Por Galapagar pide aplicar la Ley de Vivienda y que la Comunidad declare a la localidad «zona tensionada»
El grupo municipal Por Galapagar (Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa) presentará una propuesta al Ayuntamiento para instar a la Comunidad de Madrid a aplicar la ley de vivienda estatal en la localidad. El objetivo de esta iniciativa es declarar a Galapagar como una zona tensionada, lo que permitiría aplicar medidas clave de la mencionada ley, como la regulación de los precios de alquiler y la identificación de «grandes tenedores» de propiedades con más de cinco inmuebles.
Esta solicitud se está presentando de manera conjunta en los municipios donde Más Madrid tiene representación institucional, como en el caso de Collado Villalba, y también ha sido llevada a la Asamblea de Madrid.
Los datos, señalan desde esta formación, «revelan un preocupante incremento en los precios de alquiler en la región en los últimos años, con un crecimiento del 62% en la última década». «No solo se trata de la comunidad con los precios de alquiler más elevados, sino que también lidera el aumento porcentual interanual», continúan.
Actualmente, Galapagar cuenta con un precio del alquiler que se sitúa en 9,9% euros/m2, lo que supone un aumento del 43,4% en los últimos 5 años. Si hablamos de la compra de vivienda, el precio actual ronda los 1.971 euros/m2, lo que supone que desde septiembre de 2018 ha subido 35,6%. En términos más concretos, el alquiler de una vivienda de 2 habitaciones llega hasta 1.000 euros mensuales, afirma Por Galapagar en un comunicado.
Un sumidero
Jorge Moruno, diputado de Más Madrid, afirma que «la vivienda se ha convertido en el principal sumidero de ingresos para la población madrileña». Según Moruno, regulando los precios de alquiler, «se podría aumentar el dinero disponible para las familias y estimular la economía local». La portavoz de Por Galapagar, Maribel Ramírez, añade que “Galapagar cumple con los requisitos de la Ley de Vivienda para ser declarado municipio tensionado; el elevado precio de alquiler y la compra, unido a la escasa o nula oferta de vivienda joven o pública, hace que se expulse de nuestro municipio a los jóvenes que tal vez desearían emanciparse en su municipio de residencia, así como también permitiría que las familias dispusieran de mayor liquidez”
Para que una localidad sea declarada zona tensionada, debe cumplir al menos uno de estos dos requisitos: que el costo promedio de la hipoteca o el alquiler (incluyendo gastos) supere el 30% de los ingresos promedio de los hogares en el municipio, o que el precio de compra o alquiler haya experimentado un crecimiento acumulado de al menos 3 puntos porcentuales superior al crecimiento acumulado del IPC en la Comunidad de Madrid en los últimos cinco años. Por Galapagar termina asegurando que es «urgente» abordar este problema de acceso a la vivienda.