Vecinos de la colonia Camorritos, en el Puerto de Navacerrada, alarmados ante la posible expropiación de sus casas

los afectados mantienen que en el Registro de la Propiedad consta que la concesión es ilimitada en el tiempo, argumento en el que se centrarán para evitar el desalojo.

Los vecinos de unas 500 viviendas de Cercedilla y Navacerrada están inmersos en una situación de incertidumbre. La Comunidad de Madrid les reclaman las casas que comenzaron a pagar hace unos 15 años y por las que todavía deben parte de una hipoteca. La razón que utiliza la Administración es que son viviendas que se construyeron bajo una concesión a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama y cuya concesión finaliza al cumplirse 100 años. La situación afecta a nueve edificios, tres chales, dos albergues y dos residencias militares.

Según informaba Telemadrid, la Administración regional les notificó por carta que la concesión del terreno de sus viviendas caducó el pasado 2 de enero y que como consecuencia tienen que abandonar las propiedades. Su intención es regenerar la zona, por lo que no se prolongará la concesión, mientras que los vecinos anuncian una larga batalla judicial.

“Tenemos casa en el Puerto, pagamos nuestros impuestos y tenemos hipotecas todavía sin pagar. Entendemos que el Real Decreto no es una concesión, fue una venta por parte de los ayuntamientos de Cercedilla y de Navacerrada a la Sociedad del Ferrocarril de Guadarrama para construir viviendas. Con lo cual esto no es monte, es una zona urbanizada y es para lo que reciben un dinero, para construir una zona urbanizada cerca de la estación de ferrocarril y las estaciones de esquí”, aseguraba uno de los vecinos afectados.

En la misma línea se pronunciaba otra vecina, indicando que cuando compró la casa, “el notario no le dijo que solo era para 15 años y que después se la quitarían”, porque de ser así, “no habría procedido a la compra”.

¿Concesión o propiedad?

El director general de Medio Ambiente, Luis del Olmo, señaló en declaraciones al ente público madrileño que no cabe prorrogar la concesión, de manera que los terrenos deben volver a sus dueños, los ayuntamientos de Navacerrada y Cerdedilla. Del Olmo, además señala que “en el registro de la propiedad lo que aparece es una concesión, no una propiedad”.

Por su parte, los afectados, unos 500, de los que algunos viven de forma permanente en el Puerto de Navacerrada, mantienen que en el Registro de la Propiedad consta que la concesión es ilimitada en el tiempo, argumento en el que se centrarán para evitar el desalojo. Buena parte de estos vecinos adquirieron sus viviendas en los años 70, señalando que en ningún momento tuvieron conocimiento de que había una concesión del terreno para ocupación por solo 100 años.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Cerdedilla baraja como solución que los vecinos paguen un canon o sacar nuevas concesiones compatibles con que los montes públicos vayan recuperando su estado original.