El Ayuntamiento de Collado Villalba no tiene contrato para el suministro eléctrico desde hace un año y ha sido sancionado con 243.000 euros

El Ayuntamiento de Collado Villalba no tiene contrato para el suministro eléctrico desde hace casi un año, concretamente desde el pasado 27 de febrero de 2025, una situación que derivó en que este servicio pasó al TUR, Tarifa de Último Recurso, diseñada para consumidores minoristas, no grandes consumidores como sería un ayuntamiento, lo que ha supuesto una sanción de 243.750 euros. Esto es al menos lo que denuncia el concejal y presidente de MCV Corazón Villalbino, Roberto Ramos. 

Según Ramos, hace casi un año que se produjo la finalización del contrato eléctrico que el Consistorio villalbino tenía suscrito con Iberdrola clientes. «Desde ese día, el municipio dejó de tener contrato en vigor para un suministro tan vital para el municipio. El departamento de Urbanismo solicita al área de Hacienda la gestión de dicho contrato y la retención de crédito por importe de 1.961.193 euros para el pago anual de la facturación eléctrica. No obtiene respuesta desde el área de Hacienda, con lo que ni se negocia una prórroga ni se lanza una nueva licitación. Esto trajo como consecuencia que durante el año 2025 no existiese contrato y un informe técnico hace referencia a que no existe partida presupuestaria para este apartado».

A partir de ese momento, el suministro eléctrico del Ayuntamiento pasó a la Tarifa de Último Recurso con la empresa Curenergia. Esta tarifa está regulada en el RD 485/2009 de 3 de abril, en su disposición adicional undécima, y especifica que “solo podrán acogerse a tarifas de último recurso los consumidores de energía eléctrica conectados en baja tensión cuya potencia contratada sea inferior o igual a 10kw”, lo que excluye grandes consumidores como sería un ayuntamiento.

Una sanción de 243.750 euros

En el Pleno del pasado mes de octubre, el concejal de Hacienda, Miguel Aisa, llevó una propuesta de remanente liquido de tesorería por importe de 975.000 euros para el pago a Iberdrola y «en su exposición nos encontramos que nos sancionan con 243.750 euros, penalización debida al exceso de consumo en una tarifa en la que no tendríamos que estar, pero al ser el suministro eléctrico un bien de primera necesidad ninguna compañía puede dejar un ayuntamiento sin suministro», ha indicado Roberto Ramos, que subraya que «estamos en el mes de febrero de 2026 y seguimos sin contrato».

«Nos encontramos frente a otro desastre de los concejales del PP: vemos que entre ellos no se hacen las gestiones pertinentes.  La dejadez del equipo de Mariola Vargas es alarmante, despilfarrando el dinero público. Con esos 243.750 euros se podrían haber asfaltado nuevamente la calle Real, incrementar las subvenciones para clubes deportivos, mejorar las aceras, arreglar los colegios o un sinfín de necesidades vitales que tiene nuestro pueblo. Pero nuestra alcaldesa continua con su despilfarro, engaños y mentiras», critica el presidente de MCV Corazón Villalbino.

«Un gobierno local superado por su ineficacia, su prepotencia, y su nefasta gestión. En la que solamente MCV te cuenta lo que ningún partido es capaz de denunciar. Para eso estamos nosotros», zanja la formación.

Respuesta del área de Hacienda

Por su parte, el responsable de Hacienda, Miguel Aisa, ha señalado que «tal y como se manifestó en el Pleno de octubre, los contratos de suministros se licitan de acuerdo con los órganos de contratación central del estado, y al solicitar por parte del área de Urbanismo no el pago, si no el RC (Retención de Crédito) por un importe de casi dos millones de euros para el nuevo contrato, se detecta que los precios no solo no se han actualizado a la realidad actual (con precios más baratos), sino que son acordes a los picos máximos de precios que se dieron durante la pandemia y al comienzo de la guerra de Ucrania. Ante dicho panorama se requiere que se justifique al órgano central la no bajada de precios como si se dio en el contrato de suministro de gas, donde por parte de la compañía se aceptó una rebaja de más de un 20 por ciento respecto de los precios originales del contrato», ha explicado el edil.

«Según la compañía eléctrica no existe margen de negociación. Ante esa perspectiva y velando por los intereses del Ayuntamiento no se aceptan unas condiciones que se consideran abusivas, y es por ello que se procede a continuar con el TUR, que no se ha demostrado en modo alguno que a día de hoy supusiera un incremento de los costes respecto de un contrato con unos precios fuera de mercado», continua Miguel Aisa.

Sin cortes de luz y al corriente de pago

«También se debe aclarar que jamás se ha producido corte alguno de luz y que este ayuntamiento se encuentra al corriente de pago de sus facturas con la suministradora eléctrica, y que se está intentando llevar a cabo una contratación bajo una modalidad más beneficiosa de los intereses de los vecinos. Es una pena que en un grupo municipal parezca tener más interés en velar por el interés legítimo pero interesado de una suministradora de la luz frente a los intereses de todos los vecinos», ha dicho Aisa.

«También entendemos que por parte del Estado se debería velar por garantizar que la administraciones públicas locales, que no tienen la capacidad de negociación del estado frente a las grandes suministradoras garantizará un proceso de contratación que velará por ambas partes», ha concluido el titular de Hacienda.