La exsecretaria municipal denuncia al alcalde de Galapagar por un presunto caso de acoso laboral

La exsecretaria municipal de Galapagar, en situación de jubilación forzosa, ha denunciado al alcalde, Alberto Gómez (PSOE), así como a varios ediles del Ejecutivo, por un presunto caso de acoso laboral, tal como ha desvelado el PP local a través de un comunicado. «Este lunes, una trabajadora del Ayuntamiento, funcionaria de carrera, ha hecho pública su situación de amenazas, presión e intimidaciones que lleva sufriendo desde diciembre de 2020 por no firmar documentos que consideraba ilegales, según ella misma ha declarado», indican los populares, haciéndose eco de la denuncia que Pilar A. A. ha presentado este lunes ante la Policía Nacional, asegurando que este supuesto acoso ha sido “consecuencia de las advertencias de ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando por el equipo de gobierno formado por PSOE y Ciudadanos” y que “ella formulaba en el ejercicio de sus funciones”, así como a su “negativa a colaborar en ciertas operaciones muy alejadas de las tareas atribuidas”.

Todo ello, indican, derivó en una reunión con el regidor y el primer teniente de alcalde, Felipe García (Ciudadanos), en la que la entonces secretaria manifiesta que fue «insultada y descalificada personal y profesionalmente».

Tras esta reunión, relatan desde el PP, «la funcionaria tuvo que acudir al médico con un cuadro de estrés y ansiedad, que motivó su baja laboral desde ese mismo momento». Semanas después, añaden, «conoció que estando de baja se había procedido a su despido sin comunicación alguna y el puesto de trabajo fue cubierto con un amigo de la infancia del alcalde de forma temporal».

Segundo caso

El Partido Popular afirma que se trata del segundo caso en apenas dos años en que los concejales del equipo de Gobierno formado por PSOE y C’s son acusados por acoso a trabajadores del Ayuntamiento. En este sentido, el grupo de la oposición recuerda la situación vivida en septiembre de 2019 «entre una trabajadora de Servicios Sociales y la que era concejal del área, Raquel Lafuente Galeano. «Ese hecho derivó en una comisión de investigación en la que, tal y como declaró la propia concejal socialista, el acoso estaba motivado, una vez más, por la intencionalidad del alcalde, Alberto Gómez, de contratar en ese puesto a miembros del partido».

Según las declaraciones en la investigación, «se había solicitado un informe que sirviese de guía sobre cómo despedir a varios trabajadores para poder contratar a miembros del PSOE y familiares suyos. Finalmente, y dado que la concejal de Recursos Humanos era del partido denunciado, el caso de acoso fue archivado sin ni siquiera dar audiencia a la denunciante», explican los populares.

El PP pide la dimisión del alcalde

Para el PP de Galapagar, el conocimiento de estos hechos obligan a exigir la «inmediata dimisión del alcalde, por el malestar que se está generando en el Ayuntamiento, ya que comienza a ser habitual la denuncia por acoso de trabajadores por los concejales del gobierno, que él, como alcalde, no solo no prohíbe, sino que parece que alienta». «Todo ello», continúan, «desde la paradoja de que el alcalde sea un ex representante sindical de UGT y que, en vez de defender a los trabajadores, sea el protagonista de casos de acoso e intimidación de funcionarios y empleados municipales».

Este grupo advierte además de la gravedad que conllevan estos hechos ya que, de ser ciertos, el regidor «habría llevado al Pleno de la Corporación acuerdos a sabiendas de su ilegalidad, tal y como le había advertido esta funcionaria municipal, incurriendo por lo tanto un posible delito de prevaricación». Por último, el Partido Popular señala que la oposición nunca ha tenido conocimiento de estos informes, acusando al equipo de Gobierno de » falta de transparencia».

La portavoz popular y diputada regional, Carla Greciano, indicaba que se trata de una denuncia «muy grave» y que, de ser ciertos estos hechos, «estarían descubriendo una trama de caciquismo y terror en el Ayuntamiento de Galapagar propia de otras épocas». «Hemos denunciado reiteradamente que se nos ocultan expedientes, pero desconocíamos que se acosa a los trabajadores presuntamente para que hagan informes que digan aquello que le interesa a este equipo de Gobierno, aunque sea contrario a la ley. Esperaremos a la resolución judicial, pero los hechos son tan graves, que solo por el hecho de haber sido denunciado por tales acusaciones, de las que según la funcionaria tiene pruebas, no nos queda otra opción que exigir loa dimisión del alcalde», manifestaba la edil.

El regidor niega las acusaciones

Por su parte, desde el equipo de Gobierno han señalado que se trata de un caso que ya fue denunciado en los Juzgados de Collado Villalba por la exsecretaria municipal, archivándose en julio de este año al no existir indicios de delito. Posteriormente, la funcionaria habría recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid. En cualquier caso, el alcalde, Alberto Gómez, en en transcurso de un acto convocado por el PSOE en la Presa del Gasco, aseguraba a Aquí en la Sierra que los hechos son «absolutamente falsos».

El regidor indicaba que, efectivamente, en abril él mismo y el primer teniente de alcalde mantuvieron una reunión con la funcionaria, pero que en ningún caso hubo insultos ni amenazas, lamentando la «utilización política» de estos hechos. Igualmente, indicaba que no se había procedido al despido de la trabajadora, sino que era una jubilación forzosa.

Comunicado oficial del equipo de Gobierno

Reproducimos a continuación el comunicado oficial remitido a primera hora de la tarde por el equipo de Gobierno:

“Respecto a la denuncia por un presunto delito de acoso laboral, interpuesta por la antigua secretaria municipal, el Juzgado de 1a Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba con fecha de 30 de julio dispuso, literalmente, en su auto no 238/2021 que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.

El auto destaca que la denunciante tampoco ha propuesto ningún testigo directo o indirecto al que le conste esa situación de acoso y, del mismo modo, dicha resolución judicial advierte que la trabajadora se encontraba de baja en el momento que se dictó el auto, no constando que hubiese activado el Protocolo de Acoso Laboral del Ayuntamiento.

Por último, el Juzgado concluye determinando que es procedente dictar un auto de sobreseimiento provisional, sin perjuicio de las acciones legales que la denunciante pueda interponer en vía administrativa contra los acuerdos que pueda dictar la Corporación Municipal, y que estime no ser ajustados a derecho, decretando el sobreseimiento provisional y el archivo de las presentes actuaciones.

De esta forma, de conformidad con lo reconocido en este auto número 238/2021, la causa quedó desestimada con fecha de 30 de julio por falta de pruebas y, además, por su parte, la fiscalía presentó un escrito en el que mostraba su disconformidad con las declaraciones de la secretaria municipal, solicitando el libre sobreseimiento y archivo de las presentas actuaciones.

Por otro lado, a esta trabajadora se le prorrogó el puesto, estando el anterior alcalde en funciones, y la postura del Ayuntamiento de Galapagar ante esta situación siempre ha sido actuar conforme dicta la ley.

Desde el Ayuntamiento de Galapagar desmentimos totalmente la situación denunciada por la trabajadora, por lo tanto, queda demostrado ante la justicia que ni el alcalde de Galapagar, ni los concejales, ni los trabajadores de este Ayuntamiento han contribuido a la comisión de delito de acoso laboral alguno.

Confiamos plenamente en la Justicia para clarificar este asunto y, en caso de que finalmente se interpusiera recurso por la otra parte, estamos seguros que el resultado será el mismo, ya que es completamente falsa la situación que denuncia la trabajadora en cuestión y así lo ha confirmado la magistrada”.