Profesores de la zona Oeste se concentran en Collado Villalba para pedir mejoras en la educación pública

Los sindicatos educativos han elevado por encima del 67% el seguimiento de la segunda jornada de huelga convocada este martes en la educación pública madrileña, más de dos puntos por encima del dato que ofrecieron en el primer día de paros, el pasado 8 de mayo, mientras desde la Comunidad de Madrid se ha cifrado este apoyo en sólo un 23,4%, 1,1 puntos menos que el porcentaje calculado entonces por la propia Administración.

En el ámbito de cobertura de Aquí en la Sierra, la principal concentración se ha llevado a cabo esta mañana en la plaza de la Estación de Collado Villalba, donde han acudido unas 200 personas, reclamando mejoras en la enseñanza pública, principalmente la bajada de ratios, la reducción de la jornada lectiva o la equiparación salarial con otras comunidades autónomas. 

«Los datos de la primera jornada de huelga fueron espectaculares en la zona Oeste. Estamos luchando por una dignidad hacia la comunidad docente que se está perdiendo. Están mermando nuestros derechos para dárselos de una manera u otra a la enseñanza privada, y no lo vamos a permitir. Están saturando de carga horaria y burocrática a los profesores, y estamos aquí para luchar y dejar claro que no nos vamos a rendir», señalaba Roberto González de Cuenca, delegado sindical de Comisiones Obreras.

«Estamos reivindicando la bajada de ratios, la puesta en marcha de un plan contra la burocracia, el aumento del cupo de atención a la diversidad, la reducción del horario lectivo y una equiparación salarial. Ya está bien de que los profesores estén como están», añadía Elena Abad, también de CC OO, mientras que Irene Noval, de UGT incidía en la importancia de contar con «unas mejores condiciones para nuestra enseñanza pública».

Defensa de la escuela pública

La concentración contó también con la presencia de varios representantes políticos de la zona, como Andrés Villa, secretario general del PSOE de Collado Villalba, que subrayó la importancia de «apoyar y defender la escuela pública, porque hay dos políticas fundamentales que nunca deberían tener carestía de recursos: educación y sanidad». «Personalmente, yo soy hijo de la educación pública, he estudiado siempre en colegios públicos de Collado Villalba, en el Tierno Galván, en el Miguel Delibes, luego en el IES María Guerrero… Sin el sistema público de educación yo no podría haber llegado a lo que he llegado a día de hoy», señalaba. El edil socialista aseguró que las reivindicaciones de la comunidad docente «son de lo más justo», poniendo como ejemplo que «es muy difícil ser profesor en un aula con más de 35 alumnos, cifra que está muy lejos de otros países del entorno europeo».

En cuanto a la situación en Collado Villalba, indicó que «siempre ha tenido fama de tener una educación pública muy buena, y sigue siendo así, con colegios e institutos que han estado entre los mejores de la región, pero poco a poco es evidente que, por un motivo u otro, cada vez hay más gente que está decidiendo llevar a sus hijos a la educación concertada o privada. Gente además que estudió en la pública y que cada vez más decide llevar a sus hijos a estos centros; ellos no tienen la culpa de tomar esta decisión, pero como gestores de la público hay que plantearse por qué está sucediendo esto». Finalmente, el edil villalbino incidió en que la enseñanza pública «es el principal garante de que cualquier persona pueda llegar a realizar lo que quiera en su vida».

Por su parte, Víctor Ibáñez, secretario general del PSOE en Torrelodones, recordó que desde 2019 «está pendiente la construcción de un cuarto colegio público, que todavía sigue en el limbo». Además, hizo referencia al problema que existe «derivado de la zona de escolarización única, sobre todo para la planificación de los centros; y por supuesto hay un problema de recursos muy importantes».

«Madrid es la única comunidad que no ha vuelto a los horarios de antes de la pandemia y las ratios, sobre todo en algunos centros, como ocurre en el IES de Torrelodones, es de más de 30 alumnos por aula. A esto se une que la inversión que hace la Comunidad en la educación pública es de las más pequeñas de España y, al contrario, los recursos que se desvían tanto a la concertada como a la privada, como con los cheques instituto o las deducciones fiscales, van en contra del apoyo que debe darse a la educación pública, que es la que llega a todos los ciudadanos y debe tener la mayor calidad posible», añadió.

Entre otros, también estuvieron presentes políticos locales como Pablo Orueta, de Unidas El Escorial, o Gonzalo Díaz, de Más Madrid Collado Villalba, subrayando que su formación «siempre va a apoyar a la escuela pública en sus justas reivindicaciones». «Los recortes y el acoso a la enseñanza pública son continuos con el Gobierno de Ayuso, además de la derivación de recursos a la concertada. Estamos en contra de esta estrategia de desmantelar los servicios públicos en detrimento de la mayoría de la población sólo para privilegiar a unos pocos», concluyó.

Las posturas continúan alejadas

Este segundo día de paros ha llegado sin ningún acercamiento de posturas entre las organizaciones representadas en la Mesa Sectorial y la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, después de que los primeros rechazaran a principios de abril la propuesta que el consejero, Emilio Viciana, formuló para reducir las horas lectivas del profesorado de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial de cara al curso 2026/27.

La propuesta rechazada supone que todos los profesores de Secundaria, FP y Régimen Especial pasen de 20 a 19 horas lectivas semanales en el curso 2026/27 como primer paso de una reducción general de las horas en el conjunto de la educación madrileña a lo largo de la legislatura.

Las organizaciones presentes en la Mesa de Educación exigen la recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial; la reducción del horario lectivo de Infantil y Primaria a 23 horas; la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas; la bajada de ratios y dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad, y un plan de choque «contra la burocracia».