando se producen estos casos, según ha adelantado «eldiario.es».
Así, ha dado trasladado del escrito a las partes para que hagan sus alegaciones al respecto. El juez también tendrá que hacer un escrito propio en el que asuma o no la recusación, según han indicado las mismas fuentes. Todos los escritos de las partes serán remitidos a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que nombrará a un instructor para estudiar la recusación.
En cuanto al procedimiento judicial, pasará a manos del titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid, Carlos Gómez Iglesias. Yusty estimó recientemente la petición de medidas cautelarísimas planteada por la Familia Franco y acordó oír a las partes para mantener o levantar la suspensión urgente acordada. Entendía el juez que no siendo urgente adoptar esta medida, no se habían elaborado los informes preceptivos necesarios para garantizar que la obra se realiza con seguridad para los operarios.
Para tomar su decisión de suspender la licencia, el magistrado se apoyaba en el informe pericial de dos arquitectos, José Ismael de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, según el cual «falta un riguroso análisis de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pudieran existir bajo la sepultura de Francisco Franco».
Vista oral el lunes 25
Entre tanto, el lunes 25 de marzo el juez Yusty Basterreche había citado al abogado del Ayuntamiento de San Lorenzo y al abogado del Estado, en representación del Ministerio de Juzticia, tras las alegaciones presentadas por ambos organismos a la resolución judicial que suspendía la licencia urbanística, «a fin de que en una vista oral los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto Rey, así como el aparejador municipal, Antonio Rosado, aclaren y respondan a las cuestiones que se desprendan de su informe».
