El PSOE de Moralzarzal critica la falta de transparencia y la actitud poco dialogante del equipo de Gobierno

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Moralzarzal ha criticado la actitud del equipo de Gobierno (Vecinos, Ciudadanos y PAIM) en los Plenos. «Tras más de cinco horas a Vecinos por Moralzarzal Participa se les empiezan a atragantar los plenos municipales, donde los argumentos que utilizan se van transformando en las excusas de los gobiernos que no escuchan a la oposición. Parece que quieren imponer la fuerza que les da ese gobierno de piezas inconexas que han formado junto a Ciudadanos y PAIM. Una mayoría ideológicamente compleja que ya no tiene el calado progresista con el que empezaron en la primera andadura», dice la formación en un comunicado.

Los socialistas de Moralzarzal lamentan que en la sesión ordinaria de noviembre se rechazase su propuesta de «apertura de los expedientes de gestión municipal, para los concejales y concejalas tanto de la oposición como del Gobierno», asegurado requerir todo bajo los requisitos que marque la Ley de Protección de Datos. «Esta propuesta hace más fluido el trabajo de los funcionarios, que ya no tienen que responder a la obstrucción administrativa que la pedida masiva de datos puede llegar a producir, además hace que un gobierno tripartito pueda controlarse internamente y, por último, mejora el propio trabajo interno del Ayuntamiento por el mero hecho de saber que puede ser observado por todos los/as concejales electos. Desde el Grupo Municipal Socialista no se entiende el voto en contra de sus antiguos socios VxMP! Y es que pudo verse como se ampararon en informes de la secretaría general de 2015 para no hacer lo que en otros ayuntamientos (como Soto del Real) ya se está haciendo».

Sin embargo, el equipo de Gobierno asegura que «el Ayuntamiento de Moralzarzal ocupa, según el estudio InfoParticipa de la UAB, el décimo cuarto lugar en transparencia de los 179 ayuntamientos madrileños. Según informe de Secretaría Municipal, solicitado en 2015 y que sigue vigente, no es posible dar acceso directo a toda la información que solicita la oposición. Hay que subrayar que ni siquiera todos los concejales del equipo de Gobierno tienen acceso a toda la documentación. Los expedientes municipales contienen datos sensibles de los ciudadanos, ya sean personales, sobre violencia de género u otros. En los últimos cuatro años se ha avanzado mucho en transparencia y se seguirá haciendo, hasta donde marca la Ley. El derecho de información de los concejales está limitado por el derecho de los ciudadanos»

«Dicho esto, se han atendido absolutamente todas las peticiones de expedientes de la oposición. Y estos tienen acceso directo a todos los registros de entradas y salidas. Cuando hay una solicitud por parte de los grupos municipales, el funcionario asignado gestiona la petición depurando los datos personales que aluden a terceros», añaden.

«Tal y como anunciamos en el Pleno, vamos a seguir avanzando en transparencia, hasta los límites que marque la norma y buscaremos soluciones adecuadas. Celebramos que Soto del Real sea el Ayuntamiento que más facilidades da en cuanto al acceso de GestDoc (la aplicación que se utiliza en diferentes Ayuntamientos). Según consulta a la empresa propietaria, Moralzarzal es uno de los 44 ayuntamientos que la usan que más acceso da a los concejales de la oposición», señalan desde el Ejecutivo.

Modificación de RPT parcial sin acuerdo con la Policía

En el Pleno también se trató la modificación de la RPT (Relación de puestos de trabajo) parcial, que solo incluía a un departamento municipal, en este caso la Policía y que responde a la adaptación de los niveles funcionariales C2 a C1 tal y como la ley que se ha modificado debe hacerse. «El problema, es que se ha hecho sin antes haber llegado a un acuerdo con la Policía Local«, han denunciado desde el PSOE. «En este punto, todos los miembros de la oposición recordaron a Juan Carlos Rodríguez Osuna (el alcalde) su incapacidad para la negociación, siendo este el último episodio de enfrentamiento con una policía local cada vez más desmotivada».

En palabras del portavoz socialista, Ángel Martínez, “No podemos estar de acuerdo en esta manera de trabajar, hacen el informe de la reclasificación de puestos a través de una empresa privada, no se llega a un acuerdo con los y las trabajadores/as, se separa la aprobación de la modificación de la RPT del estudio económico de su repercusión fiscalizado por el Interventor y encima es una RPT parcial, lo cual molesta al resto del funcionariado ajeno a la Policía”.

Por último agregó que “es preocupante la situación de la Policía donde cada vez más agentes muestran su intención de marcharse a otras localidades donde el ambiente laboral y las condiciones para su desarrollo profesionales son mayores. No se sabe el coste que tiene la perdida del conocimiento del municipio, de sus gentes de los/as agentes que han estado años recorriendo nuestras calles”. «Resulta anecdótico, que hablen de la imposibilidad para la subida de sueldos de los funcionarios, después de las subidas salariales que tuvo el equipo de Gobierno tras las elecciones, asunto que les va a perseguir seguramente hasta el final de la legislatura».

En este punto, el equipo de Gobierno ha respondido que «se trata de una adaptación requerida por la modificación de la ley. La negociación llevada a cabo no ha cubierto todas las expectativas de una parte, y concretamente en lo relativo a la subida salarial. Sobre este tema, hay que recordar que el Capítulo I del Ayuntamiento supone el 44 por ciento del presupuesto municipal, que los recursos son limitados y que la negociación es general con todos los trabajadores. La subida que se les ha aplicado es de más de 100.000 euros, con el objetivo de que puedan acceder antes a la jubilación».

«Además se ha ido a más de lo marcado en la Ley, favoreciendo la posibilidad de promoción de los agentes o su movilidad. Se ha eliminado el criterio de formación y se ha incluido el de experiencia para no excluir a ningún agente. Además, se ha realizado una subida salarial total al colectivo de 15.000 euros, a pesar de que no era necesario por Ley. Y todo ello, a través de varias mesas de negociación», finaliza el Ejecutivo.