Greenpeace reclama una zona de bajas emisiones en Collado Villalba
Coincidiendo con el inicio de la Semana Europea de la Movilidad, un grupo de voluntarios de la ONG Greenpeace acudió este sábado al ágora de la biblioteca Miguel Hernández, para exigir a la alcaldesa, Mariola Vargas, que apruebe una zonas de bajas emisiones antes del año 2023, tal y como exige la Ley de Cambio Climático en las ciudades de más de 50.000 habitantes.
Se trata de una iniciativa que se repitió en otras 17 ciudades españolas como Coruña, Almería, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Córdoba, León, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Palma de Mallorca, Pamplona, Vigo, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Valdemoro, Valladolid y Zaragoza para reclamar ZBE que sean efectivas para rebajar la contaminación atmosférica y el impacto climático del tráfico rodado.
Bajo el lema «Disfruta de una ciudad con menos coches», este colectivo explicó que su intención fue «dar un toque de atención» a los regidores que aún no cuentan zonas de bajas emisiones, por lo que decidieron inaugurarlas simbólicamente ellos mismos.
“Armados con una cinta, pancartas y carteles informativos, cada comitiva inaugural ha recibido a su “alcalde” para emular lo que sería estrenar una zona con restricciones a los coches más contaminantes y así disfrutar de una ciudad con más espacio para las personas”, destacó la ONG.
En opinión de Greenpeace, la apertura de nuevas zonas de bajas emisiones “debería ser un hito histórico que contribuya a reducir la contaminación de la ciudad, a eliminar emisiones causantes de cambio climático y a recuperar espacio público para las personas”.
La ONG recordó que, por ley, toda ciudad de más de 50.000 habitantes deberá tener al menos una zona de bajas emisiones en 2023. Sin embargo, Greenpeace alertó de que muchos proyectos no servirán realmente para bajar las emisiones, dado que «sólo impulsan medidas cosméticas para ‘cumplir’ con la Ley de Cambio Climático».
Por otro lado, los ambientalistas han subrayado la necesidad de revisar el etiquetado ambiental de la Dirección General de Tráfico, «un proceso bloqueado ‘sine die’ desde el año pasado y que permite que tecnologías contaminantes como el gas natural, los motores “microhíbridos” o los SUV de gran tamaño y cilindrada obtengan la calificación ECO a pesar de que sus emisiones superen incluso las de un motor gasolina convencional», han aseverado en un comunicado.