La paradoja de la prostitución en España: la lucha entre la abolición y la realidad

Mientras los políticos se afanan por borrar el trabajo sexual, el número de anuncios en Internet sigue creciendo.

El debate sobre la prostitución en España se intensifica, revelando la hipocresía del estado en su enfoque hacia el trabajo sexual. Un reciente episodio del podcast El Mundo Día de Quico Alsedo ha desatado de nuevo una acalorada discusión.

Por un lado, los abolicionistas piden una prohibición total, citando la explotación y la trata de personas. Por otro lado, los defensores de la legalización sostienen que prohibir la prostitución solo empeora la vida de las trabajadoras sexuales al despojarlas de sus derechos y protecciones. En medio se encuentran las propias trabajadoras sexuales, muchas de las cuales ahora buscan clientes en aplicaciones de citas como Tinder o anuncian sus servicios a través de aplicaciones de mensajería encriptada como Telegram, eludiendo la censura gubernamental y las multas.

La prueba es que el número de personas que se anuncian en Internet como prostitutas en España en los últimos 6 meses ha aumentado un 16%, , según el sitio de opiniones Escort Advisor, lo que demuestra que el planteamiento hasta ahora no ha conseguido limitar el fenómeno.

Extracción y tratamiento de datos por cortesía de Escort-Advisor

Al intentar imponer una prohibición total de la prostitución, el gobierno español se enfrenta a la realidad de las leyes internacionales y la jurisprudencia de la Unión Europea. Las regulaciones de la UE impiden a los estados miembros aplicar una prohibición total del trabajo sexual, exigiéndoles en cambio alinearse con un marco más amplio que reconozca el derecho de los individuos a ofrecer servicios consensuados libremente. A pesar de esto, el gobierno español ha impuesto fuertes multas a las páginas web de prostitución, intentando erradicarlas de internet y obligando a muchos sitios relacionados con el trabajo sexual a trasladarse a países como Estados Unidos y Suiza.

La actual represión ha empujado aún más el negocio a la clandestinidad. Al pretender salvar a las mujeres de la explotación mediante prohibiciones y censura, el estado refuerza inadvertidamente el estigma que empuja a las trabajadoras sexuales a condiciones cada vez más precarias. Se les obliga a operar en la sombra, desprotegidas por la normativa, mientras se criminaliza a sus clientes y se castiga cualquier intento de publicidad abierta.

Paralelamente, la paradoja se amplía con un hábito creciente de los españoles a leer y escribir reseñas sobre el trabajo sexual en línea. Lo que comenzó en foros de estilo antiguo, evolucionó hasta los sitios web de reseñas que siguen el modelo de Tripadvisor, con usuarios calificando y comentando sobre experiencias con trabajadoras sexuales. Esta práctica muestra cómo, pese a las políticas prohibicionistas, la demanda no solo persiste sino que también se consolida, impulsando el intercambio de información entre clientes. Así, mientras el gobierno intenta erradicar la prostitución, muchos la califican como cualquier otro servicio, exponiendo la contradicción entre las intenciones legislativas y la realidad.

Los ciudadanos españoles han llegado a conocer muy bien Escort Advisor, fundada en Italia y 2014, donde cuenta con más de 5 millones de usuarios al mes.

La web abrió en España hace dos años, y dice que ahora está viendo un aumento mensual del 20% en los comentarios desde que el gobierno comenzó a tomar medidas enérgicas contra los sitios web.

«Hemos visto este tipo de comportamiento antes en otros países» – dice Mike Morra, fundador y CEO de Escort Advisor – «en última instancia va a ser imposible gestionar una prohibición real, la gente siempre va a estar buscando una solución segura para comprar servicios sexuales».

Añadiendo más leña al fuego, el debate probablemente estará influenciado por las próximas elecciones al Parlamento Europeo en España y otras naciones de la UE. Los partidos políticos suelen buscar apoyo defendiendo posturas morales firmes. Algunos pueden abogar por medidas más duras contra la prostitución para apelar a los valores tradicionales, mientras que otros podrían impulsar reformas progresistas que estén en consonancia con las normas de la UE sobre los derechos de las trabajadoras sexuales. Las maniobras políticas y las promesas hechas para influir en los votantes corren el riesgo de polarizar aún más el tema.

Si se aboliera completamente la prostitución, las trabajadoras sexuales perderían la red de seguridad que podrían ofrecer la despenalización y la regulación. En lugar de desmantelar las condiciones que hacen peligroso el trabajo sexual, las políticas prohibicionistas de España las exacerban. Un marco regulatorio podría proporcionar protecciones, asegurar el acceso a la atención médica y combatir la explotación mucho más eficazmente que una prohibición total. Ignorando estos beneficios, el estado indica en cambio un compromiso hipócrita de «salvar» a las trabajadoras sexuales mientras las empuja aún más al inframundo digital no regulado.

España debe reconocer las contradicciones en sus políticas de prostitución y evitar politizar el problema para ganar puntos en las elecciones de la UE. ¿Se aferrará a una postura moralista que niega la agencia y los derechos de las trabajadoras sexuales, o reconocerá sus voces y adoptará regulaciones pragmáticas que las protejan? El estado debe decidir si perpetuar sus medidas punitivas o aceptar una realidad en la que la seguridad y los derechos de las trabajadoras sexuales sean lo primero.