El ex alcalde de Galapagar, a juicio por el presunto acoso laboral a la entonces secretaria general del Ayuntamiento

Alberto Gómez, ex alcalde de Galapagar, actual portavoz del grupo socialista y coordinador del PSOE en la zona Noroeste, será juzgado a partir del próximo 9 de marzo por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. Junto a él, según adelanta OK Diario, comparecerán otras ocho personas vinculadas al Ayuntamiento en un proceso que se remonta a 2021 y que tiene su origen en una denuncia por acoso laboral presentada en los Juzgados de Collado Villalba por la entonces secretaria general del Consistorio, Pilar A. A.. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de una condena de un año de cárcel y 2.000 euros de indemnización.

Presiones y trato vejatorio

La funcionaria aseguró que había recibido «presiones y trato vejatorio» por parte del alcalde y del primer teniente de alcalde al negarse a renunciar a su derecho a prorrogar su trabajo hasta los 70 años. Además del ex regidor socialista, también ha sido citado como acusado Felipe García, quien ocupaba el cargo de primer teniente de alcalde por Ciudadanos. 

Según esta información, el tribunal ha ordenado además la presentación de pruebas anticipadas, incluyendo el histórico de presencialidad de la denunciante (desde el día 01/03/2020 hasta el 01/03/2022) y los días que la secretaria estuvo teletrabajando, desde 2017 hasta 2022.

El PP señaló cuando se hizo pública esta denuncia, en octubre de 2021, que este supuesto acoso era “consecuencia de las advertencias de ilegalidad de las decisiones que se estaban tomando por el equipo de Gobierno formado por PSOE y Ciudadanos” y que “ella formulaba en el ejercicio de sus funciones”, así como a su “negativa a colaborar en ciertas operaciones muy alejadas de las tareas atribuidas”.

Reunión con el alcalde y su número 2

Todo ello, indicaban entonces, derivó en una reunión con Alberto Gómez (PSOE) y el primer teniente de alcalde, Felipe García (Ciudadanos), en la que la secretaria aseguró que fue «insultada y descalificada personal y profesionalmente». Tras este encuentro, la funcionaria acudió al médico con un cuadro de estrés y ansiedad, que motivó su baja laboral. Semanas después, añadía el PP, «conoció que estando de baja se había procedido a su despido sin comunicación alguna y el puesto de trabajo fue cubierto con un amigo de la infancia del alcalde de forma temporal».

Como consecuencia de estos hechos, el PP pidió la dimisión del alcalde, hablando de la «paradoja de que sea un ex representante sindical de UGT y que, en vez de defender a los trabajadores, sea el protagonista de casos de acoso e intimidación de funcionarios y empleados municipales».

Este grupo, ahora en el Gobierno, advertía además de la gravedad que conllevan estos hechos ya que, de ser ciertos, el regidor «habría llevado al Pleno de la Corporación acuerdos a sabiendas de su ilegalidad, tal y como le había advertido esta funcionaria municipal, incurriendo por lo tanto un posible delito de prevaricación». 

El regidor niega las acusaciones

El entonces alcalde, Alberto Gómez, aseguró a Aquí en la Sierra que los hechos eran «absolutamente falsos» y que la primera denuncia fue archivada, si bien la ex secretaria recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que ahora ha abierto juicio oral contra el ex regidor. Gómez indicaba que, efectivamente, en abril de 2021 él mismo y el primer teniente de alcalde mantuvieron una reunión con la funcionaria, pero que en ningún caso hubo insultos ni amenazas. Igualmente, señalaba que no se había procedido al despido de la trabajadora, sino que era una jubilación forzosa.

En su momento, el equipo de Gobierno (entonces formado por PSOE y Ciudadanos), hizo público un comunicado en los siguientes términos:

“Respecto a la denuncia por un presunto delito de acoso laboral, interpuesta por la antigua secretaria municipal, el Juzgado de 1a Instancia e Instrucción número 4 de Collado Villalba con fecha de 30 de julio dispuso, literalmente, en su auto no 238/2021 que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.

El auto destaca que la denunciante tampoco ha propuesto ningún testigo directo o indirecto al que le conste esa situación de acoso y, del mismo modo, dicha resolución judicial advierte que la trabajadora se encontraba de baja en el momento que se dictó el auto, no constando que hubiese activado el Protocolo de Acoso Laboral del Ayuntamiento.

Confiamos plenamente en la Justicia para clarificar este asunto y, en caso de que finalmente se interpusiera recurso por la otra parte, estamos seguros que el resultado será el mismo, ya que es completamente falsa la situación que denuncia la trabajadora en cuestión y así lo ha confirmado la magistrada”.