La Fiscalía del Tribunal de Cuentas pide el archivo de la denuncia del PSOE de Galapagar sobre la Relación de Puestos de Trabajo

“El Tribunal de Cuentas ha tirado por tierra los burdos intentos del PSOE de desprestigiar la gestión del actual equipo de Gobierno y deja claro que en política no todo vale y sus falsas denuncias tienen un recorrido muy corto”. Así se ha expresado Carla Greciano al conocer la sentencia del Tribunal de Cuentas que acaba de archivar la denuncia por supuestas irregularidades en la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo,

Denuncia hipotética y sin indicios

El Tribunal de Cuentas en su sentencia determina que los hechos denunciados “no constituyen la existencia de un alcance contable” y que “tampoco permiten afirmar la existencia de indicios de un perjuicio para los fondos públicos”. Así ante la denuncia del PSOE de un supuesto perjuicio para los fondos públicos, el Tribunal establece que este perjuicio “ha de ser real, efectivo y cuantificable y no meramente potencial o hipotético”.

Para la regidora municipal, es «un claro uso de los Juzgados de manera partidista, lo que supone un desgaste de los recursos públicos y entorpece la labor de la justicia», instando al Partido Socialista de Galapagar «a dedicar su tiempo a realizar una oposición constructiva y que redunde en beneficio de los vecinos».

El Ejecutivo pide explicaciones al PSOE

Para el Gobierno municipal, ahora lo que tiene que hacer el anterior Ejecutivo socialista es dar explicaciones a los vecinos por «el millón de euros que ha costado a las arcas públicas, y por tanto al bolsillo de los ciudadanos, su ineficaz gestión y los despidos nulos que llevó a cabo en la anterior legislatura».

Es el caso, explican, de la anterior secretaria municipal a la que se «jubiló de forma forzosa, involuntaria y sin darle capacidad de defenderse, coincidiendo además cuando estaba de baja por un supuesto acoso laboral del equipo de Gobierno que ahora está en proceso judicial». Tras su denuncia, la sentencia dirimió que tenía que ser restituida, con el consiguiente abono por parte del Ayuntamiento del importe de los 3 años de sueldo no recibidos tras ser indebidamente jubilada. «En total unos 200.000 euros, que ahora deberán salir de las arcas municipales por la ineficaz gestión y el total desconocimiento de los Recursos Humanos del Gobierno socialista, sin olvidar los recargos de la Seguridad Social por las pensiones recibidas indebidamente que habrá que sumar a esta cifra».

El actual Ejecutivo también hace referencia al caso del anterior Jefe de Policía, al que «nuevamente destituyeron sin motivación y cuyo despido además alargaron temerariamente recurriendo ante el Tribunal Supremo». «Ahora la justicia ha demostrado su incompetencia y su negligente gestión, ya que el Ayuntamiento ha tenido que restituirle en su puesto y pagar todos los salarios atrasados», con una cuantía total de unos 600.000 euros, «teniendo incluso que pagar durante varios meses simultáneamente a dos jefes de policía, hasta que la solución se ha resuelto con la baja voluntaria del comisario».

La respuesta del PSOE

Por su parte, el PSOE asegura que «no existe ninguna sentencia del Tribunal de Cuentas», sino que el fiscal ha solicitado el archivo de la causa, si bien «el órgano colegiado aún no se ha pronunciado ni ha emitido resolución alguna al respecto», explica el portavoz socialista, Alberto Gómez, añadiendo que la Fiscalía «no ha hecho ninguna valoración sobre el contenido del informe elaborado por la interventora municipal, funcionaria con habilitación nacional». «Es decir, no lo rebate, no lo desacredita, ni lo considera falso o improcedente. Por tanto, no hay bulos, como sostiene falsamente el equipo de Gobierno. Hay un informe técnico oficial, firmado por una profesional independiente, que sigue vigente y no ha sido cuestionado por ninguna autoridad», indican desde el grupo de la oposición.

El portavoz socialista afirma que, por el contrario, «lo que sí ha quedado en evidencia, una vez más, es el intento del Gobierno municipal y de Carla Greciano de manipular la verdad, confundir a la ciudadanía y utilizar políticamente una resolución de una de las partes para desviar la atención. Además, gracias a la denuncia presentada por este grupo municipal, el equipo de Gobierno se ha visto obligado a aportar documentación ante la Fiscalía, algo que sistemáticamente se niegan a hacer en los plenos».

«El Tribunal de Cuentas no ha emitido ningún pronunciamiento ni ha tirado por tierra nada. Lo único que ha ocurrido es la solicitud de archivar la causa por parte del Fiscal», manifiesta Alberto Gómez, quien señala como especialmente grave «tachar de falsa una denuncia basada en un informe firmado por una interventora con habilitación nacional, cuya validez no ha sido cuestionada; es un intento inaceptable de desacreditar la labor de la oposición y del funcionariado técnico del Ayuntamiento de Galapagar».

«Seguiremos defendiendo la legalidad, la transparencia y el interés general frente a quienes utilizan el poder público como escudo personal y el Ayuntamiento como plataforma de propaganda», concluye el PSOE en un comunicado.