La Fiscalía pide tres años de cárcel para el ex alcalde de Guadarrama por prevaricación y coacciones
El ex alcalde de Guadarrama José Ignacio Fernández Rubio (PP), ha negado en el juicio por el que se enfrenta a tres años de cárcel haber presionado al propietario de una finca para que se la cediera o vendiera a un restaurante, de la que era socio el ex teniente de alcalde y también acusado Miguel Rodríguez Bonilla.
«En absoluto», ha respondido el ex regidor a la pregunta de la fiscal sobre si amenazó al dueño de la finca con denegarle licencias y someterle a continuas inspecciones de la Policía Local. Además, ha dicho que en las Juntas de Gobierno se abstenía en los procedimientos referidos a esta cuestión, reconociendo que en dos ocasiones ejerció como abogado para mediar en el conflicto.
El ex alcalde guadarrameño, que luego también fue primer edil de Las Rozas, se enfrenta a tres años de cárcel por un delito de prevaricación, mientras el que fuera su número dos afronta dos años de cárcel por un delito de coacciones y lesiones. En las cuestiones previas, la defensa ha alegado la prescripción de los delitos y que, en caso de que hubiera condena, se aprecie la atenuante de dilaciones indebidas.
Disputa entre los socios del restaurante El Molino
El procedimiento se remonta a abril de 2007 por las disputas entre los socios del restaurante El Molino, entre ellos el ex teniente de alcalde y el denunciante, a raíz de que éste colocara una valla en un terreno colindante que se usaba como parking después de ganar un pleito sobre la propiedad de la parcela. La presunta víctima, tras ser reconocida por un médico forense, presentó un cuadro clínico «compatible» con el diagnóstico ansioso depresivo, consecuencia de la presión a que fue sometido.
Fernández Rubio ha afirmado que es «totalmente falsa» la acusación que ejerce el propietario de esta finca, si bien ha señalado que ejerció como abogado en dos ocasiones de la mercantil que litigaba contra el denunciante. En contra de la fiscal, sostiene que interpuso solo una demanda civil contra el denunciante, quien sostiene que su finalidad eran presionarle para que vendiera la finca. «Yo creo que no tenían esa función. Esas demandas no las firmé yo», subrayó, asegurando que ejercía como abogado en un pleito anterior a los hechos de una mercantil contra el denunciante, indicando que como alcalde delegaba todas sus competencias en los concejales de la Junta de Gobierno.
En su declaración, el acusado ha reconocido que hubo una llamada en la que pidió al dueño de la finca que no pusiera una valla, con el fin de facilitar una buena relación de convivencia. «Intenté siempre mediar como abogado», ha dicho, indicando que no se identificó como alcalde de Guadarrama.
La llamada del 5 de abril de 2007
El denunciante mantiene que ambos acusados ordenaron a A. V. V., en su condición de Jefe de la Policía Local del Guadarrama, que diera la orden a sus agentes para que vigilaran continuamente la finca de J. R. R. y denunciaran cualquier irregularidad. Asegura igualmente que el 5 de abril de 2007 el ex regidor llamó de nuevo al propietario del restaurante, «y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo», le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela con la intención de que permitiera que dicho terreno fuera utilizado como parking del restaurante el Molino.
Además, afirma que el acusado le manifestó que si lo hacía no tendría problemas con nada de lo que solicitara al Ayuntamiento, pero que de lo contrario iba a denegarle todo lo pidiera, paralizarlo o no tramitarlo y que, además, «crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase, así como que tendría a la Policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra».
