El Ayuntamiento de Collado Villalba presenta una denuncia ante la Fiscalía contra la concesionaria del túnel por un presunto delito de coacciones

El Ayuntamiento de Collado Villalba ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid contra la concesionaria del túnel Honorio Lozano-Batalla de Bailén por un presunto delito de coacciones, tal y como recoge el artículo 172.1 del Código Penal. El documento, con fecha 4 de agosto y firmado por la alcaldesa, Mariola Vargas, en representación del Consistorio, responde al escrito enviado por esta empresa dos días antes en el que señala que “esta parte está ya preparando el ejercicio de acciones penales contra los responsables municipales de estos expedientes y de la gestión misma del contrato” y piden la identificación “de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos”. Asimismo solicitan que “se le comuniquen los nombres de los concejales del Pleno, los de quienes votaron a favor del acuerdo de inicio del procedimiento de resolución y los de quienes lo hicieron en contra o se abstuvieron”.

Hay que apuntar que el pasado 15 de julio el Ayuntamiento aprobó en sesión plenaria la imposición de una serie de penalidades a la CONCESIONARIA COLLADO VILLALBA S.A.U y el inicio de resolución de la concesión, por las graves deficiencias detectadas en las auditorías e inspecciones llevadas a cabo por la propia Corporación, procedimientos que actualmente están en curso.

Ante estas resoluciones, el pasado 2 de agosto representantes de la Concesionaria presentaron el escrito de alegaciones, un documento que tanto la alcaldesa como el concejal de Contratación y primer teniente de alcalde, Bernardo Arroyo, han calificado de «amedrentador«. Ambos consideran que la Concesionaria está ejerciendo presiones para que los concejales que votaron a favor de los citados acuerdos sean conscientes de que se van a querellar contra ellos si no cambian el sentido de su voto.

Esta mañana se ha celebrado una Junta de Portavoces en la que han informado al resto de grupos municipales sobre la demanda interpuesta por el Ayuntamiento y a la que han invitado al resto de concejales y trabajadores municipales que hayan podido sentirse amenazado a sumarse. «Hay que hacerlo de manera personal y yo me voy a adherir», ha asegurado Arroyo. «Tenemos que garantizar a los trabajadores municipales y funcionarios la libertad en el ejercicio de sus funciones y a los cargos públicos la libertad para ejercer su voto».

«Los portavoces están de acuerdo con la denuncia y nos han pedido que les tengamos informados. Les hemos dado copia y nos han dicho que la estudiarán para ver si se adhieren».

La denuncia presentada por el Consistorio señala que “con el objetivo de que modifiquen su actuación, la concesionaria anuncia la presentación de una querella para amedrentarlos y tratar de que resuelvan a su favor el recurso de reposición interpuesto –que próximamente se someterá a votación también en sesión plenaria- y en definitiva, acuerden pagarles los casi dos millones de euros que reclaman al Ayuntamiento….Solo así puede entenderse la injustificada conducta de los denunciados, quienes son perfectamente conscientes de los Plenos del Ayuntamiento, que son grabados y se encuentran disponibles abiertamente y públicamente en el canal Youtube”.

«Hasta ahora el Ayuntamiento ha seguido una vía administrativa -para resolver el conflicto de la concesión del túnel-, todos los procedimientos que se han incoado son garantistas, con sus plazos correspondientes para que la empresa pudiera alegar, es un procedimiento abierto«, ha apuntado Bernardo Arroyo, que ha asegurado que «todas la comunicaciones que se han producido con la concesionaria han sido formales y por escrito».

Otra denuncia en 2013

«El aviso o la interposición directa de querellas contra cargos públicos del Ayuntamiento de Collado Villalba como estrategia de presión es una costumbre de la Concesionaria», aseguran desde el Ayuntamiento. En 2013 contra el equipo de Gobierno presidido por Agustín Juárez, al que junto al concejal José Ramón López y al funcionario Mario Salcedo, acusaron de prevaricación. Finalmente el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción acordó el sobreseimiento de las actuaciones.

«Estuvieron un año acusados de prevaricación hasta que se sobreseyó el caso. A la empresa les sale gratis la denuncia pero ponen la sombra de la duda sobre el político si le acusan de prevaricación, ese sería el titular», ha lamentado la alcaldesa. «Ahora hacen lo mismo y amenazan con judicializarlo otra vez. Pasó antes y fueron a los tribunales».

Situación actual

Sobre la situación en la que se encuentran los dos acuerdos alcanzados por el Pleno a mediados de junio, la empresa concesionaria interpuso un recurso de reposición sobre la fijación de penalidades el pasado 23 de agosto, por lo que ahora el Ayuntamiento tiene que presentar un informe jurídico al respecto.

En cuanto a la resolución contractual, la empresa realizó las alegaciones el pasado 2 de agosto (documento que ha dado pie a la denuncia por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba). Por su parte, el Consistorio ya ha realizado el informe jurídico y falta el de Intervención. «Cuando lo tengamos, se enviarán los dos al Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid para que emita un informe que posteriormente se traerá al Pleno», ha explicado el primer teniente de alcalde.

Además, cabe recordar que se realizó una reclamación sobre el canon que las arcas municipales abonan a esta empresa (de 1.750.000 euros al año), en concreto el de los años 2019 y 2020 y «estamos pendientes del traslado del expediente a sede judicial», ha concluido Bernardo Arroyo.

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