El PP de Galapagar pide la dimisión del Gobierno «por sus mentiras y la pésima gestión del IBI»
Los populares señalan que el plazo de exposición pública de la modificación de la ordenanza fiscal finalizó el 27 de diciembre, por lo que el Ejecutivo tuvo cuatro días para convocar el Pleno preceptivo para resolver las alegaciones presentadas.
El Partido Popular de Galapagar ha exigido la dimisión del equipo de Gobierno tras «el vergonzoso comunicado emitido en la web municipal por parte de la concejal de Economía y Hacienda, Pilar García«. En este comunicado, indica este grupo, «lejos de alcanzar el objetivo de informar a los vecinos, la concejal se ha limitado a echar la culpa de su mala gestión a la oposición y a los propios vecinos».
En primer lugar, el PP explica que la modificación de las ordenanzas fiscales tiene una tramitación que consta de publicación y exposición pública tras su aprobación inicial en el pleno de 30 días hábiles, y en caso de alegaciones, éstas deben ser estimadas o desestimadas en un nuevo pleno que aprobará definitivamente la ordenanza.
En este sentido, recuerdan que la modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles se aprobó de forma provisional en el pleno del 10 de noviembre, publicándose en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el día 12 con errores que se corrigieron el 17. «El periodo de exposición pública terminaba el 27 de diciembre, por lo que la concejal podía haber convocado un pleno los días 28, 29, 30 y 31 para aprobar de forma definitiva la ordenanza y haber estimado o desestimado las alegaciones presentadas», señalan.
Alegaciones de la oposición, vecinos y asociaciones
La segunda mentira, prosigue este grupo, se refiere a la afirmación de que sólo la oposición ha presentado alegaciones, «ya que muchos vecinos y asociaciones de familias numerosas presentaron alegaciones antes que los propios concejales». «Desde el PP queremos aclarar que las alegaciones son legítimas para todos los ciudadanos de Galapagar que estimen conveniente realizarlas, y más aún cuando se trata de una ordenanza aprobada con 9 enmiendas en las que se atenta contra la propiedad privada y contra las familias numerosas, a las que limita su posibilidad de beneficiarse de la bonificación del IBI en caso de superar cinco veces el IPREM, incumpliendo la ley y excluyendo a muchas familias numerosas de Galapagar que hasta ahora sí estaban siendo bonificadas», detallan los populares.
Una de las alegaciones presentadas por varios concejales, continúan, ha sido que la ordenanza no ha sido debidamente publicada. «Varios vecinos no pudieron ver la ordenanza que se suponía publicada en el departamento de Tesorería, y donde no estaba. La portavoz del PP de Galapagar alertó a la concejal de este hecho para que se solucionase, y presentó una solicitud para que el texto refundido con las enmiendas aprobadas se difundiera, pero ese texto nunca se publicó, pudiendo declararse la aprobación de la ordenanza como nula», subrayan, añadiendo que «todo apunta a que se trataba de una treta de la concejal para evitar que se presentasen alegaciones, perjudicando la participación de los vecinos, e incumpliendo la ley al impedir que pudiesen verla».
Por lo tanto, aseguran, «la única verdad en el comunicado de la concejal es que la ordenanza no entrará en vigor en 2022«, recordando que los distintos grupos estuvieron «trabajando todo el año en la modificación de la ordenanza en múltiples reuniones a las que no asistió la concejal porque, tal y como aseguró vía mail, no se sentía capaz de negociar”.
Tiempo suficiente
Desde el 9 de septiembre, fecha en la que el PP de Galapagar presentó a la edil el texto trabajado por todos los grupos de la oposición, hasta el 10 de noviembre que se llevó a pleno, «la concejal ha tenido tiempo suficiente de presentar la modificación con suficiente antelación para responder alegaciones y realizar dos plenos sin estropear sus vacaciones de Navidad«, indica este grupo en un comunicado.
«No se puede dejar la modificación de una ordenanza tan importante como el IBI a la espera de que no haya alegaciones por parte de los vecinos, porque lo normal es que las haya, ya que no sólo regula la bajada de este impuesto en suelo urbano, sino muchas otros aspectos que les afectan, como la instalación de placas solares en sus casas o las bonificaciones por familia numerosa», prosiguen.
Por último, señalan los populares, «nos alegra saber que fuimos lo suficientemente previsores al introducir en nuestra negociación con los grupos municipales la opción de que la bonificación por instalación de aprovechamiento solar en los hogares de los vecinos, independientemente de cuando lo hayan instalado, no haya sido objeto de alegación y por lo tanto, los vecinos de Galapagar podrán solicitar un 50% de rebaja del IBI durante 5 años a partir de 2023 aunque sus placas solares hayan sido instaladas en 2021 o 2022″.
«Este punto era muy importante para el PP, que entiende que es imprescindible ayudar a aquellos que invierten o han invertido en el cuidado de nuestro medio ambiente y en obtener una menor factura de la luz en unos momentos en los que tiene unos precios escandalosos«, explican. Por ello, afirman que propusieron «no sólo la inclusión de la posibilidad de bonificar a aquellos que ya habían realizado la inversión en placas solares, si no que dicha bonificación fuese del máximo tiempo y cuantía permitidos, y muy similar a lo que ocurre en municipios vecinos como Majadahonda y Las Rozas».
Ante esta situación, concluyen desde las filas del PP, «creemos que la concejal de Hacienda debe dimitir, no sólo por no haber realizado su labor de la forma adecuada, llevando la modificación de la ordenanza con tiempo suficiente, sino por mentir a los vecinos a través de un comunicado que sólo busca justificar su mala gestión y culpar a la oposición injustamente».