Los ex ediles de Hacienda de Collado Villalba José Ramón López y María del Mar Gil esperan que la causa quede sobreseida tras declarar como imputados en la operación Termyca

Los ex ediles de Hacienda de Collado Villalba José Ramón López y María del Mar Gil declararon por videoconferencia el pasado jueves 14 de febrero en el juicio que se está celebrando en Tarragona dentro de la operación Termyca, que investiga a GCI, dedicada fundamentalmente a consultoría económico-financiera y gestión tributaria. Esta empresa fue contratada por el Consistorio villalbino en el año 2012, tras un concurso abierto, como servicio complementario para la aplicación de los tributos locales, «para apoyar la labor de los funcionarios a la hora de hacer las inspecciones», explica Gil.

Tal y como se especificaba en el contrato, que finalizó en 2016 (aunque la empresa tiene otros cuatro años para seguir cobrando por las gestiones que ha realizado), GCI cobraba el 20 por ciento de las liquidaciones que ingresara el Ayuntamiento.  «Se había previsto que se recaudase menos de lo que se hizo, por lo que hubo que hacer varias modificaciones de crédito en Junta de Gobierno para poder pagar a esta empresa», apunta María del Mar Gil, que inicialmente estaba al frente del área de Cultura y no asistía a estas reuniones.

El 6 de julio de 2016, miembros de la UCO se personaron en el Ayuntamiento de Collado Villalba para recabar documentación sobre GCI relativa a 2015 -ese año, el responsable de Hacienda era José Ramón López, hasta el 1 de diciembre, cuando decidió renunciar a su acta y volver a su trabajo en el Ministerio de Defensa; días después, concretamente el 18 de ese mes, le relevó en el cargo María del Mar Gil, que ha permanecido en ese puesto hasta el pasado 21 de diciembre, cuando la alcaldesa, Mariola Vargas, le retiró sus competencias-.

«La alcaldesa lo sabía»

Tanto Gil como López esperan que en un mes la causa quede sobreseida. «La Guardia Civil se llevó toda la documentación que nos pidió, pero faltaban los acuerdos de Junta de Gobierno, que estaban en otro expediente y no con las facturas que se llevaron. El jueves les entregamos toda la documentación y José Ramón les explicó todo muy bien; estamos muy tranquilos y desde el PP regional nos apoyan en todo», ha subrayado Gil, quien asegura que la alcaldesa, Mariola Vargas, era conocedora en todo momento de esta investigación. «Ella lo sabe desde el momento en que José Ramón y yo recibimos la imputación y tiene toda la documentación», ha dicho en alusión a las palabras que la regidora pronunció tras el Pleno extraordinario del viernes, cuando aseguró que no conocía la causa de la imputación en una emisora de radio local después de que el concejal no adscrito Alberto Sánchez pusiera de manifiesto que la ausencia de Gil en el salón de plenos se debía a que estaba imputada en la trama del 3 por ciento.

«Nadie nos acusa de quedarnos con el 3 por ciento como se dijo. Eso es mentira, no nos están investigando por cohecho», ha querido remarcar Gil, quien ha asegurado que hasta en dos ocasiones tanto ella como José Ramón López han pedido declarar voluntariamente en un sumario que aún sigue abierto en diferentes comunidades autónomas.

Facturas

Por otro lado, María del Mar Gil también explicó al juez «una factura de 2.700 euros que se pagó sin contrato (la ley TRLCSP en el artículo 138,3 recoge que los contratos menores, de hasta 18.000 euros más IVA, pueden abonarse sin contrato previo). José Ramón pagó dos facturas y yo una, pero dentro de la ley, todas están firmadas por técnicos y avaladas por el secretario y la interventora; además, cada tres meses se mandan informes al Ministerio de Hacienda».

En 2009, el anterior gobierno socialista hizo un contrato hasta 2012 con una empresa para regularizar el catastro, pero en 2013 la Dirección General del Catastro, perteneciente al Ministerio de Hacienda, determinó hacer directamente esta regularización, «sin embargo hay pequeñas reclamaciones de vecinos que no están de acuerdo con estas regularizaciones y hay que pagarles. En cada factura va indicado el nombre del vecino y la cantidad que se le tiene que abonar, que pueden ser unos 40 euros, no hay nada más».