Vecinos lleva al juzgado al alcalde de Moralzarzal tras destaparse millones en facturas fuera de contrato y un abuso masivo de contratos menores

Vecinos por Moralzarzal, en ejercicio de la acción popular, ha presentado ante el Tribunal de Instancia de Colmenar Viejo una querella contra el alcalde del municipio, José María Moreno Martín (PP), acusándole de presuntos delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a la Administración en la contratación pública y malversación.

La acción judicial se produce tras meses de investigación en los que la formación independiente ha ido recabando expedientes a pesar del bloqueo institucional. Desde el grupo municipal denuncian que este paso responde a la necesidad de poner freno al desmantelamiento del control público en el Ayuntamiento. «La transparencia no es un reclamo ni un concepto abstracto; es la posibilidad real de acceder a los expedientes, saber en qué se gasta nuestro dinero y comprobar que los contratos cumplen la ley. El Partido Popular lleva años empeñado en eliminarla para imponer una opacidad absoluta y restringir cada vez más el acceso a la información».

Casi 2 millones de euros fuera de contrato

La querella judicial describe un posible patrón sistemático de actuación durante toda la legislatura para eludir presuntamente la libre concurrencia y otorgar servicios directamente a empresas seleccionadas a dedo. La formación detectó que la opacidad del Gobierno facilitaba la ocultación de irregularidades de enorme gravedad. «Veníamos intuyendo que las cosas no se hacían bien, pero al concretar las sospechas hemos descubierto un desastre monumental tras esa opacidad. Aparentemente hay multitud de servicios prestados sin contrato, mecanismos para saltarse los procedimientos legales y 1,98 millones de euros pagados en facturas fuera de contrato que hicieron saltar todas las alarmas».

Al detalle

Entre las principales irregularidades detalladas en la querella destacan:

• 1,98 millones en pagos fuera de contrato (Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito): El Consistorio abonó entre 2023 y 2025 casi dos millones de euros en facturas por servicios prestado mediante encargos verbales o contratos caducados (servicios de limpieza viaria, talleres culturales, actividades deportivas o conserjerías), sorteando así la fiscalización previa de la Intervención.
• Abuso masivo del contrato menor y fraccionamiento: En 2024, el 80,52 por ciento de la contratación del Ayuntamiento se realizó mediante contratos menores. La querella sustenta el supuesto fraccionamiento deliberado para no superar los límites legales en diversos contratos.
• Uno de los casos más flagrantes son los servicios prestados al Ayuntamiento sin contrato que los ampare. como los de vigilancia de la planta de residuos (RCD) entre octubre de 2025 (cuando el Ayuntamiento la recepcionó y asumió la gestión de las miles de toneladas de residuos contaminados que allí se alojan) y junio de 2026. En dichos servicios los técnicos municipales rechazaron las facturas y el propio alcalde admitió por escrito la inexistencia de contrato.
• Contratos duplicados de publicidad: Se han registrado dos facturas con el mismo objeto y por importes calcados de 17.363,50 euros adjudicadas directamente a la misma empresa para la propaganda institucional de proyectos inexistentes como el «Planeta Joven» y el «Polideportivo», fraccionando presuntamente el importe total para no rebasar los límites del contrato menor.

Advertencias de la Intervención ignoradas

Todas estas prácticas se llevaron a cabo desoyendo los reiterados informes de reparo de la Intervención Municipal, que advirtió formalmente de que el fraccionamiento y la falta de licitación abierta estaban provocando que el Ayuntamiento pudiera estar pagando precios superiores a los de mercado.
 
Ante este escenario y tras contrastar el alcance de la documentación, Vecinos por Moralzarzal no ha tenido más remedio que poner el caso en manos de los juzgados. «Tras pedir asesoramiento legal nos han recomendado poner el asunto en manos de la justicia para que sea un juez el que determine si nos encontramos ante actuaciones que únicamente generan responsabilidades administrativas o si pudieran tener relevancia penal”.

Sin constancia de la denuncia

Por su parte, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Moralzarzal ha salido al paso de las últimas informaciones difundidas por el grupo político Vecinos por Moralzarzal (VMP), manifestando en primer lugar que no tiene conocimiento alguno sobre la supuesta denuncia presentada por dicha formación. Desde el Ejecutivo se recuerda que la gestión del Consistorio se rige por el principio de estricta legalidad.

«Todos los expedientes tramitados en el Ayuntamiento cuentan, como no puede ser de otra manera y como es lógico en el funcionamiento de la administración local, con la preceptiva supervisión e informes de los habilitados nacionales: la Intervención y la Secretaría Municipal», han señalado.

Una trayectoria basada en el bloqueo y el ‘no’ constante

Para el Gobierno municipal, la actitud de VMP responde a una constante a lo largo de toda la legislatura: el intento sistemático de paralizar el desarrollo de Moralzarzal para evitar que los vecinos disfruten de unos mejores servicios públicos. Muestra de esta postura destructiva son las continuas votaciones en contra de proyectos estratégicos y demandados por la ciudadanía. Entre ellos destaca el intento de VMP por bloquear el nuevo contrato de limpieza, un servicio esencial que ha logrado duplicar los medios materiales y humanos al servicio de Moralzarzal.

A ello se suma el rechazo reiterado de este grupo hasta en dos ocasiones a iniciativas cruciales para la infraestructura y seguridad de la localidad, tales como: la construcción de un nuevo pabellón polideportivo o la adquisición de una nueva ambulancia para Protección Civil.

También han votado en contra múltiples actuaciones de asfaltado y acondicionamiento en las calles del pueblo, de inversiones clave en instalaciones deportivas, como la renovación de la maquinaria del gimnasio o la reforma integral del Balneario urbano de la Piscina Municipal o de la bajada del IBI al mínimo permitido por Ley, que suponía un ahorro del 5 por ciento para las familias de Moralzarzal.

Desde el equipo de Gobierno concluyen que «la actuación de VMP es una muestra más de un modelo de oposición que prioriza el desgaste político por encima del bienestar común, intentando frenar el avance de las inversiones y la calidad de vida de los vecinos de Moralzarzal».