La ‘oficina antiokupación’ de Galapagar ha atendido 25 casos en su primer año de funcionamiento
El Ayuntamiento señala que "refuerza la prevención y el acompañamiento jurídico a los propietarios frente a la ocupación ilegal"
Hace un año, el Ayuntamiento de Galapagar puso en marcha la Oficina Municipal de Apoyo frente a la Ocupación, convirtiéndose en uno de los primeros municipios en implantar un servicio específico para atender esta problemática desde el ámbito local.
Durante este primer año, se han registrado 25 consultas, de las cuales el 48% han estado relacionadas con ocupación ilegal, un 21% con conflictos arrendaticios, un 12% con riesgo de ocupación y otro 12% con problemas de convivencia vinculados a estas situaciones.
Un recurso municipal pionero y cercano
La oficina, recuerdan desde el equipo de Gobierno, nació con un objetivo claro: «No permanecer impasibles ante una preocupación creciente entre los vecinos». «Aunque las competencias municipales son limitadas en esta materia, el Ayuntamiento decidió actuar dentro del marco legal para ofrecer información rigurosa, acompañamiento y coordinación institucional», indican estas mismas fuentes.
El servicio se ha articulado sobre tres pilares fundamentales:
- Atención presencial personalizada, que permite estudiar cada caso con detalle.
- Orientación jurídica especializada, explicando con claridad las vías civiles o penales disponibles, la documentación necesaria y los plazos judiciales.
- Intervención operativa de Policía Local, con inspecciones, identificaciones, mediaciones y levantamiento de actas cuando ha procedido.
En total, la Policía Local ha realizado nueve inspecciones o visitas, ocho mediaciones, seis identificaciones de ocupantes y cinco intervenciones relacionadas con enganches ilegales, además de 11 informes y comunicaciones oficiales.
Prevención y vigilancia: claves del modelo
Uno de los elementos diferenciales del servicio ha sido su enfoque preventivo, destacan desde el Consistorio galapagueño. La creación del Registro de Viviendas en Riesgo y el refuerzo de la vigilancia en determinadas zonas han permitido anticipar situaciones potenciales de ocupación. Entre las tendencias detectadas destacan el aumento de enganches ilegales a suministros, la prolongación en el tiempo de determinadas ocupaciones por la lentitud judicial y la creciente demanda vecinal de asesoramiento ante inmuebles deshabitados. Además, la coordinación con Servicios Jurídicos y Servicios Sociales ha sido esencial en aquellos casos donde existían situaciones de vulnerabilidad o presencia de menores, garantizando una actuación equilibrada y ajustada a la legalidad.
La experiencia acumulada durante este primer año, señalan fuentes municipales, ha permitido también «clarificar expectativas». Tal y como recoge la memoria anual del servicio, muchas de las situaciones planteadas exceden las competencias municipales y requieren resolución judicial. La imposibilidad de ejecutar desalojos sin orden judicial, la necesidad de denuncia expresa del propietario o la falta de competencia en conflictos arrendaticios son algunas de las limitaciones existentes. Aun así, el Ayuntamiento valora que «ha logrado ofrecer algo fundamental: información clara, acompañamiento cercano y una respuesta coordinada que reduce la sensación de desamparo de los afectados».
«Galapagar fue pionero en la puesta en marcha de este servicio y seguirá trabajando para que quienes intenten instalarse al margen de la ley sepan que en este municipio hay vigilancia, coordinación y un Ayuntamiento comprometido con sus vecinos», indican desde el Ejecutivo.
