«Desde los poderes públicos debemos ayudar a que la víctima se sienta lo mejor posible», Sagrario Plaza, responsable de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito de Collado Villalba

Sagrario Plaza Martínez lleva tres meses en este servicio, pero la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito (OAVD) de Collado Villalba, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, se instaló hace dos años para dar apoyo a las personas que hayan sufrido cualquier delito y residan en Torrelodones, Galapagar, Collado Mediano, Alpedrete, Los Molinos, Cercedilla y Guadarrama, municipios integrantes del partido judicial de Collado Villalba. «Tratamos de poner a la víctima en el centro del sistema judicial, que se sienta protegida en un espacio íntimo, privado porque hay daños morales, económicos, materiales… Desde los poderes públicos debemos ayudar a que la víctima se sienta lo mejor posible».

Se trata de un servicio público y gratuito al que se puede acudir voluntariamente o derivado por jueces y fiscales, cuerpos y fuerzas de seguridad, servicios sanitarios… «Por eso es muy importante estar coordinados con Madrid y con las entidades e instituciones del partido judicial», como los Servicios Sociales de un Ayuntamiento, «para no hacerle al ciudadano desplazarse». En estos dos años de funcionamiento de la OAVD de Collado Villalba se ha incrementado el número de usuarios. «Cada vez viene más gente y se va conociendo más el servicio».

Trabajo gratificante

Hasta el momento, Plaza había desempeñado la labor de Gestor Procesal, con formación jurídica; durante muchos años trabajó en asuntos relacionados con la violencia de género. «Me cambié de trabajo con ilusión porque me pareció un proyecto preciosos; cuando ves que ayudas y que la persona está reconfortada de alguna manera es muy gratificante».

Los OAVD son multidisciplinares; están formadas por funcionarios de la Administración de Justicia, como es el caso de Sagrario, personal laboral o especializado, como son los psicólogos o trabajadores sociales. Según las necesidades del servicio, se van ampliando.

Cuando llega un ciudadano hay una primera fase de acogida, donde se escucha a la víctima; a continuación se la facilita información sobre sus derechos y la asistencia jurídica gratuita. La tercera fase es la de intervención, donde se deriva a los Servicios Sociales o Psicológicos. En algunos casos el proceso finaliza con un seguimiento y la apertura de un expediente individualizado. «También se puede venir a realizar una consulta», apunta Sagrario, «hay quien quiere conocer sus derechos, saber qué es una orden de protección… Puede venir una persona cercana a la víctima o, en la caso de los menores, sus padres o representantes legales. También se les puede hacer acompañamiento a juicio», explica Plaza.

Atención a los menores

En cuanto a los menores, son una prioridad para las OAVD. En la Ley Orgánica 8/21 se recogen los derechos de la infancia y la adolescencia. «Los menores, por sus circunstancias, son colectivos vulnerables especiales de protección, igual que las personas que tienen discapacidad». En este sentido, la Comunidad de Madrid es pionera tanto en el uso de las Cámaras Gessel (una habitación acondicionada para permitir la observación de las personas) para hacer pruebas preconstituidas y que los menores de 14 años no tengan que volver a declarar y no se produzca la revictimización. Además, desde 2014 se puso en marcha el Programa Dogtor Animal, con perros entrenados para acompañar a menores de 2 a 16 años que tengan que afrontar una declaración judicial o una entrevista «y rebaja el nivel de ansiedad de los niños». «Se está tratando de humanizar», apunta la responsable de la OAVD villalbina.

Sobre el perfil de los usuarios de la OAVD de Collado Villalba, acuden más mujeres que hombres. Y en cuanto al tipo de delito, «mayoritariamente son dos: violencia de género y hay un aumento de las agresiones sexuales a menores. Con el Covid, todos los colectivos lo pasaron mal, pero los niños y jóvenes tuvieron un corte en sus relaciones sociales y se tuvo acceso, quizás demasiado, a las redes sociales, dispositivos… y sin control suficiente puede ser una puerta a todo. Hay que trabajar mucho desde la educación y la prevención del delito y cuando se produce, hay que reparar a la víctima y reeducar para la reinserción».

«Yo lo que me estoy encontrando es gente que viene con muchos problemas y hay que ver si son jurídicos, sociales… y con desconocimiento sobre sus derechos. Hay gente que no quiere denunciar, solo conocer las consecuencias que lleva aparejada una denuncia. Las personas que tienen menos recursos tienen menos posibilidades, por eso nosotros informamos de los derechos que tienen no les damos una estrategia, no somos abogados», señala Sagrario Plaza.

Marco Legal

El Estatuto de la Víctima se crea por Ley 4/2015  (es una transposición de una Directiva de la Unión Europea) y establece un marco de derechos en torno a la víctima. Su desarrollo, mediante Real Decreto, establece las OAVD. La Comunidad, que tiene traspasadas las competencias mediante Decreto 28/20 crea la organización de estas oficinas en los 21 partidos judiciales que tiene la región (a excepción de Torrelaguna y Majadahonda y en la calle Albarracín de Madrid, donde están los servicios centrales que sirven de apoyo a cada partido judicial).