Admitida a trámite la querella de familiares del Valle de los Caídos contra la alcaldesa de San Lorenzo
La denuncia fue presentada por la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos y una familiar de los hermanos Lapeña.
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo de El Escorial ha admitido a trámite la querella presentada por familiares de inhumados en el Valle de los Caídos contra la alcaldesa de este municipio, Carlota López Esteban, por su negativa, tras solicitar un informe jurídico de la secretaria municipal, a reactivar la licencia de obras que permitiría acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones de restos de sus seres queridos.
En el auto, la magistrada admite a trámite la querella formulada en representación de Silvia Navarro Pablo, presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, y Maria Purificación Lapeña Garrido, familiar de los hermanos Lapeña.
La querella se interpuso antes de que la jueza de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid rechazara en septiembre la solicitud de la Abogacía del Estado para que se ejecutara el auto que el pasado junio levantó las medidas cautelares que paralizaban las exhumaciones. De este modo, daba la razón a la alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial en su negativa a renovar la licencia de obras hasta que no haya sentencia firme.
Al margen de esa resolución, la jueza de instrucción que decidirá sobre la querella entiende que «los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa cuya instrucción corresponde a este órgano judicial». Con carácter previo, la magistrada acuerda librar oficio al Ayuntamiento de San Lorenzo a fin de que en el plazo de diez días se remita dicho expediente administrativo.
Dignidad y reparación de las víctimas
Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello «vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas».
La acción penal se dirige contra la regidora después de que no renovara el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. Esta decisión está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
En un informe jurídico, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, una postura criticada por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas. La alcaldesa manifestó en un comunicado que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, «completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo».
