El Ejecutivo de Galapagar supera la cuestión de confianza, aprobándose de forma automática los presupuestos para este año

 

Previamente, desde el Ejecutivo ya habían advertido que, en caso de que no prosperase esta medida, se establecería el plazo de un mes para presentar una moción de censura, si bien indicaban que esta opción era “inviable”, ya que “al existir una edil tránsfuga (en referencia a Antonia María Quispe, que se presentó como cabeza de lista de Sí Se Puede Galapagar, aunque fue expulsada de esta formación hace unos meses) entre los miembros de la oposición, la LOREG, en su artículo 197, establece que en estos casos es necesario un concejal más para  obtener la mayoría absoluta, imprescindible para que pueda prosperar la moción de censura”.

«Una estratagema»

Así las cosas, los ediles de la oposición no dudaron en calificar como “estratagema” la fórmula empleada por el Partido Popular, tal como denunció la representante de En Común-Izquierda Unida, Celia Martell, quien además volvió a calificar los presupuestos como “antisociales”. “No nos han dejado voz, siguen haciendo lo que les da la gana. Hemos tenido reuniones que no han sido más que un paripé político”, manifestó.

En una línea parecida se pronunció el concejal del PSOE Alberto Gómez, después de reconocer que esta opción de la cuestión de confianza fue planteada en el último Pleno por el portavoz de su grupo, Jorge Cotallo. Desde la bancada socialista hablaron de “cercenamiento de la democracia”, “falta de acceso a la información” y trabas a la oposición, recordando que únicamente cuentan con un ordenador para 11 ediles. “Tienen reuniones con nosotros, pero no ceden ni un ápice en su posición”, afirmó.

La portavoz de Cambiemos Galapagar, Raquel Almendros, aseguró que ésta “no era una verdadera cuestión de confianza, porque en el informe ya dejan claro que no se puede presentar una moción de censura por otra argucia legal”. “Son unos presupuestos antisociales y ni siquiera han negociado con los sindicatos la relación de puestos de trabajo”, manifestó. “No traiga pantomimas. Lo que tiene que hacer es comprometerse a dimitir si no salen adelante los presupuestos”, subrayó dirigiéndose al regidor, para después asegurar que el Ayuntamiento está en una situación de “excepcionalidad”.

Por su parte, la edil no adscrita, Antonia María Quispe, que calificó los presupuestos como “continuistas”, manifestó que se encontraba en esa situación “por voluntad del equipo de Gobierno, pero he presentado un recurso”, a lo que el portavoz del Partido Popular, Pablo Gómez, respondió luego que si es concejala no adscrita “es porque la han echado de su partido”.

Fórmula rebuscada

El portavoz de Ciudadanos, Felipe García, cuya abstención acabó resultando decisiva para que prosperase la cuestión de confianza, afirmó en primer lugar que se trataba de una “rebuscada forma” para aprobar los presupuestos. “No nos gusta esta manera de hacer las cosas, eso ya lo saben ustedes, pero tampoco nos podemos ir a la provisionalidad”, afirmó, para admitir a renglón seguido que “estos presupuestos son mejores que los que presentaron en 2016, corrigen algunas deficiencias”. “Podrían haber escogido la opción de debatir y acordarlos con alguno de los grupos, pero no han tenido la menor intención de negociar”, concluyó.

Desde el Ejecutivo, el titular de Hacienda, Juan Antonio Francés, reprochó la actitud de los grupos de la oposición en este proceso. “Cuando ustedes utilizan las leyes para bloquear el Ayuntamiento, eso es la quintaesencia de la democracia; pero si el Ejecutivo utiliza esas mismas leyes, entonces es un comportamiento antidemocrático. Pues miren, no es así. Se unen exclusivamente para bloquear, ésa es la idea de democracia que tienen”, señaló en su intervención, defendiendo una vez más que “son los presupuestos que Galapagar necesita”. “Se quejan de de que no se tienen en cuenta las enmiendas, cuando ustedes no se han leído siquiera estas cuentas”, indicó, asegurando frente a las críticas de la oposición que “aumenta el gasto social en todas las partidas”.

Evitar el bloqueo

Para cerrar el turno de intervenciones, el portavoz del PP, Pablo Gómez, reiteró que la fórmula de la cuestión de confianza se utilizaba para evitar el “bloqueo” al equipo de Gobierno, “aplicando el artículo 197 bis”. “Hace un año, acogimos todas sus propuestas, pero les pedimos que nos permitieran determinar de dónde sacábamos el dinero, a lo que se negaron. ¿Entonces en qué quedamos? ¿Democracia es sólo lo que dicen ustedes?”, se preguntó. En respuesta al portavoz de Ciudadanos, Gómez negó que fuera un mecanismo “rebuscado”: “Es una una fórmula legal”, reiteró, asegurando que algunos grupos de la oposición habían pretendido “presentar enmiendas ilegales, así informadas por los técnicos municipales”.

La votación, realizada de forma nominal, se saldó con 10 votos a favor (PP), tres abstenciones (Ciudadanos) y siete en contra (Cambiemos, PSOE, En Común y la edil no adscrita). De este modo, al prosperar la cuestión de confianza se aprobaban automáticamente los presupuestos para 2017. Ahora, se establece un plazo de 15 días de exposición pública para la presentación de alegaciones y la posterior aprobación definitiva.