El Ayuntamiento de Galapagar denuncia que «un grupo de okupas» se intenta empadronar en direcciones falsas

Agentes de la Guardia Civil tuvieron que acudir en la tarde del martes al Ayuntamiento de Galapagar, según han denunciado desde el equipo de Gobierno, «ante los altercados y amenazas de un movimiento vecinal que exigía el empadronamiento en viviendas de calles inexistentes».

Fuentes municipales señalan que «un grupo de okupas» se presentó en el Consistorio para «exigir que los trabajadores municipales procedieran a su empadronamiento». «Un hecho difícil de realizar teniendo en cuenta que esta solicitud era relativa a casas que no figuran como viviendas en el padrón municipal o direcciones falsas o inexistentes», añaden.

Momentos de tensión

Según han denunciado desde el Ayuntamiento, se vivieron momentos de tensión debido que «los manifestantes intimidaron a los trabajadores, amenazando con denuncias por prevaricación, por lo que, ante los gritos y la actitud de este grupo de personas, fue necesaria la intervención de la Guardia Civil, que se encargó de identificar a los presentes».

Para el Ejecutivo galapagueño, «queda patente que se trata de una primera reacción» ante la presentación hace unos días de la Oficina Antiokupación, «señal de que lo estamos haciendo bien y estamos defendiendo los derechos de nuestros vecinos». «Seguiremos firmes en nuestra política antiokupación con el mismo mensaje dirigido al colectivo okupa, para que entiendan que aquí no son bienvenidos y no se lo vamos a poner fácil», indican desde el equipo de Gobierno que preside Carla Greciano.

El Ayuntamiento estudia ahora «emprender acciones legales por el incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana», detallando que las infracciones pueden conllevar una sanción mínima de 600 euros.

«Es una obligación»

Por su parte, la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba ha remitido un cmunicado en el que actúa como portavoz de este grupo de manifestantes, asegurando que los hechos acontecidos el martes responden a «una acción reivindicativa por las dificultades para empadronarse».

Señalan que la primera solicitud de una veintena de vecinas se realizó hace año y medio, asegurando que «a partir del tercer mes por silencio positivo deberían haber recibido su padrón». «No ha sido así, y se les ha tratado dando largas constantemente y con excusas burocráticas variopintas», añaden, señalando que «la ley es clara y contundente: el padrón no es sólo un derecho fundamental, sino también una obligación». En su comunicado, la Asamblea de Vivienda de Collado Villalba llega a acusar a la alcaldesa de «prevaricación».

Este colectivo indica que «los funcionarios volvieron a pedirles esperar sin ninguna concreción más y pusieron distintas pegas, entre ellas que esas calles no existen o que las casas no son casas». «Lo cierto es que hemos agotado todas las vías administrativas para conseguir el padrón, y aún así el Ayuntamiento de Galapagar no cumple con su obligación», mantienen, exigiendo «una reunión con el técnico de padrón y con la propia alcaldesa», además del censo de caminos municipales.

«No cesaremos hasta que concedan el padrón a las vecinas. Es un requisito indispensable para multitud de trámites, así como el acceso a la sanidad o la educación», continúan.

«La inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón», indican haciendo referencia a una resolución, fechada en febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, acerca de las instrucciones técnicas sobre la gestión del Padrón municipal.