Fátima, una mujer víctima de violencia de género, y sus seis hijos: el último desahucio de Collado Villalba

Cerca de una treintena de personas fueros testigos en la mañana de ayer del desahucio de Fátima y sus seis hijos de 16, 12, 11, 10, 4 y 3 años de la que ha sido su vivienda en la calle Inmaculada, número 2, en las inmediaciones de la estación de Renfe de Collado Villalba. «Pese a su situación de vulnerabilidad, el juzgado rechaza la moratoria y Caixabank (entidad propietaria de la vivienda) sigue sin querer negociar suspensión o alquiler social», denuncia la Asamblea de Vivienda de Villalba. Por ello, tras el desahucio varios miembros de este colectivo protestó frente a una sucursal de la entidad bancaria en la localidad.

Por el momento, Fátima y sus seis hijos están viviendo en la casa de un familiar de manera temporal.

«Nuevamente los Juzgados (la propia Asamblea presentó documentación para paralizar el desahucio, pero les solicitaron más) no han querido paralizar el desahucio de una persona que reúne los requisitos que establecen los Reales Decretos aprobados durante la pandemia para suspender un lanzamiento. Una familia monomarental con una mujer víctima de violencia de género y en una situación de vulnerabilidad acreditada ante los Juzgados no ha resultado ser suficiente. Nuevamente el poder judicial demuestra ser un mero ejecutor de la voluntad de los bancos y grandes propietarios y no un organismo que garantice la aplicación de las leyes», lamenta la Asamblea de Vivienda de Villalba a través de un comunicado.

«Los sendos rescates que el Estado concedió a Bankia tras las crisis del 2008 se nos devuelven en forma de miseria. CaixaBank, que es además accionista de la SAREB, entidad semipública que posee un amplio parque de viviendas vacío, no es capaz de sentarse a negociar el aplazamiento temporal de un desahucio ni ofrecer un alquiler social para Fátima. Tampoco los Servicios Sociales han sido capaces de dar alguna solución, infradotados económicamente por el Ayuntamiento y en muchos casos privados de la más mínima sensibilidad con las personas vulnerables, solo han podido amenazar con separar a una madre de sus hijos. Es en estos momentos cuando más se hace notar la ausencia en Villalba de una Oficina de Vivienda que pudiese ayudar a encontrar alquiler a las personas que no cumplen los criterios excluyentes de las inmobiliarias», continua la nota de presa.

«CaixaBank denuncia, los Juzgados ejecutan, los Servicios Sociales amenazan y los gobernantes miran para otro lado», concluyen.