Torrelodones, Guadarrama, Galapagar, El Escorial y Valdemorillo, investigados por Anticorrupción por contratos relacionados con la gestión policial
La operación lanzada este martes junto con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) contra la gestión irregular de semáforos alcanza a 14 municipios madrileños, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado. La Fiscalía prevé la detención de «diversas autoridades y funcionarios» y registros y requerimientos de documentación por los contratos de diferentes aplicaciones de gestión policial en una cuarentena de municipios. Fuentes de la investigación subrayan que los arrestos afectan a cargos de PP, PSOE y Ciudadanos.
Los hechos investigados, según una nota de prensa de la Fiscalía Anticorrupción, están relacionados con los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.
Los municipios madrileños afectados son: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Majadahonda, Parla, Pinto, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Guadarrama, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares y Valdemorillo. La Policía ha entrado en el Ayuntamiento de Torrelodones, mientras que el juzgado habría ordenado la práctica de requerimientos de documentación en El Escorial, Galapagar y Valdemorillo.
Al frente de la investigación se encuentra la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que ha ordenado la entrada y registros en diversos ayuntamientos, sedes de empresas y domicilios particulares del territorio nacional para desarrollar diligencias sobe la empresa Aplicaciones Gespol S.L., filial de Sacyr integrada a su vez en el grupo Valoriza Servicios Medioambientales.
Esta empresa, según Anticorrupción, «habría obtenido la adjudicación de diversos contratos administrativos vinculados principalmente a la gestión policial en el ámbito local». Fuentes de la investigación han informado a primera hora de este martes que la investigación, en la que participan 580 agentes de la UDEF, se centra en los contratos presuntamente irregulares de aplicaciones para mejorar el tráfico con aplicaciones, por ejemplo, en semáforos y en otros elementos urbanos.
«Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal», ha señalado Anticorrupción.
En el caso de Galapagar, fuentes municipales indican que por el momento no les ha sido requerida «ninguna información» y que, cuando lo hagan, «tendrán absoluta colaboración» por su parte.
Comunicado del Ayuntamiento de Torrelodones
Tras el inicio de esta operación desarrollada por la UDEF, el Ayuntamiento de Torrelodones ha remitido un comunicado en que asegura que están actuando con «absoluta colaboración y transparencia, tanto por parte de la alcaldesa y los concejales del equipo de Gobierno como por los funcionarios públicos, especialmente el secretario y la interventora».
La investigación se centra en la contratación de los servicios informáticos de Policía Local implantado en Torrelodones desde 2001 (Bibliomática, luego Gespol, y adquirida recientemente por Sacyr) y que se mantiene en la actualidad. El Ayuntamiento ha hecho entrega a la Policía Nacional del expediente de contratación para la “Infraestructura de innovación tecnológica para la solución de movilidad mediante el acceso electrónico y la integración de las comunicaciones de la Policía Local dentro del municipio”, financiado con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad, conocido como Plan E.
«Dicho contrato se licitó mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación anticipada al que solo se invitó a la empresa Bipliomática por razón de exclusividad. El precio de licitación fue de 200.000 euros y se adjudicó, en Junta de Gobierno, el 29 de abril de 2010 por el mismo importe sin baja alguna», indican fuentes municipales.
El Ayuntamiento también ha hecho entrega del expediente de implantación de un sistema de gestión de cámaras de tráfico, licitado en 2017, mediante procedimiento abierto, por un importe de 237.496,78 euros, al que se presentó la empresa Gespol, que no resultó adjudicataria. Así como del expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento de Parques y Jardines, adjudicado a Valoriza (por ser la compañía que adquirió Gespol en 2016) por 428.847,1 euros más IVA anualmente; y los pagos que constan en este Ayuntamiento a cualquiera de estas empresas.
En la actualidad, indican fuentes municipales, la Policía Local de Torrelodones sigue trabajando con el software adjudicado en 2010, cuyo mantenimiento tiene obligatoriamente que realizar esta empresa, y que le ha sido adjudicado por un plazo de cuatro años y cuya cuantía asciende a 9.438 euros anuales. «Lo que han hecho es disparar con una escopeta de calibre bastante grueso, porque esto se retrotrae hace atrás bastante tiempo», indicó el edil de Comunicación, Ángel Guirao. El concejal de Vecinos por Torrelodones explicaba que los contratos con Gespol se remontan a 2001, aunque en 2010 cuando se produjo un cambio significativo: «Desconocemos el motivo, pero algo que se había contratado hasta ese momento por cantidades relativamente pequeñas y con contratos menores, de pronto hay un contrato por valor de 200.000 euros, adjudicado en un negociado sin publicidad al que sólo se invita a esta empresa por un tema de exclusividad, y es la justicia la que tendrá que determinar si ve algo extraño o no», añadía.
Por otra parte, y aunque inicialmente no figuraba en la nota de prensa hecha pública por la Fiscalía Anticorrupción, agentes de la Policía Nacional se han personado también en el Ayuntamiento de Guadarrama, que en un comunicado ha mostrado también la «total colaboración» tanto de la alcaldesa como del resto del Ejecutivo, así como de los funcionarios públicos. La documentación, indicaban, «se centra en los expedientes de contratación de la aplicación informática que utiliza la Policía Local, y en concreto en los expedientes desde 2012». También se ha requerido información sobre el contrato de mantenimiento de los semáforos.
En relación a este último, añaden estas mismas fuentes, «la licitación fue realizada mediante un procedimiento abierto al que se presentaron cuatro ofertas, con un único criterio que era el económico, resultando adjudicataria la más económica, que fue la UTE Guadarrama, formada por Valoriza y Gespol, por un importe anual de 13.700 euros». En cuanto al primero, explicaban, se trata de un procedimiento negociado por importe menor (14.374 euros), que se corresponden con la licencia y mantenimiento de la aplicación específica del servicio de Policía Local».
«En aras de la transparencia», concluyen desde el Ayuntamiento, «la alcaldesa ha convocado de forma extraordinaria y urgente una comisión informativa a todos los grupos políticos del Ayuntamiento en la que se repartirá la documentación solicitada y facilitada a la policía judicial. De dicha documentación se desprende la transparencia con la que se han tramitado ambos expedientes en la que incluso han participado los diferentes grupos políticos en las mesas de contratación que formularon la propuesta de adjudicación».
